Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros y ordenó dictar un nuevo fallo

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el procesamiento del ex presidente en la investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros estatales. La decisión no cierra el expediente, pero sí reabre su situación procesal.

La situación judicial de Alberto Fernández dio un giro importante este miércoles después de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara su procesamiento en la causa Seguros y ordenara dictar una nueva resolución. La decisión fue tomada por mayoría en la Sala IV, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, y dejó sin efecto una de las medidas más pesadas que pesaban sobre el ex mandatario en uno de los expedientes más sensibles abiertos tras el final de su gestión.

El fallo no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación, pero sí modifica de manera fuerte el escenario judicial de Fernández. Hasta ahora, el ex presidente estaba procesado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en el marco de una pesquisa que apunta a presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado. Con esta resolución, ese procesamiento quedó anulado y el caso deberá volver a evaluarse.

La clave de la decisión estuvo en un punto procesal que la defensa venía señalando y que terminó encontrando respaldo en la mayoría del tribunal. Los camaristas entendieron que hubo una afectación al principio acusatorio y al debido proceso, ya que en la instancia anterior no existía controversia entre la defensa del ex presidente y el fiscal que intervenía ante la Cámara Federal porteña. Ambos habían coincidido en que el procesamiento debía ser revocado y que correspondía dictar la falta de mérito mientras se profundizaba la investigación.

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Ese dato fue central para el voto de Borinsky, al que luego adhirió Carbajo. El juez remarcó que “no existió controversia entre las partes” respecto del temperamento a adoptar sobre la situación procesal de Fernández. A partir de ese razonamiento, la mayoría concluyó que la Cámara Federal se apartó de una postura coincidente entre fiscalía y defensa y confirmó un procesamiento que, según ese criterio, no podía sostenerse de la manera en que fue resuelto.

La resolución de Casación también dejó sin efecto el embargo de bienes por $14.634.220.283,68, una cifra que mostraba el peso económico y político del expediente. Esa anulación forma parte de la misma lógica: si el procesamiento queda invalidado, también caen las medidas accesorias que habían sido dictadas en esa etapa. El golpe judicial, por lo tanto, no fue menor y reordena el caso en un momento en que la defensa del ex presidente ya había empezado a impulsar nuevas medidas para reforzar su posición.

No todos en el tribunal compartieron esa mirada. El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía ser declarado inadmisible, con lo cual el procesamiento debía quedar firme. Para Hornos, no se trataba de una sentencia definitiva y, además, el planteo de la defensa no alcanzaba para justificar la anulación. En ese sentido, puso el foco en el dictamen del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, quien se pronunció por rechazar el planteo del ex presidente.

En su voto, Hornos sostuvo que el procesamiento sin prisión preventiva estaba “suficientemente fundado en derecho y en las constancias de la causa”. También remarcó que la decisión anterior se apoyaba en la existencia, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, de un supuesto esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros estatales. Esa visión mantuvo viva la hipótesis central del caso, aunque quedó en minoría dentro del tribunal.

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La causa investiga las derivaciones del Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, ese esquema habría habilitado la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y un posible perjuicio para el Estado. En el expediente ya fueron procesados ex funcionarios, brokers y otros implicados, entre ellos Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente, y María Cantero, ex secretaria privada de Fernández.

Con esta decisión, el expediente seguirá abierto y la situación del ex presidente volverá a revisarse en una nueva resolución judicial. La causa quedó ahora bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo como subrogante del juzgado federal 11, junto al fiscal Carlos Rívolo, mientras avanzan también nuevas declaraciones de testigos propuestos por la defensa. El mensaje que deja Casación es claro: la investigación sigue, pero el procesamiento de Alberto Fernández deberá volver a discutirse desde cero.