Empresas con más libertad legal: el Gobierno enviará una reforma al Congreso
Política29/05/2026
REDACCIÓNEl proyecto anunciado por Sturzenegger reduce controles registrales, da prioridad a los estatutos privados e incorpora trámites digitales para facilitar inversiones.
Las empresas podrían organizar sus negocios con menos intervención estatal si el Congreso aprueba la reforma de la Ley General de Sociedades que anunció el Gobierno nacional. La iniciativa busca cambiar reglas internas de funcionamiento, ampliar la autonomía de los socios y reducir controles administrativos sobre el sector privado. El proyecto fue anticipado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y desarrollado luego por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La propuesta apunta a modificar una normativa que, según el Gobierno, quedó desactualizada frente a las dinámicas económicas actuales. Sturzenegger sostuvo que el país necesita un marco societario más flexible para competir por inversiones. “Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el funcionario.
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El ministro vinculó el proyecto con el paquete de reformas que impulsa la gestión de Javier Milei. También recordó que la ley vigente proviene de una etapa institucional anterior y que su modificación estaba pendiente desde hace tiempo. “Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo”, señaló.
Uno de los cambios más relevantes será el lugar que ocuparán los estatutos de cada sociedad. El Gobierno propone que las normas de la ley funcionen de manera supletoria, es decir, que se apliquen cuando los socios no definan otra cosa. “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, explicó Sturzenegger.
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Ese punto modifica la relación entre regulación pública y acuerdos privados. Si la reforma se aprueba, las sociedades tendrán más margen para diseñar sus propias reglas internas. El Ejecutivo presenta ese criterio como una forma de reemplazar un esquema que considera excesivamente rígido por otro basado en la libertad contractual.
La iniciativa también limita el alcance de los registros públicos. Sturzenegger indicó que las restricciones estatales serán excepcionales y deberán interpretarse de manera restrictiva. “Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, agregó al describir el nuevo criterio que pretende aplicar el Gobierno.
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Otro cambio apunta al objeto social de las empresas. Las sociedades podrían declarar actividades amplias y plurales, sin necesidad de demostrar conexión directa entre cada una de ellas. Además, cuando el estatuto no especifique un objeto determinado, se entenderá que la empresa puede desarrollar cualquier actividad lícita.
El Gobierno sostiene que esa modificación reducirá trámites y evitará restricciones innecesarias para quienes quieran ampliar o modificar sus actividades comerciales. “Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, resumió Sturzenegger. La medida permitiría que las empresas no dependan de cambios permanentes en su documentación cada vez que incorporen una nueva línea de negocios.
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La reforma incorpora además la posibilidad de resolver conflictos societarios bajo derecho extranjero o derecho mercantil internacional. Las sociedades también podrán incluir cláusulas arbitrales dentro de sus estatutos para evitar procesos judiciales extensos. “También podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia”, planteó el ministro.
Sturzenegger comparó ese modelo con centros internacionales de negocios. Mencionó el caso de Dubái, donde las relaciones societarias pueden resolverse según la legislación elegida por los propios socios. Para el Gobierno, esa libertad contractual puede funcionar como una señal de previsibilidad para inversores externos.
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La digitalización completa de los trámites societarios será otro eje del proyecto. La propuesta incluye domicilio electrónico, libros digitales, registros digitales, asambleas a distancia, firma digital o electrónica para constituir sociedades y legajo digital público para cada empresa. “Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, concluyó Sturzenegger.
El proyecto deberá atravesar ahora el debate legislativo. La discusión definirá si el oficialismo logra convertir su agenda de desregulación empresarial en una reforma efectiva de la ley. Hasta entonces, el alcance real de los cambios quedará sujeto a la aprobación del Congreso y a la redacción final que surja del tratamiento parlamentario.
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