Tres gobernadores llevaron a AmCham un reclamo común: menos impuestos para atraer inversiones

Frigerio, Weretilneck y Cornejo coincidieron en Buenos Aires en que hace falta alivio fiscal, más incentivos y reglas estables para captar capitales en las provincias.

La discusión sobre cómo atraer inversiones tuvo este martes una escena concreta en el Summit de AmCham, donde tres gobernadores de perfiles distintos coincidieron en un reclamo central hacia adelante: bajar impuestos y sostener esquemas que vuelvan más competitivas a las provincias. En el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Rogelio Frigerio, Alberto Weretilneck y Alfredo Cornejo compartieron un panel atravesado por una misma idea de fondo: sin alivio fiscal y sin mejores condiciones para el capital privado, el desarrollo federal pierde potencia antes de empezar.

La coincidencia no pasó solo por una consigna general sobre inversiones, sino por una lectura política y económica más precisa. Los tres mandatarios defendieron la necesidad de atraer capital externo con incentivos concretos y pusieron en valor herramientas como el RIGI, al que presentaron como una pieza importante dentro del nuevo clima de negocios. El punto común fue claro: para competir por proyectos de gran escala, las provincias necesitan quitar cargas, reducir trabas y ofrecer condiciones estables en el tiempo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, llevó esa postura a un terreno más específico cuando vinculó la llegada de inversiones con cambios legislativos que, según sostuvo, devuelven atribuciones a las provincias. En ese marco afirmó: “Comparto la agenda legislativa del Gobierno de devolverle a las provincias competencias que habían perdido, como ocurre con la Ley de Glaciares, que ya se aprobó, o con la Ley de Bosques que está en camino, porque así la llegada de inversiones va a ser mucho mayor”. Su planteo conectó la discusión sobre recursos naturales con una agenda más amplia de autonomía provincial para negociar desarrollo.

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Weretilneck también se apoyó en la experiencia reciente de su provincia para mostrar resultados concretos. Recordó que Río Negro fue la primera en adherir al RIGI desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia y sostuvo: “La primera decisión de la provincia a partir de que asumió el presidente Javier Milei fue la adhesión al RIGI. Fuimos la primera provincia que adhirió y hoy tenemos inversiones por 18.300 millones de dólares”. La mención no fue solo numérica: apuntó a mostrar que el alineamiento con ese régimen ya tiene, según su mirada, una traducción directa en proyectos de magnitud.

En esa misma línea, el mandatario rionegrino buscó ubicar a su provincia dentro de un mapa estratégico más amplio ligado a Vaca Muerta y a la salida exportadora de hidrocarburos. Sostuvo que “Río Negro está participando del hub energético más importante de América Latina” y remarcó que ese posicionamiento se consolidó con un paquete de exenciones orientadas a zonas industriales. Allí enumeró la eliminación de tributos como Ingresos Brutos, sellos, inmobiliarios y patentes para quienes se radiquen en esos espacios, en una señal orientada a mostrar ventajas comparativas frente a otras jurisdicciones.

Desde Mendoza, Alfredo Cornejo planteó una mirada que combinó respaldo al rumbo económico nacional con una exigencia de cambios más profundos en materia tributaria. Para el gobernador cuyano, el esfuerzo provincial por ordenar cuentas y atraer inversiones pierde eficacia si no existe una macroeconomía estable desde la Nación. Por eso afirmó: “De nada vale una buena administración fiscal provincial para atraer inversiones, si no hay una estabilidad macroeconómica, y esto es responsabilidad de la Nación, que está trabajando duro y bien para eso”.

Cornejo fue incluso más explícito al defender la orientación general de la política económica nacional. Dijo que “no hay que cambiar el rumbo nacional de la macro” y destacó como “un gran avance” la sanción de normas como las de Modernización Laboral y Inocencia Fiscal. Pero ese respaldo no implicó conformidad total con el esquema vigente, porque enseguida agregó que todavía hace falta una reforma más profunda, centrada en la eliminación de impuestos distorsivos y en una nueva discusión sobre cómo se distribuye la recaudación entre Nación y provincias.

Esa idea de rediseño fiscal también fue retomada por Frigerio, que formuló uno de los planteos más amplios del panel al reclamar un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias. El gobernador de Entre Ríos sostuvo: “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal, para eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina. Que la Nación elimine el Impuesto al Cheque y las retenciones a las exportaciones, y que las provincias hagamos lo mismo con Ingresos Brutos”. Su intervención puso en el mismo plano la presión impositiva nacional y la provincial, con un llamado a repartir el esfuerzo de alivio.

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Frigerio también buscó mostrar que esa lógica ya se está traduciendo en herramientas propias dentro de su provincia. Destacó la creación de una Agencia de Desarrollo pensada para agilizar la gestión estatal y evitar que el gobierno se convierta en un obstáculo para el sector privado. Además, subrayó que Entre Ríos cuenta con un régimen propio, el RINI, y explicó que gracias a ese esquema “no se cobran impuestos por 15 años a todas las nuevas inversiones que llegan”. Su mensaje apuntó a presentar a la provincia como un territorio que intenta competir no solo con discurso, sino con incentivos específicos.

En el caso mendocino, Cornejo también volvió sobre la idea de que el atractivo para invertir depende de una combinación entre disciplina fiscal y infraestructura suficiente. Aseguró que “Mendoza ha hecho su tarea en el Estado, y ha reducido su gasto público en la última década sustantivamente”, con el objetivo de bajar la carga provincial sobre el sector privado. Y añadió otro dato con tono político: “Es la única provincia que no ha entrado en default en la historia del país”, antes de advertir que sin obras no hay crecimiento posible.

Lo que dejó el paso de los tres gobernadores por AmCham fue, en definitiva, una convergencia fuerte en torno a una agenda proinversión con acento fiscal. Cada uno llevó matices propios, intereses provinciales distintos y herramientas locales específicas, pero todos insistieron en que el problema no es solo captar capitales, sino hacerlo con una estructura impositiva menos pesada y con reglas que no desalienten la llegada de proyectos. En ese panel, el mensaje fue bastante nítido: para las provincias que quieren crecer, la pelea ya no pasa solamente por conseguir inversiones, sino por convencer de que pueden ofrecer un lugar más liviano, más estable y más competitivo para que se queden.