El fisco reemplaza a los bancos: las pymes se endeudan con ARCA para sobrevivir

Ante el costo prohibitivo del crédito, muchas empresas eligen no pagar impuestos para financiar su operación. El riesgo de embargos y denuncias penales se dispara.

En un escenario de fuerte presión recaudatoria, las empresas argentinas enfrentan una encrucijada financiera que pone en riesgo su continuidad operativa inmediata. La caída de los ingresos públicos a nivel nacional e interior impulsó a los organismos de control a endurecer sus métodos de cobro de manera significativa en las últimas semanas. Mariano Ghirardotti, consultor tributario y especialista en planificación fiscal, advirtió sobre la frecuencia creciente de ejecuciones judiciales contra contribuyentes que no logran cubrir sus obligaciones mensuales básicas.

El fenómeno del financiamiento fiscal se volvió una conducta recurrente entre las pequeñas y medianas empresas que no encuentran alivio en el sistema bancario tradicional. Ante la imposibilidad de acceder a préstamos con tasas razonables, los directivos de las firmas optan por retener el pago de impuestos para cubrir sueldos o la compra de insumos esenciales. "El fisco empieza a reemplazar a los bancos y lo que es un problema de crédito se vuelve un problema tributario o fiscal", explicó el profesional durante su intervención en el programa "El Quinto Poder" por #LA17.

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La causa raíz de este comportamiento reside en el costo prohibitivo del dinero dentro del circuito financiero legal, donde el Estado actúa como un socio mayoritario en las sombras de cada operación. Cuando una empresa intenta financiarse a través de un banco, debe afrontar una carga de gravámenes que incluye el IVA, Ingresos Brutos y diversas tasas municipales sobre los intereses devengados. El resultado final del análisis indica que casi un 35% de lo que paga el tomador del préstamo se destina directamente a las arcas estatales, asfixiando cualquier margen de ganancia operativa.

Endeudarse con el organismo recaudador, ahora bajo la estructura de ARCA, conlleva peligros que exceden lo estrictamente contable y se trasladan al plano de la libertad individual. Si una empresa decide financiarse con el dinero de los impuestos sin adherir formalmente a un plan de facilidades, queda expuesta a ser embargada de forma inmediata sobre sus cuentas bancarias activas. Ghirardotti remarcó que, dependiendo del tipo de declaración jurada y los montos involucrados, este camino puede derivar incluso en una denuncia penal tributaria contra los responsables de la organización.

La administración federal mantiene vigente un plan permanente de facilidades de pago, pero sus condiciones actuales resultan poco atractivas para un sector productivo que atraviesa una recesión profunda. La tasa de interés resarcitorio se sitúa hoy en torno al 33%, una cifra que si bien es inferior a las tasas de mercado, sigue castigando de forma severa la liquidez de las pymes locales. Esta situación genera que las empresas acumulen deudas que se tornan impagables con el tiempo, obligando a los directivos a dedicar gran parte de su jornada a la gestión de la morosidad administrativa.

El proceso de ejecución de estas deudas se transformó en un mecanismo sumamente veloz que no otorga tregua a los contribuyentes que quedan fuera del sistema de pagos. Existen equipos de abogados contratados específicamente por el Estado para perseguir judicialmente los saldos impagos y asegurar el cobro coactivo de los fondos mediante subastas o embargos. "Los que deban mucho; si ARCA no te pone un freno, eso va a seguir ocurriendo", detalló el especialista en #LA17 sobre la celeridad con la que actúan estos profesionales de la cobranza judicial.

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El análisis técnico de la situación revela una realidad preocupante para las empresas que, aun siendo operativamente viables, no logran cubrir sus pesadas obligaciones financieras. Muchas firmas presentan un EBITDA positivo, lo que significa que su negocio principal genera ingresos suficientes antes de enfrentar los intereses bancarios y las amortizaciones. El problema crítico surge cuando los intereses devengados por deudas con bancos o con el fisco consumen toda la utilidad neta, dejando a la organización sin capital de giro para continuar con su actividad comercial diaria.

Existe una contradicción manifiesta en el discurso político de los gobernadores que reclaman públicamente por el cierre de industrias mientras mantienen presiones tributarias récord en sus propios distritos. En diversas provincias se establecen retenciones y percepciones bancarias que resultan incompatibles con la vida de la pyme y castigan la inversión productiva de manera constante. Estas jurisdicciones gravan incluso los rendimientos de fondos comunes de inversión, impidiendo que las empresas resguarden sus excedentes de caja de la erosión que provoca la inflación sobre el capital.

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La salida de este ciclo recesivo depende de una reactivación económica que permita a las empresas normalizar su situación frente a los organismos de control estatal de forma definitiva. Mientras el crédito no baje de precio y la armonización tributaria siga siendo una materia pendiente en la agenda legislativa, la vulnerabilidad del sector privado continuará en niveles alarmantes. La única herramienta de alivio transitorio disponible hoy es la concesión de planes de facilidades con tasas más beneficiosas que impidan que más unidades productivas terminen en una instancia concursal.