Efectivo a cambio de revólveres: el plan de desarme civil que el Senado busca hacer ley

Quienes entreguen armas sin papeles recibirán un incentivo económico y no tendrán consecuencias legales. El proyecto oficialista simplifica además la tenencia legítima.

El usuario entrega el arma y observa, en ese mismo instante, cómo el mecanismo queda inutilizado de forma irreversible antes de pasar definitivamente al horno de alta temperatura. Esta secuencia forma parte del núcleo del sistema que busca reducir el circulante de material bélico en manos de civiles mediante la garantía del anonimato absoluto. Quienes opten por este camino recibirán un "cupón de pago canjeable por efectivo" como incentivo directo para desprenderse de pistolas, revólveres o municiones sin tener que enfrentar cargos judiciales por la posesión previa.

La intención del oficialismo es sostener este Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027 para dar margen a quienes hoy poseen material no autorizado en sus hogares. Los tenedores de armas irregulares contarán con un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC y normalizar su situación registral o directamente entregar el equipo para su destrucción. Este beneficio legal garantiza que el acto de entrega no conlleve investigaciones posteriores, permitiendo que ciudadanos con armas heredadas o halladas puedan deshacerse de ellas sin riesgos.

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El ingreso al sistema de desarme se gestiona inicialmente a través de una plataforma virtual donde se debe cargar el "número de serie" de la unidad para iniciar el proceso de validación. Este paso administrativo funciona como un filtro automático que permite a las autoridades detectar de forma remota si el material cargado cuenta con algún pedido de secuestro activo. En caso de detectarse irregularidades vinculadas a hechos delictivos, el sistema pone las piezas a disposición de la Justicia de forma inmediata para que se realicen los peritajes correspondientes.

Los usuarios que ya cuentan con sus papeles en regla encontrarán un alivio burocrático significativo con la incorporación de una declaración ágil y sencilla que podrá realizarse íntegramente por internet. El proyecto busca eliminar la duplicación de trámites presenciales para quienes mantienen su conducta registral al día y renuevan sus permisos con la antelación necesaria. Si el interesado realiza la renovación de su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, quedará eximido de acreditar nuevamente la idoneidad en el manejo.

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Este miércoles 22 de abril, el Senado activará el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales junto a la de Seguridad Interior para darle forma definitiva al dictamen. Los senadores Gonzalo Guzmán Coraita y Carolina Losada encabezarán la reunión informativa donde se espera la presencia de funcionarios clave del área de materiales controlados. La meta de La Libertad Avanza es tener el despacho firmado esta misma semana para llevar la discusión final al recinto durante la primera semana del mes de mayo.

Juan Pablo Allan, actual Director Ejecutivo del organismo que reemplazó al antiguo RENAR, será el encargado de brindar los detalles técnicos del informe frente a los legisladores de ambas comisiones. El funcionario explicará la capacidad operativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados para procesar el volumen de armamento que se espera recibir con la vigencia de los nuevos incentivos. La destrucción final se realiza bajo protocolos estrictos de fundición que aseguran que el metal resultante no pueda ser reutilizado para la fabricación clandestina de nuevas piezas.

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La normativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado aclara una distinción fundamental para el uso civil de las armas en el país. La legislación propuesta se enfoca estrictamente en la "regularización de la tenencia legítima", pero mantiene sin cambios las restricciones vigentes sobre la portación de armas en la vía pública. Esta última facultad sigue reservada de forma exclusiva para los integrantes de las fuerzas de seguridad y el personal autorizado de las agencias de seguridad privada.

El paquete de reformas fue enviado originalmente al Congreso el 15 de mayo de 2024 bajo la firma del Presidente Javier Milei y la actual jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. La iniciativa combina la necesidad de transparencia registral con una política de desarme voluntario que busca vaciar los depósitos informales que persisten en el ámbito privado. Al unificar ambos objetivos, el Gobierno pretende consolidar un control real y digitalizado que permita trazar el origen y destino de cada arma que circula en el territorio.

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El plenario del miércoles marcará el pulso de la negociación política en una Cámara alta donde los consensos son necesarios para que el proyecto se convierta finalmente en ley nacional. Los legisladores deberán definir si el esquema de incentivos económicos es lo suficientemente atractivo para motivar el desarme civil antes de que venzan las prórrogas establecidas. La expectativa oficial es que la sanción definitiva cierre un ciclo legislativo de casi un año, permitiendo que la ANMaC comience con la ejecución masiva del plan en todo el país.

Fuente: NA.