CAME advirtió que los cambios en Zona Fría podrían encarecer las facturas de gas en la Patagonia
Actualidad23/05/2026
REDACCIÓNCAME advirtió que la reforma de Zona Fría trasladaría costos de transporte, distribución e impuestos a usuarios con menor margen de pago regional.
Una factura de gas más pesada puede convertirse en un problema inmediato para hogares, comercios e industrias de la Patagonia. La advertencia no apunta solo al valor del consumo, sino al modo en que una reforma del Régimen de Zona Fría podría cambiar la composición final de las boletas. CAME planteó que el impacto alcanzaría al bolsillo familiar, a la actividad comercial diaria y a la capacidad de las pequeñas empresas para sostener sus costos.
La preocupación surge por las modificaciones impulsadas sobre un régimen que durante años buscó compensar diferencias estructurales del sur argentino. El planteo de la entidad empresaria no se limita a una objeción sectorial, porque vincula la tarifa con el poder adquisitivo de las familias y con la competitividad regional. Desde el Bloque Patagónico de CAME señalaron que las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentan condiciones de consumo energético que no se comparan con otras zonas del país.
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El gas ocupa un lugar central en la vida cotidiana patagónica, especialmente durante los meses de temperaturas más bajas. En el comunicado, la entidad remarcó que “La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año”. Esa definición ubica la discusión fuera de una lógica de consumo optativo, porque hogares, comercios e industrias dependen del servicio durante períodos extensos.
La entidad también puso el foco en un punto técnico con efecto directo sobre los usuarios. Si el beneficio queda limitado solo al precio del gas en boca de pozo, otros componentes de la factura pasarían a pesar con más fuerza sobre quienes pagan el servicio. Por eso advirtió que “Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos”.
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El problema, según CAME, no se agota en el aumento de una boleta residencial. La entidad sostuvo que distintas proyecciones de organismos especializados estiman subas significativas para usuarios residenciales y comerciales, con efectos sobre el consumo interno. En esa línea, remarcó que “Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región”.
Las pymes aparecen como uno de los sectores más expuestos ante una presión tarifaria adicional. CAME señaló que muchas empresas patagónicas ya operan con caída de ventas, mayores costos operativos y dificultades financieras. En ese cuadro, la entidad advirtió que “Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo”.
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El planteo empresario intenta separar el reclamo patagónico de cualquier idea de trato excepcional sin fundamento. Para el Bloque Patagónico, el régimen diferencial responde a condiciones objetivas ligadas al clima, la distancia, la demografía y la estructura productiva. El comunicado subrayó que “la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales”.
La preocupación reúne a entidades empresarias de toda la región bajo el paraguas de CAME. Entre ellas aparecen la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa, la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina, la Federación Empresaria del Chubut, la Federación Económica de Santa Cruz y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia. Ese frente común busca instalar el impacto económico y social de la reforma antes de su implementación definitiva.
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El pedido central es abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita revisar consecuencias antes de aplicar los cambios. CAME considera que el costo energético del sur argentino no debe analizarse con los mismos parámetros que rigen para otras regiones del país. La entidad sostiene que el diseño final de la reforma puede definir si el régimen conserva su función compensatoria o si deja a usuarios y empresas frente a una carga difícil de absorber.
La discusión queda atada a un límite operativo concreto: cuánto margen real tienen familias, comercios e industrias para pagar más sin reducir consumo, actividad o empleo. En la Patagonia, donde las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses al año, el ahorro energético tiene un techo mucho más bajo que en otros puntos del país. Por eso, el desenlace de la reforma no solo se medirá en normas, sino en recibos, ventas y puestos de trabajo.
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