Los comercios de Trelew denuncian extorsión sindical pidiendo castigos judiciales contra los bloqueos
Chubut18/05/2026
REDACCIÓNLa Cicech repudió el piquete frente a un nuevo mayorista y denunció métodos extorsivos en el acceso vial que dañan el perfil turístico de la comarca.
Patrulleros de la policía provincial y efectivos de Gendarmería Nacional apostados frente a la rotonda de acceso a Trelew custodian la entrada donde se instaló una importante inversión comercial de venta mayorista. Esta presencia permanente de uniformados desdibuja los esfuerzos de planificación urbana que coordinan de manera conjunta los municipios de la zona para captar visitantes durante las temporadas turísticas.
El despliegue de las fuerzas de seguridad respondió a las maniobras de obstrucción física desplegadas por el sindicato que nuclea a los trabajadores de empresas de seguridad. Los manifestantes impidieron el tránsito en los portones de la flamante sucursal de la firma Maxiconsumo el pasado 14 de mayo. La metodología copió el esquema operativo que históricamente implementó el gremio de camioneros en la provincia de Buenos Aires, donde el asedio sistemático provocó el cierre definitivo de varios establecimientos fabriles.
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La Cámara de Comercio del Este del Chubut (Cicech) repudió la utilización de estas medidas de fuerza para dirimir disputas de encuadramiento laboral fuera de los ámbitos estatales de negociación. El presidente de la entidad empresaria, Andrés Koss, expuso en el programa El Quinto Poder por #LA17 que las agresiones físicas pretenden torcer decisiones logísticas legítimas de las firmas. “La locura es que haya un sindicato que esté presionando a una empresa para justamente contratar lo que el sindicato pretende que contraten. O sea, es una intromisión absoluta”, argumentó el dirigente mercantil.
El origen del conflicto gremial radica en la decisión corporativa de la cadena mayorista de autogestionar su esquema de vigilancia sin recurrir a la tercerización de servicios externos. La firma incorporó personal propio para el cuidado de las instalaciones, asimilando a estos operarios bajo los beneficios salariales del convenio colectivo de trabajo de comercio. Esta figura laboral se encuentra plenamente contemplada por las leyes vigentes del país y otorga el derecho autónomo de administrar el recurso humano sin tutelas de terceros.
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La entidad sindical ajena a la actividad comercial pretende imponer la contratación obligatoria de sus propios afiliados mediante el uso de la coacción callejera. Los voceros de la cámara mercantil señalaron que la consigna subterránea del gremio se reduce a presionar para evitar quedar fuera del manejo operativo del nuevo local. “es absolutamente extorsivo es mafioso y yo creo que entre todos tenemos que plantarnos firmemente delante de esto”, denunció Koss para marcar la gravedad de la presión sufrida en los ingresos viales.
Las trabas a la actividad comercial coinciden con un ciclo macroeconómico adverso caracterizado por un desplome agudo en el consumo de los hogares de la región. Las pymes locales reportan contracciones severas en sus niveles de facturación mensual debido a la pérdida constante del poder adquisitivo de los asalariados. Ante la falta de políticas de reactivación por parte del gobierno nacional, la llegada de capitales privados a las localidades del este chubutense representa un alivio directo para el mercado de empleo.
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El sector privado advierte que tolerar acciones de hostigamiento en las puertas de los comercios ahuyentará futuros desembolsos de infraestructura en la comarca. Los comerciantes exigen que las intervenciones policiales de despeje temporario no agoten la respuesta del Estado frente a las conductas delictivas. “No puede ser que esto simplemente quede en decir, bueno, ok, despejamos el acceso a la empresa y todo sigue normal sin que exista una acción posterior a esto”, reclamó el titular de la Cicech durante la entrevista radial.
La preocupación empresaria sintoniza con las discusiones parlamentarias actuales en la legislatura provincial, donde ingresó recientemente una propuesta de ley antimafia remitida por el Poder Ejecutivo. El sector comercial asimila las maniobras extorsivas de los portones con las conductas corporativas que el nuevo marco regulatorio pretende tipificar y sancionar penalmente. “Esto es una actitud mafiosa en todo sentido. Entonces, por eso también hacemos hincapié en que estas cosas no pueden quedar sin costo”, sentenció Koss al exigir castigos económicos para los responsables.
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