En la Zona Franca de Río Gallegos eliminaron impuestos y bajaron alquileres para tentar a empresas chilenas

Actualidad07/05/2026

La gestión provincial busca revertir la tendencia histórica de compras en Punta Arenas mediante una reforma estructural en la Zona Franca de Río Gallegos. Eliminaron impuestos y bajaron alquileres para tentar a empresas chilenas.

El flujo de divisas que sale de Santa Cruz hacia los comercios de Chile representa una sangría constante que el Gobierno ahora intenta contener con cambios de fondo en las reglas de juego locales. Los consumidores de la región mantienen una conducta histórica de cruzar la frontera para abastecerse, una realidad que hoy pone en jaque la viabilidad de los polos comerciales propios. Ante este escenario, la estrategia oficial apunta a transformar la Zona Franca en un espacio que realmente pueda disputar los precios que ofrece el mercado trasandino.

La principal barrera para captar inversiones era una carga tributaria que ponía al recinto en desventaja frente a cualquier otro punto del país o la región. Hasta hace poco, este predio era el único en su tipo que mantenía el cobro de un impuesto específico sobre la actividad económica. Para revertir esta anomalía, la ministra de la Producción, Nadia Ricci, confirmó que “logramos, a través de una herramienta en el comité de zona franca, la eliminación de ingresos brutos”, una medida que busca eliminar los sobrecostos que ahuyentaban a las empresas.

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La competencia con el polo comercial chileno es el factor que hoy domina la agenda económica de la provincia y obliga a replantear la competitividad regional. El diagnóstico oficial es crudo respecto a la diferencia de escala y precios que todavía separa a ambas orillas, lo que exige movimientos agresivos en la gestión de costos. La funcionaria reconoció que los santacruceños tienen un problema central con Punta Arenas y admitió: “Estamos todavía lejos de competirle a Punta Arenas como zona franca y hay que poner sobre la mesa determinadas herramientas que permitan que nos elijan”.

Además de la quita de impuestos, se activó una negociación directa con la administración del predio para reducir los gastos fijos de quienes decidan instalarse allí con sus locales. El costo de la superficie operativa era otro de los puntos de conflicto que frenaba el desembarco de nuevas firmas comerciales en la capital santacruceña. En este proceso de ajuste, la cartera de Producción logró que el concesionario redujera “el valor del metro cuadrado para que se pueda radicar” cualquier nuevo emprendimiento que busque ofrecer beneficios al consumidor.

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El interés por estas nuevas condiciones ya despertó movimientos en el sector empresarial, incluso en firmas que actualmente operan exclusivamente del otro lado del límite internacional. Según el reporte ministerial, existen consultas formales de inversionistas radicados en la zona franca chilena que evalúan abrir sucursales en el predio de Río Gallegos para captar el mercado local. La llegada de capitales externos se ve como una validación de que las reformas impositivas están empezando a modificar la percepción del riesgo en el sector.

La expansión del catálogo de productos disponibles es otra de las piezas de este esquema de retención de consumo que el Gobierno intenta consolidar este año. Actualmente se avanza en la construcción de un nuevo módulo destinado específicamente al mercado automotor de importación y a un centro de abastecimiento de grandes dimensiones. Nadia Ricci detalló que el objetivo es que la oferta incluya nuevas marcas de vehículos y “un mayorista general que va a tener de todo”, buscando cubrir necesidades básicas y bienes de consumo duradero.

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La intención detrás de estas aperturas es que el ciudadano encuentre en su propia provincia un alivio económico que hoy sale a buscar en las góndolas vecinas. La gestión actual sostiene que el acceso a un “precio diferencial para el ciudadano santacruceño” es la única vía posible para mitigar el impacto de la crisis económica en los bolsillos familiares. No se trata solo de una cuestión de comodidad, sino de una herramienta de política social destinada a mejorar la capacidad de consumo de la población.

El desafío cultural de modificar el hábito del comprador que prefiere viajar kilómetros para abastecerse sigue siendo el obstáculo más difícil de sortear para los comercios locales. Las estadísticas oficiales muestran que el dinero de la provincia sigue migrando masivamente, afectando tanto a los locales de la ciudad como a los propios puestos de la zona liberada. Al respecto, la funcionaria subrayó que “la idea es que ese dinero, si podemos lograrlo, vuelvo a insistir, probablemente no sea mañana, pero nuestra idea es que ese dinero logremos que quede en la provincia de Santa Cruz”.