Beneficiarios deberán reempadronarse para cobrar la pensión por invalidez

Los beneficiarios tendrán 90 días para actualizar datos o perderán la prestación. El proyecto de ley permite que prepagas y obras sociales fijen sus propios pagos.

Los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral enfrentarán un plazo perentorio de 90 días hábiles para evitar la suspensión de sus cobros mensuales de manera definitiva. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Salud, exige un reempadronamiento obligatorio donde cada titular deberá acreditar nuevamente su situación médica y socioeconómica ante las autoridades nacionales. El incumplimiento de este trámite administrativo derivará en la interrupción inmediata de la prestación hasta que el interesado logre regularizar su legajo personal ante los organismos de control.

La nueva normativa establece un endurecimiento drástico en los filtros de acceso al sistema, marcando la incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y cualquier tipo de empleo registrado. Quienes figuren actualmente como trabajadores en relación de dependencia, autónomos o monotributistas quedarán excluidos automáticamente del esquema de asistencia estatal vigente. Esta decisión busca restringir el beneficio exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad económica extrema y que presenten un cuadro de invalidez total y permanente comprobable por junta médica.

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Uno de los puntos más sensibles del proyecto reside en la eliminación de los aranceles universales fijos que actualmente rigen para cada tipo de prestación por discapacidad en todo el país. Hasta el momento, la Superintendencia de Servicios de Salud funcionaba como el organismo rector que definía los precios de las prácticas atados a un nomenclador nacional único e inamovible. Con la reforma propuesta por el oficialismo, se habilita una liberalización de valores que permitiría a las obras sociales y empresas de medicina prepaga negociar o congelar los pagos a las instituciones médicas por cuenta propia.

El Poder Ejecutivo fundamenta esta reestructuración en el crecimiento exponencial del padrón, que pasó de 76 mil beneficiarios en el año 2003 a más de 1.2 millones en la actualidad. Según los considerandos de la iniciativa, este incremento de 16 veces en dos décadas no se condice con la realidad demográfica ni sanitaria del país de manera razonable o científica. Los fundamentos oficiales del proyecto sostienen que “numerosas publicaciones han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez”.

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Las auditorías realizadas por la actual administración aseguran haber detectado irregularidades graves que incluyen domicilios inexistentes y certificaciones médicas que no cumplen con los requisitos legales mínimos para el cobro. El texto del proyecto advierte que existe una “inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados; sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas -incluso judiciales-”. Estos desvíos, según la mirada del oficialismo, afectan directamente la asignación eficiente de los recursos públicos destinados originalmente a la seguridad social de los más vulnerables.

En el plano legislativo, el Senado se prepara para dar inicio al tratamiento de la ley con un oficialismo que se muestra confiado en alcanzar una mayoría cómoda para sostener el articulado. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se encargó de coordinar los primeros movimientos parlamentarios para calmar las dudas de los sectores aliados que miran con recelo el alcance social de la medida. La estrategia parlamentaria apunta a un esquema de trabajo que no apure los tiempos pero que garantice la aprobación sin modificaciones sustanciales que alteren el ahorro fiscal previsto.

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Desde el bloque de Unión por la Patria consideran que la depuración de las listas funciona apenas como una distracción para ocultar un objetivo de mayor impacto en la rentabilidad de las corporaciones privadas. Las fuentes parlamentarias consultadas tildan la maniobra de ser un “caballo de troya” que esconde un propósito “perverso” vinculado a la recomposición de caja de las empresas de medicina prepaga. El temor principal de la oposición radica en que el fin de los aranceles fijos provoque una reducción drástica en la calidad y cantidad de las coberturas vigentes para los pacientes.

El sector de discapacidad todavía arrastra las consecuencias de la parálisis sufrida el año pasado, cuando el congelamiento de las prestaciones interrumpió miles de tratamientos esenciales en clínicas y centros de día. Aquella crisis fue subsanada parcialmente por una ley de emergencia que estableció un mecanismo de indexación automática para proteger los ingresos de los prestadores de salud frente a la inflación. La propuesta actual desarticula ese blindaje legal y devuelve la potestad de fijar precios a las entidades financiadoras, lo que genera una fuerte incertidumbre sobre la continuidad de los servicios médicos básicos.

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Aunque se mantiene el monto de la prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal se concentrará en el recorte masivo de beneficiarios que no logren superar los nuevos requisitos médicos. El Gobierno apuesta a que el re-empadronamiento forzoso funcione como un primer filtro natural para detectar casos de fraude o incompatibilidades administrativas evidentes en el corto plazo. El escenario plantea una tensión creciente entre la necesidad de ajuste en las cuentas públicas y el derecho a la cobertura de salud de los sectores que dependen exclusivamente del sistema estatal.

Fuente: NA.