El fiscal rechaza liberar a la madre de Ángel López a pesar del nuevo informe forense

Cristian Olazábal ratificó que mantendrá la acusación de homicidio agravado contra la mujer y su pareja. Un estudio detectó que el nene murió con una neumonía preexistente, pero la justicia sospecha de una cadena de responsabilidades criminales.

La aparición de una prueba científica que indica una causa de muerte natural no detendrá, por ahora, el proceso por asesinato contra Mariela Altamirano y Michel González. El fiscal jefe Cristian Olazábal fue tajante al sostener que la culpabilidad de los imputados sigue firme en su esquema de investigación. “Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, sentenció el funcionario, cerrando la puerta a un alivio inmediato para los detenidos tras el fallecimiento del menor de 4 años.

El expediente judicial incorporó recientemente un estudio histopatológico que podría dar un vuelco a la situación procesal de la pareja. Según el documento médico, Ángel Nicolás López murió por un paro cardiorrespiratorio derivado de una neumonía o pulmonía que padecía previamente. Esta revelación técnica alimentó versiones sobre un posible cambio de carátula hacia la figura de abandono de persona seguido de muerte, una calificación que permitiría a los abogados defensores tramitar pedidos de excarcelación.

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Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal opera bajo un estricto hermetismo y descarta cualquier modificación en la imputación de homicidio agravado. Olazábal remarcó que todavía "resta mucho por profundizar" para determinar exactamente qué rol cumplió cada uno de los adultos en el desenlace fatal. La fiscalía analiza si esa condición respiratoria preexistente fue agravada o ignorada de manera deliberada, lo que mantendría el reproche penal en su máxima escala.

La estrategia de la justicia para sostener la acusación incluye el llamado a una junta de especialistas que analice los resultados de laboratorio. “No nos vamos a quedar con un solo dictamen”, advirtió el fiscal, anticipando que designarán consultores expertos para que aporten conclusiones propias sobre el informe médico. Esta medida busca contrastar el hallazgo de la neumonía con el estado general que presentaba el niño al momento de ser intervenido por las autoridades.

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Por su parte, la querella representada por el abogado Roberto Castillo también se encuentra abocada al estudio minucioso de la documentación incorporada. La parte acusadora coincide en la necesidad de convocar a especialistas que intervengan en el expediente para evitar que el informe histopatológico se convierta en una vía de escape para los imputados. El caso mantiene una fuerte repercusión internacional, lo que eleva la presión sobre los peritos técnicos que deben dar el veredicto final sobre las causas biológicas de la muerte.

La investigación atraviesa una etapa de análisis técnico donde cada coma del informe médico es evaluada por el equipo de Olazábal. Se espera que en las próximas semanas se soliciten precisiones adicionales sobre el tiempo de evolución de la enfermedad respiratoria que detectó el estudio. Determinar si los responsables tenían conocimiento del cuadro de Ángel y si omitieron la asistencia médica es el punto clave para sostener la figura del homicidio.

Mientras los detenidos permanecen bajo custodia, la causa se encamina a una batalla de peritos en los tribunales. La fiscalía busca establecer las responsabilidades de todos los involucrados, sin limitarse únicamente a lo expresado por la autopsia inicial. La gravedad de los hechos vinculados a la muerte de Ángel López obliga a la justicia a agotar todas las instancias antes de considerar un beneficio de libertad para la madre biológica y su concubino.

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El dictamen que menciona el paro cardiorrespiratorio por neumonía funciona como el principal argumento de la defensa para desmoronar la teoría del crimen violento. A pesar de esto, el fiscal jefe insiste en que el fallecimiento de un menor de cuatro años bajo estas circunstancias no puede ser calificado como un hecho accidental sin culpables directos. La tensión entre la evidencia médica y la convicción judicial definirá el futuro de un proceso que todavía no tiene un informe final consolidado.