La Justicia obliga al Gobierno a pagar en mayo a beneficiarios del ex Potenciar Trabajo
Política29/04/2026
REDACCIÓNCapital Humano apeló la cautelar, pero igual liquidará en mayo el Programa Volver al Trabajo para más de un millón de titulares.
Más de un millón de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo cobrarán en mayo una asistencia que el Gobierno buscaba reformular dentro de su nuevo esquema social. La administración nacional deberá liquidar $72.384.624.000 por el Programa Volver al Trabajo, luego de una orden judicial que obliga a sostener las transferencias mientras se resuelve el litigio de fondo. El Ministerio de Capital Humano apeló la medida, pero dispuso el pago para cumplir con la cautelar vigente.
La decisión judicial fue dictada el 21 de abril de 2026 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en el expediente colectivo “Ledesma, Andrea Liliana y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano s/ amparo colectivo”. La resolución instruyó a la cartera que conduce Sandra Pettovello a mantener activas las transferencias económicas hasta que exista una sentencia definitiva. Ese punto coloca al Gobierno ante una doble estrategia: pagar por orden judicial y, al mismo tiempo, intentar revertir la cautelar.
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El impacto presupuestario queda concentrado en una cifra de alto peso para la política social. La liquidación se realizará mediante el Banco de la Nación Argentina y alcanzará a los titulares derivados del programa anterior. Según la información administrativa, 1.012.357 personas pasaron al Programa Volver al Trabajo, mientras que otras 260.911 fueron transferidas al Programa de Acompañamiento Social.
La ayuda individual del Programa Volver al Trabajo se ubica en $78.000 mensuales, dentro de un esquema que proviene de la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo. Para el Gobierno, esa continuidad implica sostener transferencias directas en lugar de redirigir esos fondos hacia otros instrumentos. Para los beneficiarios, en cambio, la cautelar garantiza que el ingreso no se interrumpa mientras avanza la discusión judicial.
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La cartera de Capital Humano dejó asentado que cumplirá la manda judicial sin resignar su posición frente al fallo. Fuentes oficiales señalaron: “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”. Esa frase resume la conducta inmediata del Ejecutivo, que acepta ejecutar el pago, pero mantiene activa la apelación contra la medida cautelar.
El conflicto nació con la transformación de los programas de asistencia social impulsada por el Gobierno nacional. El Programa Volver al Trabajo se creó en febrero de 2024 como parte del reemplazo del esquema anterior, con el objetivo oficial de fortalecer capacitación e inserción laboral formal. La cautelar interrumpió ese rediseño y mantuvo vigente la transferencia directa a los beneficiarios alcanzados por el expediente.
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Desde el Gobierno sostienen que el fallo impide aplicar políticas que consideraban centrales para modificar el sistema de asistencia. En la lectura oficial, los fondos no podrán orientarse por ahora a vouchers de capacitación laboral ni a la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables. La administración nacional interpreta que la orden judicial limita su margen para reasignar partidas presupuestarias hacia formación y educación.
La crítica política de Capital Humano fue contundente frente al alcance de la cautelar. Funcionarios del área definieron la situación como “la perpetuidad del asistencialismo”, en referencia a la obligación de mantener un modelo de transferencia monetaria directa. También señalaron que la continuidad de estos programas “cristaliza la pobreza”, porque, según esa mirada, impide avanzar hacia mecanismos estructurales de intervención social.
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La posición oficial también quedó plasmada en la resolución administrativa que autoriza la liquidación de mayo. En ese documento se indicó: “Sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes por parte de esta Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista en el Programa Volver al Trabajo (VAT), y sin que ello comporte una modificación del marco normativo vigente”. La frase busca separar el cumplimiento operativo del fallo de una aceptación política del criterio judicial.
Las organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular impulsaron el amparo que derivó en la cautelar. Ese planteo frenó, al menos de manera provisoria, la modificación del destino de los recursos. Para el Ejecutivo, la indefinición judicial genera incertidumbre y posterga la aplicación de un nuevo modelo de política social.
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