Eduardo Menem deberá cobrar cerca de 1.500 millones de pesos del Estado por jubilaciones de la ANSES

Eduardo Menem sumará a su historia política un capítulo que no se juega en el Senado ni en una interna partidaria, sino en la liquidación de una jubilación especial que se calcula en cifras millonarias.

El exsenador riojano, que ocupó una banca durante más de dos décadas, obtuvo un fallo firme que ordena a la ANSES pagarle un haber equiparado al salario de un senador en actividad, más retroactivos desde 2020, con un monto mensual estimado que ronda los 41 millones de pesos. La decisión judicial se vuelve todavía más visible porque llega en pleno ajuste sobre el sistema previsional general y con varios integrantes de la familia Menem ocupando espacios clave en el poder nacional.

El caso no es nuevo en los tribunales, pero recién tomó otra dimensión cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de la ANSES y dejó en pie la sentencia que reconoce el reclamo del exlegislador. La causa, conocida en el fuero previsional como juicio por reajustes de haberes, determinó que Menem tiene derecho a una jubilación extraordinaria equivalente al 85% móvil de lo que cobra un senador en funciones, mecanismo que multiplica el impacto de cada aumento sobre su haber. En el expediente figura una estimación presentada por el propio beneficiario, que en 2023 calculaba la deuda en poco menos de 41 millones de pesos, cifra que, al actualizarse, se proyecta hoy en niveles astronómicos.

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Aunque el número final dependerá de la liquidación técnica de la ANSES, fuentes previsionales y especialistas consultados coinciden en que el monto acumulado por retroactivos desde 2020, sumado al haber mensual actualizado, supera con holgura los 1.500 millones de pesos. No se trata solo de un dato contable: en un escenario donde la mayoría de los jubilados discute aumentos que no le ganan a la inflación, un beneficio construido sobre el salario de un senador activo expone con crudeza la distancia entre los regímenes de privilegio y el resto del sistema. La etiqueta de “jubilación de privilegio” vuelve a instalarse, esta vez asociada al apellido Menem y bajo un gobierno que hizo de la pelea contra la casta su bandera principal.

La particularidad del caso es que el fallo llega en un momento de máxima gravitación del clan riojano dentro de la estructura de poder. Martín Menem, uno de los hijos del exsenador, preside la Cámara de Diputados desde diciembre de 2023 y se ubica tercero en la línea de sucesión presidencial, como principal enlace político entre la Casa Rosada y el Congreso. Desde ese lugar, se convirtió en una figura central del oficialismo libertario y en un actor clave en la negociación de leyes, designaciones y acuerdos legislativos, al mismo tiempo que su padre consolida un beneficio previsional excepcional.

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En paralelo, el entramado familiar se extiende hacia la misma Casa Rosada. Eduardo “Lule” Menem, sobrino del exsenador, ocupa un rol de operador político dentro de la Secretaría General de la Presidencia, muy cerca de Karina Milei, donde se lo describe como uno de los principales armadores del dispositivo oficialista. Desde allí se mueve entre despachos, armados territoriales y vínculos con dirigentes del interior, consolidando el poder del apellido en los pasillos del Ejecutivo. La coexistencia de ese poder político con un fallo previsional multimillonario profundiza la mirada crítica sobre la relación entre vínculos personales y beneficios del Estado.

La red se completa con otros integrantes de la familia que encontraron lugar dentro del esquema institucional. Federico Sharif Menem, sobrino nieto de Eduardo, trabaja en la Cámara de Diputados en la estructura de la presidencia que encabeza su tío Martín, con funciones ligadas a la Secretaría Privada. En el Congreso también aparece el nombre de Carola Menem, vinculada a tareas de asesoría en el Senado. En todos los casos, se trata de cargos formales dentro del Estado, pero leídos en conjunto refuerzan la idea de una presencia capilar del clan en distintos niveles de poder nacional.

En La Rioja, tierra de origen del menemismo, la presencia de parientes en lugares estratégicos de la administración provincial sigue vigente. Jorge Menem integra el Tribunal de Cuentas, un organismo clave en el control del uso de los recursos públicos, mientras que Alfredo Menem ocupa el Ministerio de Desarrollo Social, área sensible en cualquier gestión, más aún en tiempos de recorte y conflictividad social. Este mapa provincial muestra que la capacidad de decisión del apellido abarca tanto la política doméstica riojana como el diagrama de poder de la Nación.

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El fallo que reconoce la jubilación extraordinaria a Eduardo Menem se inserta así en un contexto donde su familia tiene injerencia en decisiones legislativas, administrativas y territoriales. La combinación de esas dos capas —un beneficio previsional excepcional y un entramado de cargos decisivos— abre un debate implícito sobre la coherencia entre el discurso oficial contra los privilegios y las prácticas concretas de gestión del poder. El expediente previsional deja de ser un asunto estrictamente técnico para convertirse en un símbolo de cómo ciertas trayectorias políticas siguen obteniendo ventajas aun cuando el Estado pide sacrificios a la mayoría.

Al interior del oficialismo, el caso obliga a calibrar discursos y silencios. Mientras el gobierno insiste en justificar recortes en prestaciones sociales y restricciones en el gasto público, debe convivir con decisiones judiciales que, apoyadas en leyes vigentes y regímenes especiales, consagran beneficios imposibles de imaginar para un jubilado promedio. Ninguna de esas normas fue diseñada por la actual administración, pero el impacto político recae de lleno sobre un elenco que hizo campaña contra la “casta” y que ahora convive con una jubilación extraordinaria que se construye desde las cúpulas del poder estatal.