Menores explotados en un taller textil dentro de una casa usurpada en Parque Chas

Policiales29/04/2026

El operativo detectó trabajo infantil, viviendas precarias y una orden judicial contra un ciudadano boliviano con residencia cancelada desde 2022.

Diecisiete menores fueron encontrados dentro de una vivienda de Parque Chas donde funcionaba un taller textil clandestino. El procedimiento terminó con la clausura del lugar, la intervención de organismos de protección de derechos y la detención de un ciudadano boliviano que tenía una orden judicial vigente. La casa, ubicada en Barzana 1236, estaba usurpada desde hacía más de 15 años, según informaron fuentes oficiales.

El caso quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, luego de que se constatara que el inmueble ya tenía una clausura por riesgo edilicio dispuesta por la Agencia Gubernamental de Control. La medida judicial permitió ingresar al PH, situado a una cuadra y media de la avenida De los Constituyentes. De acuerdo con la información difundida, las personas que ocupaban el lugar se negaron a abrir y el personal interviniente debió entrar por la fuerza.

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La inspección reveló una doble situación de irregularidad dentro del mismo inmueble. En la planta baja funcionaba un taller textil clandestino, mientras que en la terraza se habían levantado viviendas precarias sin permiso de obra. Esa combinación expuso condiciones de riesgo para quienes habitaban el lugar y para quienes eran utilizados en la actividad laboral detectada.

La intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permitió establecer la presencia de 17 menores en el interior del domicilio. Según la información oficial, esos chicos eran explotados dentro del ámbito donde funcionaba el taller. La constatación abrió una línea de actuación específica, porque el caso no se limitó a una infracción edilicia o laboral, sino que involucró derechos vulnerados de niños y adolescentes.

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El operativo también derivó en la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones. El organismo verificó que en el inmueble vivía un ciudadano boliviano con residencia cancelada desde fines de 2022. Además, sobre esa persona pesaba una orden de detención solicitada por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Lara Correa.

Tras esa constatación, el hombre fue detenido y, según la información oficial, será expulsado del país. La situación migratoria se sumó al expediente abierto por las condiciones del taller, la ocupación del inmueble y la presencia de menores. El procedimiento reunió así distintas dimensiones judiciales y administrativas dentro de una misma intervención.

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La casa inspeccionada llevaba más de una década y media ocupada, según indicaron las fuentes del caso. En ese tiempo, el inmueble acumuló construcciones precarias, una clausura por riesgo edilicio y una actividad textil sin habilitación. El ingreso forzado permitió comprobar el estado del lugar y documentar las condiciones en las que funcionaba el taller.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó el procedimiento con una problemática más amplia asociada a viviendas ocupadas y actividades ilegales. “En torno a una vivienda ocupada ocurren muchas cosas malas. Hay narcomenudeo, mucho delito que se oculta. Lo que arranca mal termina peor. Está el que sale y roba, o aprieta como trapito; hay derechos de niños vulnerados, hay trata. Y hay gente buena que paga un alquiler de buena fe por un lugar invivible. Si alguien cree que eso es libertad, no entendió nada”, expresó.

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La frase del mandatario porteño ubicó el caso dentro de una discusión sobre control urbano, explotación laboral y vulneración de derechos. Sin embargo, el dato más grave del operativo quedó concentrado en la presencia de menores dentro de un taller clandestino. Esa situación obliga a determinar responsabilidades sobre la actividad textil, las condiciones de alojamiento y el rol de los adultos presentes en el inmueble.

La clausura del PH dejó abierto el avance de las actuaciones judiciales y administrativas. Ahora deberán profundizarse las medidas sobre el taller, la situación de los menores y la ocupación del inmueble. El límite pendiente estará en establecer quiénes organizaban la actividad clandestina, quiénes se beneficiaban económicamente y cómo se garantizará la protección de los chicos encontrados en el lugar.