
Luego de 16 años, fijan el juicio contra un representante de modelos por trata de personas y prostitución vip
Policiales26/04/2026
REDACCIÓNEl representante de modelos y sus hermanos se sentarán en el banquillo de los acusados después de dieciséis años de investigación. Llegan al proceso en libertad.

El próximo 26 de octubre, a las 10 de la mañana, los pasillos de Comodoro Py volverán a recibir a una de las figuras más mediáticas de la última década bajo una acusación penal pesada. El Tribunal Oral Federal N° 1 determinó que esa es la fecha para dar inicio al juicio oral contra el representante de modelos Leandro Santos. Después de 16 años de idas y vueltas judiciales, el proceso busca determinar su responsabilidad definitiva en una red transnacional dedicada a la trata de personas.
Los jueces José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico estarán al frente de un debate que llega con una carga de testigos mermada por el paso del tiempo. Se estima que la organización delictiva funcionó con aceitada precisión entre los años 2009 y 2015, utilizando agencias de modelos como una pantalla legal de prestigio. En el banquillo de los acusados no estará solo el dueño de la agencia, sino también sus hermanos Rodrigo y Micaela, junto al colaborador Luis Zanardi.
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Uno de los desafíos más complejos para la fiscalía liderada por Miguel Osorio será reconstruir los testimonios de las mujeres que denunciaron la explotación en su momento. La justicia detectó que muchas de las víctimas fueron blanco de “amenazas coactivas agravadas” por parte de un representante vinculado directamente al entorno de los imputados. Este hostigamiento sistemático provocó que varias testigos ya no estén localizables para las autoridades o se encuentren seriamente afectadas por episodios traumáticos que dificultan su presentación.
Mientras que en Argentina el proceso se dilató por casi dos décadas, la justicia uruguaya actuó con una celeridad que dejó en evidencia los tiempos locales de instrucción. En el país vecino ya existen condenas firmes contra José Miguel Acosta y Roberto Rodríguez Delgado, identificados como socios directos de Santos en la denominada “Operación Blanca”. A pesar de que Uruguay solicitó la extradición del representante argentino en 2017 para juzgarlo allá, la Corte Suprema de Justicia nacional rechazó el pedido permitiendo que el acusado sea sometido a juicio en territorio argentino.
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El esquema de captación funcionaba bajo el manto de la ilusión y las luces de los sets de televisión con mayor rating histórico de la pantalla abierta. Según la investigación, las mujeres eran reclutadas con la promesa de desfiles exclusivos y campañas publicitarias de alto nivel en destinos como Punta del Este y Montevideo. Sin embargo, una vez captadas y trasladadas, les notificaban que debían tener relaciones sexuales con empresarios y deportistas como un “precio de la fama” obligatorio para progresar en sus carreras.
La resolución de la Corte Suprema que analizó el caso detalló que la maniobra incluía fases de reclutamiento, transporte y acogida en ambas márgenes del Río de la Plata. La actividad delictiva consistía en la captación de jóvenes bajo el pretexto de obtener “el éxito profesional como modelo” mediante la explotación sexual de su vulnerabilidad. Las víctimas recibían pagos cercanos a los mil dólares por encuentro, mientras que la organización de Santos se quedaba con una tajada significativamente mayor de la tarifa pactada.
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El delito que se juzgará está tipificado en el artículo 145 del Código Penal, que prevé penas de prisión de entre tres y seis años para quienes trasladen personas con fines de explotación. No obstante, en este caso particular, la escala penal podría elevarse y alcanzar un máximo de 10 años de cárcel efectiva. Esto se debe a que la acusación fiscal contempla el agravante de la “pluralidad de víctimas” y la existencia de una estructura delictiva organizada por tres o más personas.
A pesar de la gravedad de los cargos y de haber pasado un breve periodo detenido en 2017 por orden de Interpol, Leandro Santos llegará al juicio en libertad. Lo mismo ocurre con sus tres familiares y colaboradores procesados, quienes se encuentran actualmente sin prisión preventiva pero bajo la estricta mirada de los jueces del tribunal. La defensa intentó en reiteradas ocasiones solicitar la prescripción de la causa alegando el excesivo paso de los años desde la radicación de la primera denuncia penal.
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La demora de 16 años para llegar a la instancia de debate oral abre un interrogante sobre la efectividad de una eventual condena sin el respaldo presencial de las damnificadas. El daño psicológico denunciado por las mujeres y el miedo persistente a las represalias operan como un factor que podría debilitar seriamente la prueba testimonial en las audiencias de octubre. Comodoro Py será el escenario final donde se definirá si el entramado de Latin American Models fue, efectivamente, una fachada para el comercio sexual de alto nivel.
Fuente: LA NACION.
















