Una caja de 250.000 millones y oficinas en el botín que se disputan por el fin de la Secretaría de Integración Socio Urbana

La mudanza de la Secretaría de Integración Urbana deja al descubierto un fideicomiso millonario que evadió controles. Caputo retiene los fondos mientras otros buscan usarlos.

Los camiones de mudanza terminan de llevarse los últimos muebles de los dos pisos que ocupaba la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) en el antiguo edificio de YPF sobre Diagonal Norte. El movimiento marca el cierre definitivo de una estructura que funcionó bajo la órbita de movimientos sociales y que ahora queda reducida a cenizas administrativas. El personal sobreviviente, apenas un centenar de personas, espera su reubicación en oficinas del Ministerio de Hacienda y en un inmueble ubicado en la intersección de Callao y Corrientes.

La desaparición de esta secretaría deja una montaña de dinero acumulada en el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), una cifra que ronda los $250.000 millones. Este botín millonario se nutrió durante años a través de un goteo diario proveniente del 7% de la recaudación del Impuesto País y aportes del impuesto al cheque. La magnitud de estos recursos públicos, que permanecen inmovilizados, desató una carrera silenciosa entre distintos sectores del gobierno nacional para determinar quién tendrá la firma final sobre esos gastos.

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El desmantelamiento administrativo sacó a la luz una estructura que supo albergar a 600 empleados, de los cuales la inmensa mayoría poseía una marcada militancia activa en movimientos territoriales. En la actualidad, la nómina se desplomó a solo 100 agentes, lo que evidencia la magnitud del ajuste aplicado sobre una dependencia que manejó presupuestos estrafalarios. La transición física de las oficinas simboliza el fin de un modelo de gestión que priorizó el despliegue de militantes en barriadas populares por sobre la eficiencia técnica.

Juan Grabois resultó el arquitecto político de este esquema, logrando que el gobierno anterior le entregara la gestión de la SISU con condiciones de autonomía excepcionales. Su alianza con Máximo Kirchner fue determinante para blindar el fideicomiso y garantizar que el dinero fluyera sin las auditorías tradicionales que rigen para el resto del Estado. Un exministro que trató frecuentemente con el dirigente social fue categórico al definirlo: "Siempre se creyó el dueño de la pobreza y de los pobres".

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La ingeniería financiera del FISU permitió que el 20% de lo recaudado por el impuesto a las Grandes Riquezas se desviara directamente hacia esta caja durante la pandemia. Gracias a ese acuerdo político, figuras como Fernanda Miño y Fernanda Monticelli pasaron de la gestión territorial a ocupar cargos públicos de alta jerarquía y, posteriormente, bancas legislativas. Los registros indican que durante ese período se utilizaron 1.244 millones de dólares, una suma que Miño detalló en sus propias redes antes de eliminar la publicación de manera imprevista.

Los intentos por capturar esta caja no fueron exclusivos del kirchnerismo, ya que Sebastián Pareja intentó utilizar la estructura de la SISU como plataforma política en el Conurbano. Pareja renunció a su banca de senador provincial para asumir el mando de la secretaría con elogios hacia la gestión de Grabois, buscando penetrar en las barriadas populares con los mismos tentáculos financieros. Su plan falló tras los resultados electorales negativos y su salida hacia la Cámara de Diputados, dejando el camino libre para el desembarco del equipo económico nacional.

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Luis Caputo mantiene hoy una postura de rechazo absoluto a liberar los fondos remanentes que quedaron en el fideicomiso desde la época de la gestión piquetera. El ministro de Economía nunca confió en las intenciones de utilizar esos recursos para la política territorial y decidió mantener el flujo cortado bajo siete llaves. Esta decisión generó fricciones internas, ya que otras carteras de la gestión actual intentan "pescar" sobre esos $250.000 millones con una insistencia mayor a la que mostró Pareja en su momento.

Ex miembros del gabinete de Alberto Fernández admiten hoy que la falta de supervisión sobre estas cajas fue una decisión consciente para mantener la paz social con los sectores más duros. Respecto a la creación de nuevos registros nacionales de personas vulnerables, un antiguo funcionario explicó la negativa oficial de aquel entonces: "No se lo dimos porque era guita que no podíamos controlar y todos sabemos lo que Grabois hizo con las cajas, sino andá a preguntarle a los intendentes como compraron terrenos enormes con plata del FISU sin pasar por los concejos deliberantes".