El RIGI acumula US$ 78.000 millones, pero el derrame todavía no aparece en la economía

El régimen ya reunió proyectos aprobados, trámites y anuncios por cifras millonarias, aunque el empleo y la industria local todavía no muestran ese salto.

Los números que rodean al RIGI ya dejaron de ser una promesa menor dentro del discurso económico del Gobierno. Entre proyectos aprobados, expedientes en trámite y anuncios todavía no formalizados, el esquema suma US$ 78.000 millones vinculados sobre todo a minería y energía. La cifra impresiona por volumen, por concentración territorial y por el tipo de empresas que ya se anotaron, pero el efecto visible en la economía real todavía circula bastante más lento que el entusiasmo oficial.

La apuesta libertaria encontró en este régimen una pieza central para mostrar horizonte de dólares, exportaciones y estabilidad a mediano plazo. El Gobierno lo diseñó para grandes inversiones, con piso de US$ 200 millones, estabilidad fiscal por 30 años, beneficios aduaneros e impositivos, acceso a divisas y la posibilidad de litigar en tribunales internacionales ante cambios normativos futuros. Ese combo buscó resolver una vieja demanda de multinacionales y grupos locales que venían reclamando reglas más previsibles después de años de restricciones cambiarias, sobresaltos regulatorios e inestabilidad macroeconómica.

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La montaña de anuncios, sin embargo, convive con una realidad más terrenal. El texto fuente remarca que todavía no aparece un crecimiento verificable de la industria local ni del empleo asociado a los sectores que concentran la mayor parte de los desembolsos proyectados. Ahí se abre la discusión más áspera: el régimen ya seduce capitales y ordena expectativas, pero esa potencia todavía no baja con la misma velocidad al entramado productivo que rodea a los grandes proyectos.

El reparto de las cifras ayuda a entender esa distancia entre impacto esperado e impacto concreto. Según el relevamiento citado en la nota original, hay más de US$ 17.600 millones aprobados, cerca de US$ 46.000 millones en trámite y otros US$ 14.000 millones en carpeta, aunque sin presentación formal. Además, al menos US$ 5.600 millones se desembolsarían entre 2025 y 2028, mientras la distribución total de buena parte de las inversiones demandaría entre 15 y 20 años, un ritmo que explica por qué el efecto masivo no aparece de inmediato.

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Dentro de ese mapa, el proyecto más avanzado y de mayor escala pertenece al Gas Natural Licuado de Southern Energy, integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, con una inversión de US$ 6.878 millones. La primera etapa contempla US$ 2.800 millones hasta mediados de 2027 para instalar dos barcos en Río Negro, en una jugada que busca aprovechar la demanda global de suministro energético fuera de las zonas de guerra. En ese contexto apareció una de las definiciones más repetidas de la etapa inicial del régimen, cuando Horacio Marín insistía con que "Sin RIGI no hay GNL".

Muy cerca de ese proyecto aparece otro de los movimientos decisivos para transformar producción en divisas: el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El consorcio, formado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol, Chevron, Shell y Gas y Petróleo de Neuquén, proyecta una inversión de US$ 2.900 millones para ampliar la evacuación de crudo de la cuenca neuquina hasta la costa rionegrina y abrir más exportaciones. Su peso económico queda resumido en un dato que sobresale dentro del texto fuente: por cada día que ese oleoducto no entra en marcha, el sector resigna alrededor de US$ 45 millones en divisas.

La minería, de todos modos, es la que domina la mayor parte del volumen prometido. Allí aparecen el proyecto Rincón de Rio Tinto por US$ 2.744 millones en litio, Los Azules de McEwen Copper por US$ 2.672 millones en cobre y, por encima de todos, el megaproyecto Vicuña impulsado por BHP y Lundin Mining, que trepa a US$ 18.000 millones para cobre, oro y plata en San Juan. Las propias compañías lo presentaron como "la mayor inversión extranjera de la historia", una frase que expone la escala ambicionada y también el clima de competencia con otros países mineros de la región.

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A ese lote se suman las apuestas gigantes de Glencore con Pachón por US$ 9.500 millones en San Juan y MARA por US$ 3.800 millones en Catamarca, además de proyectos energéticos que se incorporaron cuando el régimen amplió su alcance a exploración y producción de hidrocarburos. En esa ventana entraron Pampa Energía con Rincón de Aranda por hasta US$ 4.500 millones y Tecpetrol con Los Toldos II Este por US$ 2.400 millones. Más atrás siguen otros nombres fuertes en litio, gas e infraestructura, junto con anuncios todavía no oficializados como los de Phoenix Global Resources, First Quantum y TGS.

La geografía también deja ganadores nítidos dentro de esta primera etapa. Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca aparecen como las provincias que más atraen inversiones, actividad y expectativa económica alrededor del RIGI. Esa concentración territorial explica una dinámica de crecimiento desigual: mientras algunos polos reciben capital y planificación a largo plazo, otras regiones quedan más expuestas a la pérdida de empleo y a una migración interna que el propio texto describe como un goteo persistente.

El punto más delicado del régimen ya no pasa sólo por captar dólares, sino por la forma en que esos dólares se encadenan con proveedores, servicios, trabajo local y tejido industrial. El Gobierno proyecta exportaciones mineras y energéticas por US$ 60.000 millones anuales a partir de 2030, una meta que le daría otra espalda a la economía argentina si efectivamente se concreta. Antes de esa estación, el verdadero examen quedará en otra parte: comprobar si la lluvia de anuncios logra salir del PowerPoint corporativo y empieza a tocar de verdad la estructura productiva del país.