La ministra de Seguridad prorrogó la emergencia penitenciaria por otros dos años ante la saturación de las unidades. Casi la mitad de los presos son de CABA.
Un grupo de 5.073 personas privadas de la libertad aguarda hoy en comisarías y alcaidías una vacante que no llega. Este cuello de botella administrativo revela el estado crítico de una infraestructura que ya no puede absorber más ingresos por la vía ordinaria. La saturación del sistema obligó a formalizar que miles de detenidos permanezcan fuera de los muros del Servicio Penitenciario Federal por tiempo indeterminado.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó la Resolución 439/2026 para extender por otros dos años la emergencia en materia penitenciaria. Esta medida técnica intenta dar cobertura legal a un organismo que actualmente opera al 106% de su capacidad operativa. Los datos oficiales confirman que hay 12.248 internos amontonados en espacios diseñados para apenas 10.932 plazas.
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El sistema federal carga con una mochila ajena que representa casi la mitad de su población total alojada. Un total de 5.983 presos pertenecen a causas ordinarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale al 48,85% de los internos. Para la administración nacional, esta situación restringe de manera directa la disponibilidad de plazas para quienes sí cometen delitos de competencia federal.
La lista de espera se divide entre quienes cometieron delitos federales y aquellos que dependen de los tribunales porteños. Actualmente, 2.657 personas están a disposición de la Justicia Federal, mientras que otras 2.416 pertenecen al ámbito penal ordinario de la Capital. Esta convivencia forzada entre jurisdicciones explica gran parte del colapso que se vive en las fronteras del sistema de encierro.
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La realidad judicial de quienes están adentro muestra que el 61,83% ya tiene una condena firme sobre sus espaldas. Por el contrario, el 38,17% restante de los detenidos transita sus días bajo un proceso judicial sin sentencia definitiva. Este desbalance interno presiona la administración de los espacios, ya que requiere protocolos de alojamiento diferenciados para cada categoría de interno.
Las pulseras de vigilancia electrónica aparecen como el único respirador artificial para un organismo que se asfixia. Unas 1.503 personas cumplen hoy arresto domiciliario bajo la supervisión de la Justicia Nacional y Federal, sumando alivio a las celdas físicas. A esto se le agregan 1.291 individuos incorporados al programa de asistencia tecnológica desde la última prórroga de la emergencia.
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La apertura de la cárcel federal de Coronda y la habilitación de nuevas celdas en el complejo de Senillosa, en Neuquén, resultaron insuficientes para frenar el desborde. Si bien estas plazas sumaron capacidad de respuesta, la velocidad delictiva y las órdenes de detención superaron cualquier previsión edilicia previa. El Gobierno reconoce que el flujo de ingresos no se detiene a pesar de que los pabellones ya están desbordados.
El complejo de Agote, en Mercedes, presenta un avance de obra del 72,37% y se perfila como una de las pocas soluciones concretas en el horizonte. En paralelo, la terminación del nuevo penal de Marcos Paz permitiría finalmente cerrar la histórica unidad de Devoto y sumar unas 700 plazas netas al sistema. La relocalización de los servicios de la Ciudad de Buenos Aires depende exclusivamente de que estos ladrillos terminen de colocarse.
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La resolución de la emergencia deja al descubierto un límite operativo que excede lo meramente administrativo. El Estado conserva facultades excepcionales por los próximos 24 meses, pero la solución de fondo queda atada al traspaso definitivo de la justicia penal a la órbita porteña. Mientras tanto, los dispositivos electrónicos y las obras a medio terminar son los únicos diques de contención frente a un sistema que ya desbordó.
Fuente: NA.
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