El sector privado fijará el precio de AySA en una licitación sin presupuesto mínimo estatal
Actualidad28/05/2026
REDACCIÓNEl Ministerio de Economía entregará el 90% de las acciones y el control operativo de la red de agua. Los grupos extranjeros tienen tiempo hasta agosto.
El Palacio de Hacienda resolvió transferir el control mayoritario de la principal prestadora de agua corriente de la región metropolitana sin establecer un piso económico de base. Las corporaciones multinacionales interesadas en el negocio deberán realizar sus propias tasaciones contables para competir por la adjudicación del 90% del paquete accionario de la compañía estatal. Esta modalidad de contratación deja la valuación final de la infraestructura de saneamiento desregulada y enteramente a merced de la puja financiera internacional.
Los consorcios empresariales tienen la oportunidad de descargar los pliegos de bases y condiciones generales a través de los canales digitales oficiales. El cronograma administrativo estipula que las ventanillas virtuales del sistema gubernamental permanecerán abiertas de forma ininterrumpida, fijando el límite de entrega para el 27 de agosto de 2026 a las 10 de la mañana. Los interesados en participar del proceso privatizador deberán apurar sus carpetas técnicas antes de que se produzca la apertura de los formularios electrónicos.
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El intercambio de observaciones y preguntas técnicas entre los oferentes privados y los funcionarios nacionales tendrá un filtro digital definitivo a mediados del próximo mes. El sistema web recibirá las dudas operativas exclusivamente hasta el 12 de agosto, inhabilitando cualquier vía de comunicación presencial o paralela fuera de la plataforma. Este blindaje informático busca centralizar la documentación del proceso para evitar impugnaciones cruzadas entre los grupos que aspiran a quedarse con el servicio.
La privatización de la firma se encuentra bajo la órbita directa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo que motoriza el desguace de los activos estatales. Las actuaciones de la licitación internacional quedaron registradas bajo el número de expediente EX-2026-45536584- -APN-UEETATEP#MEC, una pieza administrativa que sintetiza la estrategia oficial para achicar la estructura pública. La venta se estructuró como una compulsa de clase múltiple para garantizar el ingreso regulado de divisas provenientes de firmas del exterior.
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El traspaso accionario significará la pérdida definitiva de la tutela del Estado sobre el suministro domiciliario y las cloacas de millones de usuarios de la provincia y la Capital Federal. El oferente ganador se convertirá en un operador estratégico con el poder absoluto para modificar la junta de directores y redefinir los planes de mantenimiento vigentes. Las federaciones de trabajadores del sector y las asociaciones de consumidores vigilan con desconfianza este proceso por su inmediata incidencia sobre las tarifas.
La ausencia de un presupuesto oficial asignado en los edictos de la licitación número 0003/2026 obliga a los postulantes a demostrar una espalda financiera descomunal desde el primer día de preselección. El comité de evaluación del Ministerio de Economía ponderará la capacidad técnica y el perfil corporativo de los consorcios por encima de las promesas de inversión de corto plazo. Los grupos interesados deberán convalidar antecedentes en la gestión de redes de altísima complejidad para pasar el filtro de la preselección estatal.
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El acta oficial con los nombres de las corporaciones interesadas se confeccionará en tiempo real mediante un software de procesamiento seguro. La plataforma CONTRAT.AR ejecutará el descifrado de las propuestas de los oferentes de manera automática el mismo día de la clausura de la convocatoria. A partir de ese momento, los técnicos del gobierno nacional iniciarán un análisis pormenorizado de los balances contables presentados por cada competidor internacional.
Esta enajenación patrimonial responde de manera directa a la agenda macroeconómica global que ejecuta el Ministerio de Economía para desprenderse de servicios públicos esenciales. Los activos considerados privatizables por el Ejecutivo entran en una fase de liquidación forzosa para sanear las cuentas fiscales de la administración central. La sensibilidad social del recurso hídrico añade una presión extra sobre la conducción política, que busca acelerar los expedientes para evitar complicaciones judiciales.
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El desenlace de la compulsa internacional dejará un esquema de prestación sumamente dependiente de los niveles de inversión que resista el nuevo consorcio privado. Las obras de ampliación de redes y la calidad de los estándares del servicio quedarán sujetas a un contrato de concesión que se ejecutará bajo un marco regulatorio totalmente modificado. El mercado financiero aguarda el veredicto de agosto para mensurar el verdadero interés global por los activos de saneamiento en la Argentina.
Fuente: NA.
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