AFA quedó otra vez en la mira por facturas truchas y la cifra supera los $900 millones
Policiales19/05/2026
REDACCIÓNLa nueva presentación de ARCA amplió la causa contra Claudio Tapia y otros dirigentes de la AFA. El fiscal ya pidió medidas de prueba y la investigación suma sospechas de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.
La investigación judicial sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino volvió a escalar con una nueva denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apunta contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros integrantes de la entidad por presuntas maniobras con facturas apócrifas. El monto bajo sospecha supera los $900 millones y se relaciona con servicios que, según el organismo, nunca existieron.
La presentación quedó incorporada a una causa penal que ya tenía a varios dirigentes bajo investigación por presuntas irregularidades tributarias. En este nuevo tramo, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial aceptó avanzar con la ampliación de la denuncia y pidió las primeras medidas de prueba ante el juez Diego Amarante, quien ya había citado a indagatoria a Tapia y Toviggino en marzo pasado por otro expediente vinculado a retenciones indebidas.
Según detalló ARCA, entre enero de 2023 y marzo de 2025 la AFA habría realizado facturación por $916.527.614,05 sin pagar el impuesto a las Ganancias correspondiente a salidas no documentadas. El organismo sostuvo que la operatoria permitió evadir más de $320 millones, cifra que asciende a unos $341 millones con intereses, además de una multa superior a los $125 millones.
La causa no solo involucra a Tapia y Toviggino. La investigación también alcanzará al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios general actual y anterior, Cristian Malaspina y Víctor Blanco. Todos integraban la estructura administrativa de la entidad durante el período en el que se habrían producido las operaciones cuestionadas.
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En la denuncia presentada ante la Justicia, ARCA aseguró que detectó movimientos de dinero cuyo respaldo documental resultó inconsistente durante tareas de fiscalización. El escrito sostiene que existieron “erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente”, y agrega que los elementos reunidos permiten presumir la “apocrificidad” de esa documentación.
“Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito”, sostuvo el organismo recaudador en el expediente judicial. La acusación también menciona la posible utilización de documentación falsa para reducir el pago de impuestos y plantea que la maniobra podría encuadrarse dentro del delito de evasión agravada.
La nueva presentación judicial apareció mientras todavía sigue abierta otra investigación contra la conducción de la AFA. Ese expediente analiza una presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, una causa que ya provocó el llamado a indagatoria de varios dirigentes de peso dentro de la estructura del fútbol argentino.
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El fiscal Navas Rial consideró que los hechos denunciados muestran conductas “considerables en su volumen” y además “reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”. La sospecha judicial apunta a una operatoria que no habría sido aislada, sino sostenida durante varios años dentro del esquema administrativo de la entidad madre del fútbol argentino.
La investigación también abrió interrogantes sobre empresas vinculadas a la facturación observada. Según ARCA, algunas firmas receptoras de comprobantes presentaban irregularidades y eso alimentó la sospecha de que se trató de gastos simulados. Por esa razón, el organismo pidió que se investiguen no solo maniobras de evasión agravada, sino también una posible asociación ilícita fiscal.
El nuevo avance judicial golpea a la conducción de la AFA en medio de una acumulación de expedientes tributarios y penales que ya involucran cifras multimillonarias. En la Justicia económica sostienen que ahora el eje estará puesto en reconstruir el circuito del dinero, determinar la autenticidad de la documentación y establecer qué nivel de responsabilidad tuvo cada dirigente dentro de las operaciones denunciadas.
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