Concejales acusan al intendente de Epuyén por beneficios a un comerciante

Un dictamen mayoritario detectó irregularidades en habilitaciones, acuerdos sin aval del Concejo y ausencia de datos sobre fondos de la emergencia ígnea.

Un informe interno del Concejo Deliberante de Epuyén puso en cuestión decisiones centrales de la gestión municipal y derivó en una acusación formal contra el intendente José Contreras. El documento describe un conjunto de prácticas que, según los concejales firmantes, comprometen la legalidad administrativa y el control institucional. La definición abre una instancia política que tendrá su punto crítico en una sesión especial.

El dictamen fue elaborado por la Comisión Investigadora y aprobado por mayoría, lo que habilita su elevación al cuerpo legislativo para su tratamiento. También fue remitido al jefe comunal, quien deberá presentar su descargo frente a las observaciones. La discusión se trasladará al recinto el próximo 29 de abril, donde se definirá cómo continúa el proceso.

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Uno de los aspectos señalados refiere a la habilitación del edificio municipal Centro de Visitantes Puerto Bonito a favor de la Asociación Civil Antú Quillén. Según el informe, se otorgaron permisos provisorios consecutivos que extendieron el funcionamiento sin que se cumplieran las condiciones exigidas inicialmente. Esa decisión fue considerada contradictoria con los requisitos previos establecidos por el propio Ejecutivo.

El documento advierte que la continuidad de esas habilitaciones careció de respaldo jurídico suficiente para justificar la excepción. “El reproche institucional se asienta en la falta de respaldo jurídico suficiente para levantar o morigerar una restricción previa que vinculaba al propio Ejecutivo”, señala el dictamen al analizar ese punto. La observación apunta a la forma en que se gestionaron las autorizaciones.

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Otra línea de cuestionamiento se centra en un acuerdo extrajudicial con el comerciante Lautaro Márquez, que derivó en beneficios excepcionales. El local presentaba incumplimientos que impedían renovar su habilitación, pero tras el conflicto se habría dispuesto suspender controles y obligaciones. Esa decisión generó objeciones por el impacto sobre el régimen de inspecciones.

La exdirectora de Inspecciones, Melina Bellizio, aportó información sobre ese episodio al describir las indicaciones recibidas. Según su testimonio, se le comunicó que no debía realizar inspecciones durante dos años y que el comerciante no debía pagar tasas ni renovar su habilitación en ese período. Ese planteo fue incorporado como elemento central en el análisis de la Comisión.

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El dictamen profundiza la crítica sobre ese acuerdo y su alcance institucional. “Este segundo hecho no debe ser reducido a un mero debate acerca de la conveniencia económica o jurídica de una transacción, sino apreciado en toda su dimensión institucional: aparece comprometida la eventual disposición de recursos públicos y el otorgamiento de beneficios con incidencia directa sobre potestades de inspección y habilitación, sin que se acredite la intervención del Concejo respecto de decisiones de esa magnitud”, sostiene el texto.

En ese marco, los concejales también consideraron que la exención de tasas comerciales hasta diciembre de 2027 constituyó una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo. Según el informe, ese tipo de decisiones corresponde al ámbito del Concejo y no puede ser adoptado de manera unilateral. La medida fue señalada como un precedente que afecta el equilibrio de poderes locales.

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El análisis incluye además el manejo de recursos durante la Emergencia Ígnea 2025, donde se detectaron inconsistencias en la documentación disponible. La Comisión describió dificultades para reconstruir el circuito administrativo vinculado a la asignación de fondos y asistencia. Esa falta de claridad impidió verificar el destino de los recursos públicos.

“Un cuadro reiterado de falta de integración documental, respuestas parciales, dispersión de antecedentes y ausencia de expedientes completos que permitan reconstruir, de modo claro, el iter administrativo”, detalla el dictamen al referirse a ese aspecto. La observación se vincula con pedidos de informes que no fueron respondidos de manera completa.

El informe concluye que existe un patrón de incumplimiento en la obligación de informar y documentar decisiones relevantes. “Tales extremos presentan entidad bastante para configurar, en principio, posibles transgresiones graves a los deberes institucionales y funcionales del cargo”, afirma el texto en su tramo final. Esa caracterización sostiene la acusación que ahora deberá ser tratada políticamente en el Concejo.