El Congreso apura el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre para evitar juicios más caros

El Ejecutivo presiona al Senado para cancelar deudas con Bainbridge y Attestor. Buscan una quita del 30% antes de que venzan los acuerdos el 30 de abril.

El reloj corre para el Gobierno nacional en su intento por cerrar definitivamente un capítulo de litigios que la Argentina arrastra desde el default del 2001. La administración central necesita que el Congreso convalide el desembolso de fondos para un grupo de bonistas que quedaron fuera del canje masivo de deuda realizado hace una década. Si los legisladores no aprueban la normativa antes de que termine el mes, los preacuerdos alcanzados en Nueva York perderán toda validez legal.

Los beneficiarios de esta medida son los fondos Bainbridge Ltd. y el bloque de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP, quienes mantuvieron sus demandas judiciales firmes tras el arreglo de 2016. El monto total de la operación que se pondrá a consideración legislativa asciende a los 171 millones de dólares, una cifra que el oficialismo defiende como necesaria para limpiar el horizonte financiero del país. Esta deuda remanente forma parte de un complejo entramado de acciones legales que incluye expedientes como el de Trinity Investment DAC.

OTRAS NOTICIAS:

Detuvieron a una banda que cobraba deudas a través del secuestro de morosos

La actividad parlamentaria se concentrará el próximo miércoles a partir de las 11:00, cuando se constituya la comisión de Economía Nacional e Inversiones bajo el mando de Bartolomé Abdala. Treinta minutos más tarde, se sumará la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el porteño Agustín Monteverde, para dar inicio a un plenario conjunto que promete ser vertiginoso. El objetivo del oficialismo es firmar el dictamen ese mismo día para que el proyecto pueda ser debatido en el recinto durante la primera semana de mayo.

La urgencia del tratamiento responde a una cláusula técnica conocida como “Outside Date”, que estipula el 30 de abril de 2026 como la fecha límite para el cierre de la operación. El Ejecutivo advirtió formalmente que la falta de aprobación parlamentaria después de ese plazo “provocaría la resolución automática de las transacciones”, anulando los beneficios obtenidos en la mesa de diálogo. Esto forzaría a la Argentina a desandar el camino diplomático y retomar litigios que ya se daban por concluidos de manera preliminar.

OTRAS NOTICIAS:

Denuncian que el acusado por la muerte de su bebé vive con privilegios en domiciliaria

El riesgo mayor que señalan desde los despachos oficiales es el regreso a un escenario de litigios bajo condiciones financieras que el texto del proyecto califica como “significativamente más gravosas” para el país. De caerse los convenios, el Estado nacional debería enfrentar el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la estricta ley de Nueva York. La Casa Rosada sostiene que el costo de no pagar ahora se transformará en una carga mucho más pesada para las reservas del Banco Central en el corto plazo.

De obtenerse el aval de los senadores, el reparto de los dólares se detalla de manera precisa para cada uno de los grupos demandantes involucrados en la ley. Para el fondo Bainbridge Ltd. se destinarán 67 millones de dólares, mientras que el grupo que lidera Attestor Value Master Fund LP percibirá 104 millones de dólares. El pago se realizará de forma simultánea a la acreditación de los bonos para su inmediata cancelación y extinción, evitando que queden reclamos pendientes en el mercado.

OTRAS NOTICIAS:

Chubut cerró los Juegos Patagónicos con títulos, podios y marcas que abren otra etapa

Uno de los argumentos centrales que el oficialismo llevará al plenario es que el entendimiento contempla una “quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” de la deuda original. Esta reducción estratégica permite al Estado nacional “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial” convencional en los tribunales norteamericanos. Para el equipo económico, esperar un fallo final del juez en Manhattan representaría un perjuicio mayor dadas las tasas de interés acumuladas.

La ratificación de los Acuerdos de Conciliación no solo busca resolver el aspecto monetario, sino que apunta a despejar las trabas operativas que sufre el país a nivel internacional. El Gobierno subraya en los fundamentos del proyecto que con este paso “terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos” que hoy limitan el margen de maniobra del Estado en el exterior. Es una apuesta por normalizar definitivamente las relaciones con el mercado financiero global después de un cuarto de siglo de idas y vueltas judiciales.

OTRAS NOTICIAS:

El nexo entre los lingotes de oro de una costurera y el sponsor principal de la AFA

Pese a la confianza que muestra el entorno de los presidentes de las comisiones, el resultado final del debate todavía es incierto por la configuración política actual de la Cámara Alta. Si el dictamen no se firma con la celeridad que exige la fecha límite del 30 de abril, la Argentina entrará en mayo bajo el riesgo de perder el beneficio de la quita obtenida. La fragilidad de los tiempos legislativos choca contra la rigidez de un calendario financiero que no admite prórrogas unilaterales por parte del deudor.

Fuente: NA.