La fiscalía reclamó un año y medio de encierro para el hombre de 34 años. La defensa pública intenta evitar la celda con un pedido de arresto domiciliario.
El acusado aguarda en Sarmiento la definición sobre su futuro inmediato luego de ser hallado culpable por tenencia de armas. La audiencia de cesura expuso dos miradas irreconciliables sobre cómo debe cumplir su castigo un hombre con antecedentes penales. El juez penal Mauro Soza tiene ahora la tarea de dirimir si el condenado vuelve a un pabellón o si accede al beneficio del arresto en su casa.
El Ministerio Público Fiscal fue tajante al solicitar que la pena sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento penitenciario. La procuradora Luciana Coppini, junto a Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter, pidieron una sanción de "un año y seis meses de prisión". Los acusadores sostienen que la gravedad del hecho y la conducta previa del imputado no dejan margen para una condena en suspenso.
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Un punto central del reclamo oficial es que el acusado sea declarado "reincidente por segunda vez", una condición que sellaría su suerte dentro del sistema carcelario. Esta etiqueta legal impide que el interno acceda a ciertos beneficios de libertad anticipada o salidas transitorias durante su estadía en prisión. La fiscalía fundamentó este pedido en la existencia de sentencias previas que el sujeto ya cumplió antes de este nuevo proceso.
Todo el expediente se originó de manera casi accidental durante un procedimiento policial por un delito diferente. El 18 de noviembre de 2023, la policía ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Segundo Loncopán en el barrio Progreso, con una orden de allanamiento vinculada a un robo. En el interior de la propiedad, los efectivos buscaban elementos sustraídos, pero terminaron topándose con un arma que el sospechoso no debía tener.}
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Los agentes secuestraron un "arma larga calibre 22" y "nueve cartuchos de bala" que el condenado guardaba sin ningún tipo de respaldo documental. El acusado se encontraba en el lugar acompañado por una mujer cuando los uniformados detectaron el fusil que carecía de la "autorización legal correspondiente". Este hallazgo derivó automáticamente en la apertura de una causa paralela por tenencia de arma de fuego de uso civil.
La defensa pública, por su parte, intentó amortiguar el impacto de la condena mediante un planteo de mínima. La abogada del imputado propuso que la sanción se reduzca a apenas seis meses de prisión y que el cumplimiento sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El argumento defensivo busca evitar que el hombre sea trasladado a una unidad de detención común, bajo la premisa de que existen formas menos gravosas de ejecutar la pena.
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El debate sobre la culpabilidad ya es cosa juzgada para la justicia de Sarmiento, dado que el juicio oral determinó que el acusado es el "autor penalmente responsable" del hecho. Ahora la discusión se traslada al plano de la política criminal y al criterio que el magistrado aplique sobre la tenencia ilegal. El arma y las municiones incautadas en el barrio Progreso funcionan como la prueba material de un delito que el código penal castiga con severidad cuando hay antecedentes.
El juez Mauro Soza escuchó ambas posturas durante la audiencia realizada en la Oficina Judicial y se tomó el tiempo legal para redactar el fallo final. La resolución deberá responder punto por punto a las discrepancias técnicas sobre la duración del encierro y el lugar de alojamiento. No se trata solo de cuantificar los meses, sino de definir si el Estado opta por una sanción ejemplificadora o por una salida más flexible para el reo.
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La situación procesal del acusado ingresó en una cuenta regresiva que terminará de definirse en los próximos días con la lectura de la sentencia de pena. El resultado de esta cesura marcará un precedente local sobre cómo se tratan los casos de armas halladas en allanamientos por otros delitos.
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