La Gendarmería desmanteló una red que operaba desde Tucumán con cargamentos de droga sumergidos en combustible. Hay ocho detenidos y millones de pesos secuestrados.
Los tanques de nafta de autos particulares se convirtieron en el escondite principal de una organización criminal que transportaba clorhidrato de cocaína hacia diferentes centros urbanos del país. Para blindar estos cargamentos frente a la mirada de las autoridades, la banda utilizaba a madres con sus bebés para simular viajes familiares y desalentar las revisiones exhaustivas de los agentes en los controles de ruta. El balance final de los operativos arrojó la incautación de 34 kilos 417 gramos de la sustancia blanca, la cual viajaba sumergida directamente en el combustible de los rodados.
Los delincuentes estructuraron su logística con eje en la provincia de Tucumán, punto geográfico que funcionaba como centro de acopio y despacho de la mercadería ilegal. El flujo delictivo se iniciaba en las localidades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde los implicados adquirían tanto la droga como diversos artículos de contrabando. Desde esa zona de frontera, los vehículos partían escoltados por autos que hacían de “punteros” con el objetivo de alertar sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en el camino.
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El último avance de la investigación se concretó el pasado 11 de abril con el registro simultáneo de nueve domicilios situados en la provincia de Tucumán y en la ciudad santafesina de Rosario. Durante estas intervenciones, los gendarmes lograron la captura de un hombre que se encontraba vinculado de forma directa con la estructura de transporte. Este operativo permitió además el secuestro de documentación de identidad y vehículos que resultaban vitales para el sostenimiento de la actividad comercial ilícita de la célula.
En el interior de las viviendas allanadas, el personal de seguridad decomisó la suma de 2.161.000 pesos argentinos, una balanza de precisión y un tanque de nafta que servía como prototipo para el ocultamiento de los estupefacientes. Los uniformados también retiraron del lugar seis rodados y una serie de cédulas de identificación automotor que facilitaban el desplazamiento de los sospechosos por el territorio nacional. Los investigadores confirmaron que los integrantes de esta red son de nacionalidad boliviana y contaban con radicación fija en domicilios particulares de la capital tucumana.
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Las tareas de inteligencia demandaron un seguimiento constante durante un año y diez meses para poder conectar los diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización transnacional. En este proceso de vigilancia sigilosa, los agentes detectaron que uno de los individuos apresados cumplía el rol de “eslabón importante de la organización” en la zona norte. Los registros telefónicos permitieron establecer cómo se coordinaban los viajes con las madres y los menores para que coincidieran con los horarios de mayor tráfico en las rutas nacionales.
La Gendarmería Nacional no se limitó al hallazgo de dinero en moneda local, ya que en los registros también se incautaron 17 teléfonos celulares y una pequeña cantidad de moneda boliviana. El análisis de estos dispositivos electrónicos es ahora una prioridad para la justicia, que busca desentrañar si existen conexiones con bandas locales en la zona de Rosario. Los documentos secuestrados sugieren que la banda manejaba una contabilidad paralela donde registraban el pago a los conductores y los gastos de mantenimiento de la flota vehicular modificada.
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La secuencia de golpes contra esta red tuvo dos episodios determinantes registrados originalmente en junio de 2024 y agosto de 2025 en las provincias de Santa Fe y Salta. En aquellas oportunidades, los uniformados debieron desarmar íntegramente los depósitos de los autos para extraer los envoltorios que estaban en contacto con la nafta. La técnica de inmersión total buscaba anular el rastro de olor de la cocaína, aunque la pericia de los efectivos del Centro de Operaciones Antidrogas “Tucumán” permitió detectar las irregularidades en las soldaduras de los tanques.
Toda la instrucción judicial fue coordinada por la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, junto al Ministerio Público Fiscal y los juzgados federales que tienen jurisdicción en Salta y Santa Fe. En las tareas de campo colaboró también la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Salta”, aportando personal especializado para el ingreso en las zonas de mayor riesgo. La causa acumuló pruebas que demuestran un aceitado mecanismo de lavado de activos a través de la compra de vehículos usados y propiedades en el norte argentino.
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El hombre detenido en el último procedimiento quedó bajo custodia judicial y será indagado en las próximas horas por el juez federal interviniente en la causa. Los peritos mecánicos de la fuerza analizan ahora si el tanque de combustible secuestrado presenta un diseño estandarizado que podría estar replicándose en otros autos de la región. La justicia mantiene bajo reserva el destino final de los cargamentos, mientras intenta determinar si la organización cuenta con depósitos clandestinos todavía no identificados en el centro del país.
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