El padre de Ángel López denunció al juez y sospecha de encubrimientos en el sistema frente a las negligencias con su hijo

Luis y Lorena lanzaron una contraofensiva judicial tras el informe que vinculó la muerte del nene con una neumonía. Aseguran que se busca "ocultar corrupción" y ratificaron que su hijo era un niño sano que sufrió violencia física.

La batalla judicial por la muerte de Ángel López escaló hacia un lugar de acusaciones cruzadas contra el propio sistema que debe investigar el hecho. Luis López y Lorena, padre y madrastra del pequeño de 4 años, utilizaron sus redes sociales para formalizar una denuncia penal que alcanza al juez Pablo Pérez, la defensora Verónica Roldán y el equipo técnico compuesto por la psicóloga Jennifer Leyva y la asistente social Estela Bellido. La movida responde a lo que consideran un intento de encubrimiento institucional tras la difusión de peritajes que favorecerían a los actuales detenidos.

El eje del conflicto radica en el reciente estudio histopatológico que sugiere que el menor falleció por una afección respiratoria previa. Los padres rechazaron de plano esta hipótesis y fueron contundentes al afirmar que su hijo "fue un niño sano, nunca tuvo problemas respiratorios ni ninguna enfermedad". Para la familia, la aparición de este diagnóstico médico no es más que una estrategia para "desviar el tema" y atenuar la responsabilidad criminal de Mariela Altamirano y Michael González, quienes permanecen bajo arresto.

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La bronca de los familiares también se enfocó en el manejo de la información sensible dentro de los tribunales de Comodoro Rivadavia. Cuestionaron con dureza que los resultados de los estudios periciales trascendieran en los medios de comunicación antes de que las partes involucradas tuvieran acceso oficial al contenido completo del expediente. Esta filtración es vista por Luis y Lorena como una maniobra para preparar el terreno hacia una posible modificación de la carátula, algo que exigen que se mantenga como homicidio agravado.

En un extenso y duro descargo, los padres sostuvieron que el cuerpo de Ángel hablaba de una realidad distinta a la de una neumonía, insistiendo en que existen evidencias de "violencia física" que no pueden ser ignoradas por los peritos. La denuncia penal contra los funcionarios judiciales y profesionales intervinientes marca un quiebre definitivo en la relación con la instrucción del caso. Según expresaron, la intención detrás de estos nuevos informes sería "ocultar corrupción" dentro de la estructura judicial que intervino desde el inicio de la causa.

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El video difundido por el padre y su pareja funciona como un llamado de atención sobre las presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas y los testimonios. A pesar de los resultados preliminares que analiza la Fiscalía, la querella mantiene su postura de máxima severidad contra la madre biológica y su pareja. Luis y Lorena reiteraron sus acusaciones directas contra los detenidos, asegurando que el despliegue de tecnicismos médicos solo busca otorgar impunidad a los responsables.

La investigación en Comodoro Rivadavia entra ahora en una zona de máxima tensión institucional, con el juez y las asistentes sociales bajo la lupa de una denuncia paralela. Los padres de Ángel sospechan que el sistema intenta protegerse a sí mismo de posibles negligencias previas en la supervisión del entorno del menor. Esta desconfianza se traduce en un pedido de transparencia total y en el rechazo a cualquier dictamen que no contemple el maltrato como causa eficiente de la muerte.

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El escenario para los próximos días prevé un análisis más profundo de los estudios complementarios, aunque el clima social en torno al caso ya está caldeado por las palabras de la familia. La defensa de los imputados podría utilizar el informe respiratorio para pedir la libertad, pero la ofensiva penal de los padres de Ángel actúa como un contrapeso político y judicial de peso. Para Luis y Lorena, la verdad del caso no está en un laboratorio, sino en el historial clínico de un hijo que, según juran, no tenía antecedentes médicos de riesgo.

Mientras la Fiscalía y la querella intentan sostener la acusación por homicidio agravado, el debate se desplaza hacia la honestidad de los profesionales que firmaron los reportes oficiales. La causa adquirió un volumen de exposición que obliga a las autoridades a extremar los recaudos en cada paso procesal. Los padres terminaron su mensaje dejando en claro que no aceptarán una resolución que transforme un presunto crimen en un deceso por causas naturales.