Pequeño J quedó a un paso de volver al país: las familias reclaman perpetua

Perú activó la extradición del principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela y la causa entra en una etapa decisiva para reconstruir la trama.

La causa por el triple crimen de Florencio Varela dejó atrás la etapa de la espera abstracta y entró en una cuenta regresiva concreta. La extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, ya fue activada por las autoridades peruanas y ahora la discusión judicial pasa por cómo, cuándo y con qué alcance llegará a la Argentina uno de los acusados más pesados del expediente. Ese giro también empujó otra vez a las familias de las víctimas al centro de la escena pública, con un reclamo que vuelve a endurecerse a medida que se acerca su arribo.

El proceso quedó formalmente en fase de ejecución y el plazo que manejan los investigadores es de 30 días para concretar el traslado. En ese lapso deberán coordinarse trámites diplomáticos, condiciones del detenido, documentación y logística con intervención de Interpol. La extradición, por eso, no es un dato aislado: es el punto que transforma a un prófugo detenido en Perú en un imputado que puede quedar frente al juez argentino que lleva la causa.

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Cuando Pequeño J llegue al país, el expediente sumará una herramienta que hasta ahora no tenía: la posibilidad de indagarlo en territorio argentino. Esa instancia quedará bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, que ya interviene en una pesquisa que dejó de mirar solamente los homicidios para seguir también las ramificaciones de una estructura criminal más amplia. La llegada del acusado, entonces, no cerrará una etapa sino que abrirá otra, probablemente más áspera que la anterior.

La imputación principal lo ubica hoy frente a cargos por triple homicidio agravado, con referencias a premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. A la vez, la investigación busca empujar el caso hacia otros delitos que aparecen cada vez con más fuerza en el expediente, entre ellos narcotráfico, posible trata y hasta maniobras de lavado. Esa ampliación modifica la lectura del caso porque corre el foco desde el hecho brutal en sí hacia la red que pudo haberlo planificado, financiado o aprovechado.

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Las víctimas fueron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas en septiembre de 2025 en un episodio de una violencia extrema que todavía sigue bajo reconstrucción judicial. Desde ese dolor, los familiares volvieron a hacer oír su reclamo apenas se conoció que la extradición había entrado en marcha. Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, lo resumió en una frase que condensó la expectativa de castigo más duro: “Perpetua para toda la vida, a todos estos”.

El valor de esta extradición también se explica por la dificultad que tuvo la investigación para llegar hasta el acusado. Los investigadores tardaron en identificarlo con precisión, siguieron durante meses una trama narco violenta y recién después de su fuga lograron capturarlo en Perú. Ese tramo previo dejó una marca en el expediente: la causa creció sobre una estructura fragmentada, brutal y con vínculos que todavía no terminaron de quedar del todo expuestos.

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La hipótesis central que hoy atraviesa el caso lo vincula con una venganza narco, una línea que empujó el expediente desde la pesquisa inicial por la desaparición de tres chicas hacia una investigación federal más compleja. En ese camino aparecieron referencias a una organización con ramificaciones transnacionales, a distintos niveles de mando y a otros actores que habrían intervenido antes y después de los crímenes. El punto más delicado de esa trama sigue pendiente de verificación judicial, y justamente por eso la indagatoria de Pequeño J carga tanto peso anticipado.

La expectativa de las querellas y de las familias no se limita a verlo sentado ante un juez. También apunta a que su llegada permita reconstruir quién ordenó, ejecutó, facilitó o encubrió un hecho que, por su ferocidad, quebró cualquier escala habitual del delito común en el conurbano. La extradición adquiere ahí otro sentido: no sirve sólo para asegurar presencia física del acusado, sino para intentar perforar el silencio que todavía rodea parte de la organización investigada.

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La cuenta regresiva ya empezó y el expediente entra en una zona donde cada paso tendrá un efecto más visible que los anteriores. El traslado desde Perú, la indagatoria en Morón y la posible ampliación de cargos marcarán el próximo tramo de una causa que todavía no dejó de crecer. Para las familias, la justicia no empieza con la extradición ni termina con ella, pero desde ahora tendrá una oportunidad concreta de acercarse a los nombres, los roles y las responsabilidades que faltan ordenar.

Fuente: NA, Infobae.