El Senado apuró cambios sobre armas y abrió la puerta a extender la entrega voluntaria
Actualidad22/04/2026
REDACCIÓNUn plenario de comisiones del Senado firmó dictamen para avanzar con una reforma que busca agilizar la regularización de armas de fuego y prorrogar hasta fines de 2027 el sistema de entrega voluntaria.
La discusión sobre las armas de fuego volvió a moverse en el Congreso y quedó más cerca de llegar al recinto. Este martes, las comisiones de Seguridad y de Justicia del Senado dictaminaron a favor de un proyecto que combina dos ejes sensibles para la política de seguridad: por un lado, una vía para agilizar la regularización de armas en situación irregular y, por otro, la extensión del programa de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa ya tenía media sanción de Diputados desde 2024 y ahora busca evitar que se caiga por vencimiento parlamentario.
El movimiento en la Cámara alta no fue menor porque el expediente arrastra tiempos ajustados. Si el proyecto no se convierte en ley antes de fines de febrero próximo, perderá estado parlamentario y volverá a foja cero. Por eso, el dictamen firmado en el plenario no solo ordena el debate, sino que también marca una aceleración política sobre un tema que mezcla controles estatales, trazabilidad y desarme civil.
La propuesta impulsada desde el oficialismo busca presentar dos salidas posibles frente a la tenencia de armas. Una es que quienes las poseen puedan ingresar a un régimen excepcional de regularización para quedar dentro del circuito legal. La otra es que opten por entregarlas de manera voluntaria y anónima para su destrucción, a cambio de un incentivo económico, en un esquema que distintas administraciones ya fueron prorrogando con el paso de los años.
Durante el debate expuso el director ejecutivo del organismo nacional de armas, Juan Pablo Allan, quien defendió la orientación del proyecto con un argumento centrado en la simplificación del sistema. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad”, sostuvo el funcionario. En esa línea, agregó que las directivas de gestión apuntan a “digitalizar todo” y a hacer que “estar dentro de la ley sea fácil”.
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El funcionario también aportó datos para justificar la necesidad de avanzar con el nuevo esquema. Según indicó, en dos años la cantidad de objetos registrados creció un 20%, al pasar de 300.000 a 360.000, aunque estimó que todavía existirían unos 600.000 en manos de usuarios legítimos. Con esa brecha como telón de fondo, Allan dejó una frase que resume la lógica oficial: “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”.
La defensa del proyecto también incluyó una explicación sobre las herramientas tecnológicas aplicadas al control. Allan señaló que la digitalización permitió mejorar detecciones mediante “patrones anti fraude” y describió maniobras en las que se pagaba a personas para comprar armas, registrarlas y luego derivarlas a organizaciones criminales. Según su exposición, el cruce de datos actual permite identificar más rápido esas operaciones y frenarlas antes de que sigan su curso.
En la reunión también apareció el costado político y territorial del tema. La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aprovechó el debate para mencionar la utilidad de sistemas federales de rastreo en medio de un contexto atravesado por amenazas recientes en escuelas. En ese tramo, consultó cuáles son las provincias que todavía no adhirieron al esquema de intercambio de información, y la respuesta oficial apuntó a Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja
El mensaje original que acompañó el envío del proyecto al Congreso, en mayo de 2024, también reapareció durante el tratamiento. Allí, la Casa Rosada sostuvo que una política de seguridad pública necesita garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego por su capacidad de afectar gravemente la vida y la integridad de las personas. Esa fundamentación es la que ahora busca sostener el equilibrio entre facilitar la registración legal y mantener abierta una puerta para sacar armas del circuito civil.
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El plenario estuvo encabezado por la radical Carolina Losada, titular de la comisión de Seguridad, junto al libertario Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de Justicia y Asuntos Penales. Desde el oficialismo reconocieron que el senador salteño fue quien empujó las gestiones para reunir las firmas necesarias y dejar listo el dictamen de mayoría. Con ese paso cumplido, el proyecto quedó habilitado para ser tratado en las próximas semanas en el recinto.
La discusión de fondo, sin embargo, no se agota en el trámite parlamentario. Lo que está en juego es cómo el Estado decide ordenar un universo de armas que mezcla usuarios regulares, armas sin registrar y programas de desarme voluntario. Si el Senado termina sancionando la ley, el Gobierno habrá conseguido mantener vivo un instrumento de entrega anónima y, al mismo tiempo, avanzar con una regularización más ágil en un terreno donde la seguridad, la prevención y el control estatal suelen chocar con debates políticos cada vez más sensibles.
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