La justicia de Madryn formaliza los cargos por las amenazas a Sastre: de qué se los acusa
Policiales20/04/2026
REDACCIÓNLa justicia de Puerto Madryn formaliza los cargos contra Héctor Ibáñez y Gastón Domecq Chantry. Se los acusa de exigir dinero para frenar supuestos problemas legales.
La Oficina Judicial de Puerto Madryn abre sus puertas este martes a las 7:30 para tratar un caso que mezcla poder policial y negocios privados en una trama de presiones. La jueza penal María Inés Bartels presidirá la audiencia donde se expondrán las maniobras que buscaron condicionar al Ejecutivo municipal mediante exigencias económicas. El escenario de la sala de tribunales será el lugar donde el intendente Gustavo Sastre sostendrá su denuncia por un intento de extorsión que sacudió la estructura política local.
Los acusados que deberán sentarse ante el estrado son el ex policía federal Héctor Manuel Ibáñez y el empresario Gastón Enrique Domecq Chantry. Ambos enfrentan cargos por haber intentado obtener un beneficio económico personal mediante la intimidación directa y el hostigamiento. La fiscalía buscará demostrar que existió un plan coordinado entre estos dos perfiles para doblegar la voluntad del jefe comunal en dos oportunidades registradas.
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La acusación indica que las exigencias no fueron aisladas y que se centraron en la entrega de divisas para evitar un perjuicio mayor. Se les reclama haber pedido "importantes sumas de dinero en moneda extranjera" bajo la amenaza de activar conflictos en el ámbito administrativo o judicial. Los imputados habrían intentado vender una falsa protección contra complicaciones que el propio intendente decidió no negociar bajo ningún concepto.
Gustavo Sastre optó por judicializar el conflicto inmediatamente después de recibir las presiones económicas para poner fin a la maniobra. Su rechazo tajante a las pretensiones de Ibáñez y Domecq Chantry es la piedra angular sobre la cual se edifica toda la investigación penal en curso. El contexto de presión que describió el denunciante será analizado punto por punto por los peritos y los funcionarios judiciales durante el inicio de la instrucción formal.
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La fiscal Ivana Berazategui y el funcionario Cristian Coto lideran el equipo acusador que solicitará la apertura de la investigación penal por coautoría. En el transcurso de la mañana, los representantes del Ministerio Público Fiscal podrían plantear medidas de seguridad para garantizar que el proceso no sea entorpecido por los sospechosos. Existe la posibilidad de que se soliciten restricciones de movimiento o prohibiciones de contacto mientras se recolectan las pruebas restantes.
La defensa de los imputados tendrá su primer espacio de réplica ante la jueza Bartels en una jornada que se prevé intensa por la investidura del denunciante. Héctor Manuel Ibáñez y Gastón Enrique Domecq Chantry cuentan con la posibilidad de declarar o guardar silencio frente a los hechos que se les atribuyen. Su situación procesal inmediata depende de la solidez de los indicios que presente la fiscalía sobre el intento de cobro ilegal.
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El hecho fue calificado provisoriamente bajo la figura de "extorsión en grado de tentativa" debido a que la maniobra no logró el objetivo económico buscado. Esta tipificación legal se aplica cuando se busca un lucro indebido mediante amenazas pero el resultado se ve frustrado por la resistencia de la víctima. En este caso, la decisión de no ceder a los pedidos de los acusados fue lo que impidió que el delito se consumara totalmente.
La jueza deberá evaluar si los elementos recolectados por Berazategui y Coto justifican avanzar hacia una etapa de recolección de pruebas mucho más profunda. La vinculación de un ex miembro de una fuerza federal le otorga al expediente un componente de peligrosidad que los investigadores no están dispuestos a minimizar. El uso de supuestos problemas judiciales como moneda de cambio es una práctica que la justicia local pretende desterrar con este fallo.
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El desenlace de la audiencia de este martes marcará el ritmo de una causa que recién comienza a desandar los pasillos de tribunales. Las próximas horas resultarán determinantes para saber si los imputados enfrentarán el proceso penal bajo algún tipo de vigilancia o medida de coerción especial. Puerto Madryn observa con atención cómo se resuelve esta pulseada entre la transparencia institucional y los aprietes de sectores con intereses privados.
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