Ocaña pidió intervenir la obra social de Camioneros y denunció irregularidades en su manejo

La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud la intervención de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), al denunciar presuntas irregularidades administrativas y graves deficiencias en la prestación médica para sus afiliados. El planteo fue presentado ante el titular del organismo, Claudio Stivelman, y se apoya en lo dispuesto por el artículo 27, inciso 3°, de la ley 23.660, que habilita la intervención de obras sociales cuando existen fallas severas en su funcionamiento administrativo o prestacional.

En su presentación, Ocaña sostuvo que la obra social vinculada al sindicato de Camioneros arrastra desde hace años problemas en la administración de recursos y en la calidad de atención brindada a sus cerca de 190 mil afiliados. En ese marco, cuestionó el destino de los fondos que maneja la entidad y afirmó que no se traducen en mejores prestaciones sanitarias. Entre las expresiones más duras de su escrito, aseguró que esos recursos funcionan como “una especie de caja chica” de Hugo Moyano, aunque toda esa acusación forma parte de la denuncia presentada por la legisladora y no de una resolución oficial.

El reclamo también repasa antecedentes judiciales y administrativos. Según el texto, Ocaña recordó denuncias iniciadas en 2006 y mencionó la causa 18304/2006, tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, donde se investigó un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano. Entre ellas aparece IARAI S.A., firma que, de acuerdo con la presentación, gerenciaba la obra social bajo el nombre Conducir Salud.

La legisladora además señaló que los balances de esa sociedad mostraron un fuerte salto en facturación y ganancias luego de comenzar a administrar la obra social. De acuerdo con los datos citados en la denuncia, IARAI había registrado una pérdida de $223.640,48 en 2005, pero al año siguiente informó una ganancia de $2.000.660,31, con una facturación de $22.787.897,45. Según Ocaña, esa evolución fue uno de los elementos que alimentaron las sospechas sobre el manejo de los recursos de la entidad.

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Otro de los puntos que aparecen en la presentación refiere a una denuncia realizada en 2013 por la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la PROCELAC, en la que se habrían detectado maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y distintas firmas, entre ellas IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A.. Según el texto citado por Ocaña, esas operaciones habrían estado vinculadas a una presunta sustracción de más de $570 millones.

La denuncia también incorpora una ampliación presentada en 2018, en la que se describió un supuesto esquema mediante el cual la obra social funcionaba como prestamista o proveedora de créditos hacia empresas del mismo grupo familiar, mientras su situación económica mostraba signos de deterioro. Allí se mencionan problemas como capital de trabajo negativo, baja liquidez e indicadores patrimoniales por debajo de los valores considerados aceptables para el sector.

En la parte más reciente de su planteo, Ocaña afirmó que, pese a una mayor asistencia estatal, la situación financiera de OSCHOCA no mejoró. De acuerdo con la presentación, los subsidios del sistema de salud pasaron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016. Además, la legisladora citó una publicación periodística de abril de 2026 sobre transferencias por $900 millones en apenas 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Moyano. También sostuvo que la deuda de la obra social en las seccionales del interior rondaría los $32.400 millones y que podría trepar hasta $60.000 millones si se incorpora la provincia de Buenos Aires.

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Entre los datos contables incluidos en la denuncia, Ocaña consignó que entre 2017 y 2022 la obra social presentó indicadores negativos en capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo. Incluso señaló que el último balance mencionado registra un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y un resultado operativo de -$8.778.715, además de endeudamiento y baja liquidez. En paralelo, siempre según la presentación, la cantidad de beneficiarios cayó de 205.964 a 191.813 durante ese período.

Para fundamentar el pedido de intervención, la legisladora remarcó que las obras sociales están obligadas a destinar al menos el 80 % de sus recursos a prestaciones de salud y a administrar esos fondos bajo supervisión estatal y controles financieros. A partir de esa base legal, concluyó que existen elementos suficientes para que la Superintendencia actúe ante lo que definió como una persistente falta de administración adecuada de recursos y deficiencias en la atención sanitaria.

En el material aportado no aparece una respuesta de OSCHOCA, del Sindicato de Camioneros ni de Hugo Moyano frente a estas acusaciones.