La recorrida técnica por un submarino gemelo busca acercar al tribunal a los sistemas que podrían explicar el hundimiento con 44 muertos.
La recorrida dentro del ARA Santa Cruz colocará al juicio por el hundimiento del ARA San Juan frente a una escena concreta: los sistemas de un submarino gemelo que pueden ayudar a entender una tragedia todavía sometida a revisión judicial. La medida se realizará en los astilleros de Tandanor, en Buenos Aires, aunque el debate oral se desarrolla en Río Gallegos, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El objetivo inmediato no pasa por reconstruir el naufragio desde el fondo del mar, sino por observar una embarcación de la misma clase para interpretar con mayor precisión los puntos técnicos que marcarán las próximas audiencias.
El procedimiento tendrá una importancia especial porque permitirá que jueces, fiscales, querellantes y defensores recorran el interior del buque antes de escuchar a los especialistas convocados. Esa observación directa servirá para ubicar físicamente los sistemas de propulsión, inmersión, seguridad y mantenimiento que luego aparecerán en los informes periciales. La causa necesita traducir explicaciones altamente técnicas en elementos comprensibles para evaluar si hubo fallas, omisiones o controles insuficientes antes del hundimiento.
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El submarino elegido no es una pieza ajena al expediente, sino un buque de la misma clase TR-1700 que el ARA San Juan. También fue construido en Alemania por la misma empresa, dato que vuelve relevante la comparación entre ambas unidades. La inspección no busca establecer por sí sola una conclusión definitiva, pero sí ofrecer una referencia material sobre estructuras, dispositivos y rutinas de funcionamiento que el tribunal deberá valorar.
La tragedia ocurrió el 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan navegaba en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. La embarcación desapareció durante esa navegación y recién apareció un año después, a más de 900 metros de profundidad. Ese dato sigue en el centro del proceso porque conecta el desenlace fatal con las condiciones previas de operación, mantenimiento y control dentro de la Armada Argentina.
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En el banquillo se encuentran los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegan imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación apunta a determinar si existieron responsabilidades internas en las decisiones que rodearon al submarino antes del naufragio.
La inspección al ARA Santa Cruz une dos planos que en el expediente aparecen vinculados, pero que requieren una lectura precisa: la dimensión técnica del submarino y la conducta de los mandos investigados. El tribunal deberá observar cómo funcionaban los sistemas comparables, pero también deberá evaluar si los controles y decisiones de la estructura naval respondieron a las exigencias que imponía una operación de ese tipo. Esa relación entre mecanismo y responsabilidad será una de las zonas más sensibles del juicio.
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Las próximas declaraciones tendrán un peso central en esa tarea. Entre los especialistas citados figuran Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama y Alejandro Kenny, quienes analizarán el estado del ARA San Juan y las posibles causas del hundimiento. Sus testimonios deberán ayudar a precisar si hubo fallas técnicas, problemas de mantenimiento o irregularidades con incidencia directa en el desenlace.
El debate oral comenzó el 3 de marzo ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez. Desde entonces, el juicio avanza sobre la responsabilidad de los exoficiales acusados y sobre la información técnica necesaria para sostener o descartar hipótesis dentro del expediente. La recorrida por Tandanor aparece como una herramienta para ordenar esa discusión antes de que los peritos ingresen en los tramos más complejos de sus exposiciones.
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Las familias de las víctimas siguen el proceso desde Santa Cruz con atención puesta en cada medida de prueba. Para ellas, la inspección no reemplaza las respuestas pendientes, pero puede aportar una base concreta para revisar qué sabían los responsables, qué controles existían y qué condiciones presentaba la navegación. El juicio mantiene fuera de su avance actual las posibles responsabilidades políticas, aunque conserva abierta una discusión institucional profunda sobre uno de los hechos más graves de la Armada Argentina reciente.
El límite inmediato quedará marcado por lo que pueda aportar esa comparación con el ARA Santa Cruz. Si la inspección permite comprender mejor los sistemas del submarino, las audiencias siguientes tendrán un marco más claro para analizar las pericias. La definición de responsabilidades, sin embargo, dependerá de cómo el tribunal conecte esas observaciones con las decisiones previas al hundimiento del ARA San Juan.
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