Tierras rurales: Sturzenegger y Bullrich acuerdan cambios para facilitar inversiones extranjeras
Política23/07/2026
REDACCIÓNSturzenegger y Bullrich acordaron reformas al proyecto de tierras rurales, que habilita el debate para el 6 de agosto en el Senado.
El proyecto que elimina restricciones a la venta de tierras a extranjeros será tratado el 6 de agosto en el Senado. Esto fue confirmado este jueves por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Ambos líderes políticos llegaron a un acuerdo sobre los cambios consensuados con senadores libertarios y bancadas dialoguistas para avanzar con la iniciativa.
El consenso se alcanzó durante una reunión que el ministro Sturzenegger y la senadora Bullrich mantuvieron por la tarde en el Senado. Del encuentro también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien aportó a las discusiones. Bullrich detalló ante los periodistas acreditados que el ministro aceptó las modificaciones, permitiendo así que «el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados».
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Un punto de desacuerdo previo entre Bullrich y el ministro había sido la extensión de las potestades provinciales para autorizar ventas a inversores foráneos. La nueva versión del proyecto deja abierta la posibilidad de que las provincias dicten sus propias normas al respecto. Pese a esto, la senadora aclaró que, aunque mantienen facultades para legislar, no cree que «vayan a sacar leyes propias».
La senadora explicó a Sturzenegger que las modificaciones se orientaban a una visión federal en el uso de la tierra. Este enfoque busca incluir a las provincias en las decisiones sobre zonas fronterizas, facilitando al mismo tiempo las inversiones. Bullrich afirmó que el proyecto es «consensuado entre todos los bloques» y «no pone en peligro la soberanía».
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El proyecto establece que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional, ya que las leyes argentinas rigen para todos los propietarios, sean nacionales o extranjeros. La norma tiene como objetivo central la eliminación de las restricciones preexistentes para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras. Este punto es fundamental para el Gobierno y ha sido el eje de las discusiones recientes.
La última versión del dictamen ratifica que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites. En ejercicio de sus competencias, las provincias podrán establecer el régimen jurídico aplicable para la venta de tierras rurales a extranjeros. Esto garantiza una cuota de autonomía en una materia sensible.
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A pesar de la apertura, la legislación prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados Extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera. Sin embargo, se prevén excepciones si existe autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Esta disposición busca un equilibrio entre inversión y control estratégico.
Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta obligatoriamente en el Registro Nacional de Tierras Rurales. Asimismo, la compra de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros requerirá autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Estas medidas buscan asegurar la transparencia y el control en áreas sensibles del territorio.
Uno de los cambios significativos es la eliminación del artículo sobre el silencio administrativo, que antes consagraba la venta automática si no había pronunciamiento en seis meses. Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de aliados ya habían obligado al Gobierno a postergar el debate de la iniciativa por cuarta vez, la última el 16 de julio.
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