El norte puede terminar pagando un gas nueve veces más caro en pleno invierno
Actualidad16/05/2026
REDACCIÓNSenadores y empresarios advierten que la demora de una obra estratégica podría dejar al NOA dependiendo de gas importado con costos imposibles para hogares e industrias.
La pelea por el gas en el norte argentino salió del terreno técnico y llegó de lleno al Congreso. Con el invierno cada vez más cerca, legisladores y sectores industriales empezaron a advertir que las provincias del NOA podrían quedar expuestas a un escenario de fuerte encarecimiento energético si no se completa la reversión del Gasoducto Norte. La preocupación apunta especialmente al precio que deberían afrontar usuarios e industrias en caso de depender de gas importado para cubrir la demanda.
La discusión tomó fuerza luego de la intervención de la senadora jujeña Carolina Moisés durante una sesión de la Cámara alta. La legisladora responsabilizó al Gobierno nacional por los problemas de abastecimiento y cuestionó la estrategia energética aplicada para la región norte. Según sostuvo, las medidas implementadas hasta ahora no resuelven el problema estructural y solo funcionan como soluciones transitorias.
En ese contexto, Moisés presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y vinculó la situación directamente con la demora en la obra de reversión del Gasoducto Norte. La senadora sostuvo que el norte argentino corre el riesgo de quedar obligado a consumir energía mucho más cara que el resto del país. “Algunas provincias van a pagar 27 dólares mientras el resto del país paga 3”, afirmó durante su exposición en el Senado.
El reclamo político apareció acompañado por advertencias concretas del sector industrial. La Unión Industrial de Tucumán denunció que la capacidad firme de provisión de gas para la región se reducirá de manera significativa desde mayo de 2026. Según los datos difundidos por la entidad, el suministro bajará de 4,99 MMm³/d a 3,22 MMm³/d, una caída cercana al 35%.
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Ese recorte quedó asociado a la aplicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en marzo en el marco de la emergencia energética. La norma dispuso una “reconfiguración del sistema de transporte de gas natural”, aunque desde distintos sectores del NOA consideran que la medida no alcanza para resolver el déficit estructural de abastecimiento que enfrenta la región.
El impacto económico preocupa especialmente a las industrias del norte, que advierten sobre una pérdida de competitividad frente a zonas como el AMBA o Córdoba. Distintos empresarios sostienen que, si el abastecimiento por gasoducto no cubre la demanda, el recurso importado se vuelve prácticamente inaccesible por su costo. En ese escenario, varias actividades productivas podrían enfrentar aumentos severos en sus costos operativos durante los meses de mayor consumo.
La reversión del Gasoducto Norte aparece en el centro de esa discusión porque fue concebida justamente para modificar el histórico sentido del flujo energético del país. El proyecto busca reemplazar el gas proveniente de Bolivia por producción de Vaca Muerta, enviando el recurso desde el sur hacia el norte argentino. La intención oficial consistía en asegurar el abastecimiento energético para las provincias del NOA y parte del centro del país.
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La obra incluyó la construcción de un nuevo gasoducto de 122 kilómetros, además de ampliaciones y adecuaciones técnicas en plantas compresoras para permitir el nuevo recorrido del fluido. En su presentación inicial, ENARSA había definido el proyecto como una infraestructura “fundamental” para sostener el abastecimiento regional ante la caída de la producción boliviana y el declino de la cuenca del noroeste.
La preocupación creció todavía más porque el sistema energético del norte ya enfrenta tensiones desde hace varios años. La disminución progresiva de los envíos desde Bolivia obligó a buscar alternativas para garantizar el suministro en provincias que dependen fuertemente del gas natural para consumo domiciliario e industrial. Sin la reversión completa del gasoducto, el sistema pierde capacidad de respuesta en momentos de alta demanda.
Mientras tanto, el debate político también empezó a mostrar diferencias sobre el criterio federal en materia energética. Desde el bloque Convicción Federal sostienen que la situación actual profundiza desigualdades entre regiones y expone al norte a costos mucho más altos que los que afrontan los grandes centros urbanos. En paralelo, empresas y cámaras industriales insisten en que el problema ya dejó de ser una discusión técnica y empieza a impactar directamente sobre la producción y el empleo regional.
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