La propuesta apunta a reducir la informalidad en el mercado semillero mediante cruces de datos, análisis varietales y fiscalización en los primeros puntos de entrega del grano.
El primer punto de entrega del grano aparece como el nuevo lugar elegido por el Gobierno nacional para reforzar la fiscalización del mercado de semillas. Acopios, plantas de procesamiento y puertos quedarían bajo un esquema de control pensado para detectar irregularidades antes de que la cosecha avance hacia la exportación o el procesamiento masivo.
La propuesta fue presentada ante entidades agropecuarias y semilleras por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director del INASE, Martín Famulari. El objetivo oficial es mejorar la aplicación de la ley vigente y reducir la informalidad en un segmento considerado sensible para la innovación productiva.
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El diagnóstico del Ejecutivo apunta al daño económico que produce el circuito informal. Desde el Gobierno señalaron que “en la actualidad, el mercado informal de semillas genera una pérdida sostenida de inversión en mejoramiento genético y desalienta el desarrollo de nuevas variedades”. Esa definición ubica el problema no solo en la comercialización, sino también en la capacidad futura del sector para incorporar tecnología.
La iniciativa no plantea partir de cero, sino hacer operativo un marco legal que ya existe. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que “si bien la Ley 20.247 y su Decreto Reglamentario 2183/91 ya reconocen estos derechos, no existe un mecanismo operativo moderno que permita verificar su cumplimiento a lo largo del circuito comercial del grano”. La propuesta busca cubrir esa brecha con controles ubicados donde se concentra físicamente la producción.
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El esquema prevé aprovechar la infraestructura del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para cruzar datos fiscales y fortalecer la trazabilidad. Según la presentación oficial, esa herramienta “permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”. De esa forma, el monitoreo combinaría información tributaria, circulación de granos y verificación técnica de variedades.
Otro punto relevante es el destino de los análisis varietales. Los resultados llegarían directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrían iniciar denuncias ante el INASE si detectan incumplimientos. Ese mecanismo coloca a los obtentores en una posición activa dentro del proceso de fiscalización.
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El proyecto también incorpora una modalidad de articulación público-privada. La propuesta contempla que el INASE delegue parte de la capacidad técnica en Cámaras Arbitrales y entidades habilitadas para tomar y analizar muestras. Con ese diseño, el Gobierno busca utilizar infraestructura ya disponible en el sector y ampliar la capacidad de control sin concentrar todas las tareas en el organismo estatal.
La administración de Javier Milei presentó la medida como un intento de balance entre inversión tecnológica y derechos productivos. Según el Ejecutivo, “la iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”. Esa frase resume el núcleo político y técnico de la propuesta.
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Del encuentro participaron representantes de Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, CRA, ASA, CREA y AAPRESID, lo que muestra el alcance sectorial de la discusión. Por parte del Ejecutivo también estuvieron el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández, y el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe.
La propuesta queda ahora instalada como una modificación operativa sobre el modo en que se controla el circuito comercial del grano. Su aplicación dependerá de la coordinación entre organismos públicos, titulares de variedades, cámaras técnicas y actores privados que intervienen en la cadena. El límite inmediato será convertir el diseño anunciado en un sistema capaz de fiscalizar sin frenar la circulación habitual de la producción.
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