Un empleado de la Universidad de la Patagonia Austral apuñaló a un alumno: el joven había denunciado acoso
Policiales21/05/2026
REDACCIÓNLa agresión excede lo policial: la familia de la víctima confirmó que las autoridades sabían del hostigamiento desde principio de año pero no hicieron nada.
Las advertencias formales por hostigamiento descansaban en los escritorios de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral antes de que el campus de Río Gallegos se convirtiera en una escena del crimen. Ángela Catelicán, madre del estudiante que permanece internado con un pulmón perforado, confirmó que existían presentaciones previas que los directivos ignoraron por completo. La agresión física expuso de la peor manera el quiebre absoluto de los mecanismos de prevención de la casa de altos estudios.
El ataque ocurrió a las 18.40 dentro de la Unidad Académica Río Gallegos, donde un empleado no docente ingresó armado con un cuchillo para atacar directamente al joven. El agresor escapó inmediatamente del predio tras herir a la víctima en los brazos, la cabeza y la espalda, aunque la Policía de Santa Cruz logró detenerlo a pocas cuadras del lugar poco tiempo después. La reconstrucción de estos hechos quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1, que ahora coordina las pericias de Criminalística en el lugar.
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La respuesta burocrática de la UNPA intentó contener los daños con un comunicado donde aseguraron que “la institución se ha puesto a total disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, aportando los elementos requeridos para el rápido esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, este despliegue de cooperación judicial choca de frente con la inacción previa que denuncia el entorno del herido. El foco de la crisis ya no pasa únicamente por la persecución penal del atacante, sino por la cadena de omisiones internas que permitieron que un trabajador violento circulara libremente por las instalaciones comunes.
El relato familiar describe un escenario de persecución sistemática que los canales administrativos de la facultad no supieron o no quisieron frenar a tiempo. “Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Ellos hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente, nada”, sentenció Ángela Catelicán para evidenciar que el peligro real era conocido. Sus palabras desarman la estrategia de las autoridades de presentar el hecho como un imprevisto de la emergencia policial cotidiana.
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El cierre total de las instalaciones durante todo el miércoles paralizó las actividades ordinarias de la comunidad universitaria de Santa Cruz con un fin operativo específico. Los investigadores judiciales necesitaron sellar las puertas del campus para recolectar rastros, manchas hemáticas y testimonios de los testigos directos de la agresión. Esta parálisis forzada visibilizó el fracaso del espacio académico en su obligación de garantizar pautas mínimas de convivencia y seguridad para quienes asisten a diario a las aulas.
El personal médico del Hospital Regional de Río Gallegos trabaja intensamente para evaluar las lesiones graves del alumno en la zona pulmonar, mientras la conducción universitaria ensaya discursos corporativos. La institución comunicó oficialmente que “el estudiante afectado recibió atención médica inmediata en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos. Las autoridades se encuentran en permanente contacto con el centro de salud y su entorno familiar para seguir de cerca su evolución y brindar todo el acompañamiento necesario en este difícil momento”. La redacción del parte oficial busca mitigar el costo político desviviéndose por mostrar un acompañamiento que no existió de manera preventiva.
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El inicio de actuaciones administrativas de oficio por parte de la UNPA llega tarde para una familia que ya había transitado los pasillos de la facultad buscando amparo. Los sumarios internos deberán rastrear qué oficina archivó o postergó la denuncia por acoso que los estudiantes presentaron a comienzos del ciclo lectivo. La apertura de estos expedientes disciplinarios expone el desfasaje temporal crónico entre los tiempos de la burocracia universitaria y los riesgos reales que enfrentan los alumnos dentro de las sedes.
En el cierre de sus declaraciones públicas, los directivos de la casa de estudios recurrieron a fórmulas solemnes de compromiso comunitario para amortiguar el impacto del escándalo. La frase textual de la UNPA donde sostienen que “reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de un espacio educativo seguro, solidario y libre de violencia” quedó completamente desautorizada por la realidad médica del joven herido. Los estudiantes y el personal docente asisten ahora a un escenario donde los discursos de protección carecen de correlato práctico en la gestión diaria del campus.
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Los próximos días serán determinantes para medir el verdadero alcance de la responsabilidad institucional en este intento de homicidio que fracturó la confianza de la comunidad académica. La resolución judicial determinará la condena penal del empleado no docente, pero el daño a la legitimidad de los protocolos de seguridad interna de la universidad ya es definitivo. La vuelta a las aulas se dará bajo una atmósfera de desconfianza generalizada, donde los alumnos saben que las denuncias formales no garantizan la integridad física frente a los violentos.
Fuente: NA.
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