"A algunos diputados les falta calle": Iturrióz defendió el uso de fuerzas federales en Chubut

Héctor Iturrióz defendió el Comando Unificado y reclamó que la justicia actúe contra el patrimonio de los sospechosos que ostentan lujos en los barrios humildes.

Viviendas de tres pisos con locales comerciales y departamentos de lujo resaltan en barriadas donde el trabajo formal apenas permite el progreso básico del vecino. Héctor Iturrióz describió este fenómeno como un mensaje devastador para la juventud que observa cómo el delincuente prospera con una velocidad inalcanzable para el trabajador. “El delito no riega sus frutos si no lo estamos tentando”, sentenció el funcionario al reclamar una postura judicial mucho más firme sobre el origen del patrimonio ilícito.

La escasa aplicación del artículo 23 del Código Penal permite que diversos sospechosos mantengan vehículos y propiedades lujosas a pesar de no registrar actividad laboral lícita conocida. El Ministro de Seguridad lamentó que la justicia provincial no utilice con frecuencia el decomiso de bienes utilizados para la ejecución de ilícitos de forma contundente. Para la administración provincial, despojar al delincuente de su patrimonio representa la única forma efectiva de romper el círculo de admiración que genera el éxito criminal en el corazón del barrio.

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El proyecto de ley para provincializar la persecución del narcomenudeo busca otorgar herramientas directas a las brigadas que ya patrullan el territorio cotidiano. Actualmente, el 95% de los procedimientos por venta de estupefacientes en Chubut son iniciados por la policía local debido a su cercanía física con la realidad de cada zona. “Nosotros conocemos hasta toda la hampa local”, aseguró Iturrióz al destacar que la fuerza provincial entiende mejor los parentescos y las relaciones delictivas que se gestan en los vecindarios.

Las fuerzas federales cumplen una tarea de prevención indispensable pero carecen del conocimiento detallado sobre los pasillos y la geografía interna de los sectores periféricos. El personal de Gendarmería o Prefectura suele rotar de jurisdicción cada dos años, lo que impide que logren la profundidad de análisis de un agente local que vive en la zona. Por este motivo, los operativos conjuntos requieren que los uniformados nacionales trabajen en binomios con policías locales para no perder efectividad durante el patrullaje en el terreno.

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La Legislatura provincial aprobó la continuidad del Comando Unificado con un respaldo político que superó los dos tercios de los votos necesarios para su vigencia. Este esquema operativo resultó fundamental en ciudades como Trelew, donde la frecuencia de las "entraderas" nocturnas representaba una preocupación diaria para la seguridad de las familias. El ministro celebró la decisión de la cámara y descartó las críticas de la oposición que se centraron exclusivamente en cuestiones de índole administrativa o formal.

Iturrióz tildó de falta de respeto el desconocimiento de algunos diputados sobre la reducción de los índices delictivos verificada en los últimos meses en el valle. Cuestionó que se prioricen los egos personales o las notificaciones protocolares por encima de la seguridad real que demanda la ciudadanía chubutense. “Si te importa realmente la sociedad, valorá que el delito está siendo medianamente controlado”, disparó el titular de la cartera de seguridad en referencia a las posturas de los legisladores opositores.

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La implementación de la nueva ley de drogas encuentra trabas en el Poder Judicial debido a la exigencia de mayores recursos para crear fiscalías y juzgados especiales. El Ministerio de Seguridad sostiene que es posible replicar modelos más austeros, como el de Santa Fe, que arrojaron buenos resultados sin una inversión inicial desproporcionada. Iturrióz adelantó que el gobernador volverá a plantear la necesidad de esta herramienta técnica para complementar el trabajo de prevención que se realiza actualmente en las calles.

El funcionario desmintió que la presencia de fuerzas federales tenga como objetivo la represión de la protesta social o la realización de tareas de inteligencia interna prohibidas. Aclaró que la participación de estas unidades se limita exclusivamente a la prevención del delito ordinario y la protección de la seguridad ciudadana general. No obstante, recordó que en rutas nacionales la jurisdicción federal es absoluta por mandato constitucional y escapa por completo a la voluntad de la administración provincial o los jueces locales.

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La formación de un nuevo efectivo policial demanda cursos extensos y reentrenamientos anuales que impiden incorporar personal de manera inmediata para cubrir las vacantes. Ante esta escasez de recursos humanos propios, el apoyo de las fuerzas nacionales se vuelve una pieza operativa necesaria para sostener la demanda de vigilancia. El éxito del plan de seguridad en ciudades complejas como Comodoro Rivadavia dependerá de sostener este equilibrio entre el soporte federal y el ojo experto de la policía local.