
El aniversario de la fiesta de Costa Salguero vuelve a mostrar una herida abierta: hubo cinco muertos en 2016 y la causa todavía no llegó a debate.

Cinco jóvenes murieron, pasaron diez años y el juicio oral todavía no empezó. Ese dato, por sí solo, vuelve a poner a Time Warp en un lugar incómodo de la memoria reciente argentina: el de una tragedia masiva con consecuencias devastadoras y una respuesta judicial que sigue sin fecha concreta. A una década de aquella madrugada en Costa Salguero, el expediente continúa abierto, pero empantanado antes del debate.
La noche del 15 de abril de 2016 y la madrugada siguiente quedaron marcadas por una escena que mezcló ambulancias, desconcierto y jóvenes trasladados de urgencia. En un momento en que el circuito de fiestas electrónicas ganaba volumen en Buenos Aires, el predio de la Costanera Norte se convirtió en el reverso brutal de ese auge. Lo que debía ser una celebración terminó con muertos, internados en terapia intensiva y un operativo sanitario que expuso el colapso de todo el entorno.


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Las irregularidades empezaron a tomar forma antes de que se conociera el saldo fatal. Distintos reportes sobre el caso señalaron espacios desbordados, presencia de dealers dentro del predio y falta de agua en los baños, una combinación que ya mostraba un escenario fuera de control. El quiebre definitivo llegó cuando varios asistentes comenzaron a desvanecerse en plena fiesta y el desborde dejó de ser una sospecha para convertirse en una emergencia.
El reparto de las muertes también mostró la dimensión del desastre. Dos de los jóvenes fallecieron dentro del boliche, otro murió en la ambulancia durante el traslado y los otros dos perdieron la vida en centros de salud porteños. Antes de que se conocieran las autopsias, el entonces titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que habían muerto de “forma fulminante” y que presentaban temperaturas corporales superiores a los 40 grados.
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Los estudios forenses terminaron de precisar lo que había ocurrido en esos cuerpos. Las necropsias establecieron edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio como causas de muerte, mientras que las pericias toxicológicas detectaron consumo de MDMA, metanfetaminas y PMMA, conocida como Superman. La causa incorporó así un cuadro donde las drogas sintéticas, el hacinamiento y la falta de agua quedaron ligados a una misma secuencia letal.
Las víctimas fueron Nicolás Becerra, de 25 años y oriundo de Córdoba; Francisco Bertotti, de 21, de Pilar; Bruno Boni, de 20, de Berazategui; Andrés Valdez, de 23, de Entre Ríos; y Martín Bazzano, de 22, uruguayo. Con el paso del tiempo, esos nombres dejaron de ser apenas una nómina de fallecidos para transformarse en el centro humano de un reclamo que sigue sin respuesta judicial definitiva. Cada aniversario devuelve esa lista al primer plano, porque el caso todavía no encontró el punto de cierre que el expediente prometía.
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El mayor peso del aniversario no está sólo en el recuerdo de aquella madrugada, sino en el estado actual de la causa. María Eugenia Capuchetti dio por concluida la investigación hace más de cuatro años y notificó a las partes para avanzar hacia el juicio oral y público con diez acusados, pero ese paso nunca terminó de concretarse. Entre oposiciones y pedidos de contrapruebas, el expediente quedó inmóvil en el tramo previo al debate.
Los nombres que deberían sentarse en ese juicio combinan actores privados y funcionarios públicos. Entre los acusados aparecen Adrián Conci, presidente de la productora organizadora, junto a Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad; también figuran Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella, todos vinculados a las áreas de fiscalización y control porteñas. Esa composición del listado explica por qué Time Warp nunca quedó reducida a una discusión sobre consumos individuales: el expediente también empuja una pregunta sobre habilitación, inspección y responsabilidad estatal.
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La causa, además, mantiene ecos que llegan hasta el presente político. En enero de 2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos en el RENAPER y designó en su lugar a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, un exfuncionario porteño mencionado en la historia judicial del caso por su paso por el área de habilitaciones de la Ciudad. Diez años después de la noche en que Time Warp se volvió sinónimo de muerte, el límite más visible sigue siendo el mismo: hay víctimas, hay acusados, pero todavía no hay juicio oral.
Fuente: NA, LA NACION, Diario El Norte.

















