¿Conducir alcoholizado debe ser un delito penal?: qué dicen las normas y proyectos vigentes

El reclamo volvió a tomar fuerza entre víctimas y en debates legislativos. Hoy, sin choque ni heridos, la conducción ebria sigue fuera del Código Penal.

Subirse a un auto con alcohol en sangre, salir a la calle y no provocar un choque todavía no alcanza en Argentina para abrir una causa penal. La conducta puede terminar en multa, retención de licencia, inhabilitación, cursos obligatorios y otras sanciones de tránsito o contravencionales, pero no en un delito autónomo dentro del Código Penal. Sobre ese vacío se apoya desde hace años una discusión que volvió a tomar cuerpo: si el riesgo que implica manejar alcoholizado ya justifica una respuesta penal antes de que haya un muerto o un herido.

El punto central del debate no pasa hoy por el alcohol cero, que ya rige en la normativa vial nacional, sino por otra pregunta más áspera y más política: por qué el sistema penal sigue esperando el daño para intervenir. El material fuente lo plantea con claridad al señalar que en Argentina no existe un “delito de conducción alcoholizada” autónomo y que el alcohol funciona, por ahora, como agravante cuando se produce un siniestro con víctimas. Esa diferencia jurídica es la que explica por qué el castigo cambia de plano según el resultado y no según el riesgo creado.

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Ahí aparece el reclamo que empujan asociaciones de víctimas, familiares y sectores que vienen cuestionando la estructura actual. Según el texto aportado, esas organizaciones sostienen que conducir alcoholizado expresa un desprecio por la vida ajena y que el derecho penal debería reflejar mejor ese riesgo ex ante, sin esperar a que la tragedia ya esté consumada. No se trata sólo de subir penas cuando hay muerte o lesiones, sino de discutir si la sola conducción ebria debe dejar de ser una falta para pasar a ser una figura penal propia.

La dificultad es que los proyectos visibles no terminaron de romper del todo esa frontera. La fuente indica que en el Congreso las iniciativas más recientes se concentraron en modificar los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, es decir, los que regulan homicidios y lesiones culposas viales, para agravar penas cuando el conductor estaba alcoholizado, se fugó o excedió gravemente las reglas de tránsito. Ese camino endurece el castigo una vez producido el daño, pero no llega todavía a consolidar con fuerza el delito autónomo de simple conducción ebria sin víctimas.

Aun así, la presión por mover ese límite existe y aparece en borradores, debates y discusiones técnicas sobre delitos viales. El material habla de intentos por incorporar delitos de peligro abstracto, es decir, figuras que sancionen la conducción con determinado nivel de alcoholemia aunque no haya accidente. Esa línea representa el giro más cercano a lo que reclaman quienes quieren penalizar el manejo alcoholizado en sí mismo, porque desplaza el foco desde el resultado dañoso hacia la conducta riesgosa.

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La diferencia entre una contravención y un delito ayuda a entender por qué ese salto todavía no se terminó de dar. En el régimen actual, la conducción ebria sin choque se ubica en el derecho de faltas o en el sistema administrativo de tránsito, con sanciones relevantes pero de menor entidad penal. El delito, en cambio, aparece cuando hay lesión o muerte, momento en que la ebriedad pasa a jugar como agravante dentro de un homicidio o unas lesiones culposas viales.

Ese esquema es el que hoy cuestionan quienes creen que el Código Penal llega tarde. Para esos sectores, la respuesta estatal sigue parada en una lógica reactiva: controlar, multar, inhabilitar y recién penalizar fuerte cuando ya hubo una víctima. Desde el otro lado, muchos penalistas advierten sobre el riesgo de “inflación penal” y sobre los problemas de proporcionalidad que traería convertir una infracción administrativa en un delito de peligro demasiado amplio, una objeción que viene trabando el avance de una figura autónoma.

La tensión, entonces, no se resume en estar a favor o en contra del alcohol cero, porque esa discusión quedó bastante atrás. El verdadero punto de choque está en decidir si manejar alcoholizado debe seguir siendo una transgresión grave dentro del derecho vial o si ya corresponde ubicarlo en el terreno penal aun sin resultado lesivo. Por eso la discusión legislativa y doctrinaria no gira alrededor de la tolerancia cero como consigna, sino del momento exacto en que el Estado decide que el riesgo dejó de ser una falta y pasó a ser delito.

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El material aportado también marca que, hasta ahora, el consenso político y técnico dominante se inclinó por dos caminos más moderados: “alcohol cero y sanciones graves en el derecho de tránsito” por un lado, y “agravantes específicos y aumento de pena en los delitos viales del Código Penal” por el otro. Esa fórmula explica el presente normativo, pero también deja expuesto lo que falta para quienes piden ir más allá. El reclamo por convertir la conducción alcoholizada en delito autónomo sigue sin una traducción firme en la ley, aunque la presión para que eso cambie ya forma parte de la agenda jurídica y vial.

El nudo de fondo permanece abierto porque la práctica cotidiana muestra una contradicción que ningún discurso logra tapar del todo. Todo el sistema admite que manejar alcoholizado implica un peligro serio, pero el Código Penal todavía no lo trata como delito independiente cuando no hubo víctimas. En esa distancia entre el riesgo reconocido y la tipificación ausente se juega hoy el corazón de la discusión.