Gobernadores frenan pliegos judiciales y condicionan el pago de U$S171 millones a fondos buitre
Política14/05/2026
REDACCIÓNEl oficialismo necesita liberar 171 millones de dólares para evitar embargos, pero las provincias bloquean los pliegos judiciales de Buenos Aires y Capital.
El patrimonio nacional atraviesa una semana crítica en los tribunales internacionales debido a la posibilidad de embargos contra los activos de YPF. Para desactivar este riesgo, el Gobierno nacional necesita que el Senado autorice de forma urgente el desembolso de US$171 millones destinados a cerrar acuerdos con acreedores externos. Si los legisladores no habilitan el pago a los fondos Bainbridge Ltd. y al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP, el país quedará expuesto a litigios con costos financieros mucho más altos.
La llave de esta caja fuerte, sin embargo, no la tiene la Casa Rosada sino los gobernadores, quienes ordenaron a sus bloques legislativos paralizar cualquier avance en la Comisión de Acuerdos. La estrategia de la UCR, el PRO y los partidos provinciales consiste en bloquear los nombramientos de jueces para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El reclamo de los senadores es contundente: el oficialismo debe enviar primero los candidatos para cubrir las vacantes en los tribunales federales del interior del país.
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Ante la parálisis de la agenda legislativa, el Ministerio de Justicia inició las gestiones para proponer una nueva lista de magistrados destinados a provincias como Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán. Esta decisión gubernamental busca seducir a los bloques dialoguistas para que den luz verde a otros 47 postulantes que ya cumplieron con las audiencias públicas. La debilidad numérica de La Libertad Avanza, que solo cuenta con 5 integrantes sobre 17 en la comisión clave, vuelve indispensable este intercambio de favores políticos.
El cronograma de pagos estipula que Bainbridge Ltd. recibiría US$67 millones, mientras que otros US$104 millones se repartirían entre los acreedores que integran el grupo de Attestor Value Master Fund LP. Los fundamentos del proyecto oficial advierten que esta erogación es la única vía para solucionar causas judiciales múltiples, incluyendo acciones de Trinity Investment mencionadas en el expediente. La urgencia radica en que la fecha límite para concretar estos convenios de conciliación vence el próximo 31 de mayo.
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En medio de esta negociación de alto voltaje, el pliego para prorrogar por cinco años el mandato de Carlos Mahiques se convirtió en un factor de fricción adicional dentro del recinto. La continuidad del magistrado, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, genera movimientos internos que exceden lo estrictamente técnico. Esta combinación entre vínculos políticos, cargos territoriales y deudas externas convierte a la sesión en un escenario donde la supervivencia financiera del Estado se canjea por el control de los tribunales.
La discusión parlamentaria incorpora también una reforma estructural en la Agencia Nacional de Materiales Controlados que busca agilizar la regularización de armas de fuego mediante un sistema virtual. El proyecto establece que aquellos usuarios que renueven su credencial de Legítimo Usuario en los 90 días previos al vencimiento quedarán eximidos de acreditar nuevamente su idoneidad en el manejo. Esta medida, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, apunta a reducir la burocracia en un sector donde la circulación de armamento no declarado preocupa a las autoridades de seguridad.
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Como parte de esta política de seguridad pública, se propone extender el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el cierre del año 2027. Quienes posean armas de forma irregular tendrán un plazo de 360 días para entregarlas ante la ANMaC bajo una modalidad anónima que garantiza la destrucción inmediata del material. A cambio de la entrega, el Estado otorgará un incentivo económico a través de un cupón de pago que los ciudadanos podrán canjear por dinero en efectivo en los puntos autorizados.
El oficialismo insiste en que la aprobación de este paquete de leyes permitirá evitar que los acreedores avancen contra los activos estratégicos de la nación. “Los acuerdos resolverían causas judiciales múltiples”, sostienen los informes técnicos que circulan en los despachos oficialistas para convencer a los bloques opositores. Si el Senado logra sesionar y dar el visto bueno, la Cámara de Diputados podría sancionar la ley el 20 de mayo, otorgando una herramienta legal para impedir ejecuciones judiciales que perjudiquen el patrimonio de todos los argentinos.
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La suerte de los activos de YPF y el éxito del nuevo registro de armas quedarán atados a la capacidad del Gobierno para satisfacer las demandas de los gobernadores en las próximas horas. El éxito de la gestión económica depende ahora de una firma en el Ministerio de Justicia que equilibre la balanza federal entre el puerto y las provincias. El recinto será el escenario final donde se compruebe si el pragmatismo financiero es suficiente para destrabar una justicia federal que hoy se encuentra bajo el control indirecto de los caciques territoriales.
Fuente: NA.
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