Condonan delitos penales a empresarios que blanqueen trabajadores informales
Actualidad01/06/2026
REDACCIÓNEl nuevo régimen de promoción del empleo reconoce los aportes jubilatorios de los empleados del sector privado y limpia el historial penal de las empresas.
Los empleados del sector privado que permanecían en la informalidad laboral lograrán computar ese tiempo trabajado para sus futuras jubilaciones y pensiones. El nuevo esquema de regularización reconoce formalmente los períodos no declarados como tiempo de servicio efectivo ante las cajas previsionales del país. Esta convalidación de aportes impactará de manera directa en la acreditación de requisitos para los retiros por invalidez y en las futuras liquidaciones de las prestaciones por desempleo.
Las empresas que decidan ingresar al programa oficial obtendrán de forma automática la extinción de las acciones penales por evasión de aportes preexistentes. La normativa beneficia exclusivamente a los empleadores que no cuenten con una sentencia firme dictada por los tribunales al momento de su adhesión voluntaria. El perdón legal incluye además la baja inmediata del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), eliminando el historial de infracciones acumuladas en los legajos corporativos.
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El Poder Ejecutivo nacional formalizó este mecanismo de blanqueo mediante la publicación del Decreto 409/2026 en el Boletín Oficial. La reglamentación establece las pautas operativas del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) para las "relaciones laborales del sector privado sin declarar o registradas de manera deficiente", sustentando su validez jurídica en las bases de la Ley de Modernización Laboral 27.802. El beneficio fiscal abarcará las obligaciones vencidas hasta el último día del mes en que cada contribuyente formalice la presentación de su solicitud de ingreso.
El impacto del aliciente económico para el sector patronal se calculará mediante una escala progresiva condicionada por el tamaño de la estructura productiva. Las unidades catalogadas como micro y pequeñas empresas, sumadas a las entidades sin fines de lucro, recibirán una quita del 90% sobre el total de sus pasivos previsionales acumulados. Por su parte, las firmas clasificadas como medianas en sus tramos 1 y 2 accederán a una condonación del 80%, mientras que el resto de los empleadores obtendrá una reducción fija del 70% sobre los conceptos declarados.
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Determinados componentes críticos de la seguridad social quedaron totalmente al margen de las deudas generales bajo un criterio de exención uniforme. El perdón gubernamental estipula una condonación del 100% para las obligaciones vencidas con el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Esta misma liberación absoluta de pasivos fiscales alcanzará a las deudas originadas en el Régimen de Riesgos del Trabajo y las primas del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
Las deudas vinculadas a la cobertura médica, las aseguradoras de riesgos del trabajo y los seguros de vida obligatorios representan conceptos que el Gobierno decidió liberar por completo. Esta decisión política busca allanar el camino administrativo para facilitar la transición acelerada hacia el empleo formal. De esta manera, el alivio fiscal absoluto sobre estos tres rubros específicos funciona como un incentivo directo para disolver los pasivos acumulados de las empresas remisas.
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La cancelación de los saldos remanentes que no resulten alcanzados por los perdones estatales dispondrá de dos alternativas financieras reguladas. Los contribuyentes que elijan la opción de pago al contado sumarán una reducción adicional del 50% sobre el capital y los intereses no condonados originalmente. El resto de las empresas podrá refinanciar sus pasivos remanentes a través de un plan de facilidades diseñado por las autoridades impositivas.
La estructura técnica y el control procedimental de la moratoria quedarán bajo la órbita operativa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta dependencia oficial asumirá la responsabilidad exclusiva de habilitar las plataformas digitales para recibir las solicitudes de adhesión y liquidar los planes de pago vigentes. En paralelo, el texto del decreto iniciará su trámite de revisión legislativa dentro de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación para asegurar su estatus institucional.
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Este andamiaje administrativo unifica en una sola ventanilla estatal tres dimensiones regulatorias que habitualmente se gestionaban por carriles separados. La nueva reglamentación amalgama la regularización de la deuda patronal, la quita de las sanciones laborales y el cómputo previsional del trabajador damnificado por la informalidad. El mecanismo busca que la formalización de los vínculos contractuales ordene el balance de las compañías y deje constancia previsional de los años trabajados.
La efectividad de esta reforma laboral masiva se medirá a largo plazo según la capacidad real del Estado para incentivar la registración genuina de personal. Las condonaciones disminuyen drásticamente el costo del blanqueo de pasivos, pero imponen la obligación de afrontar la porción no perdonada de la deuda preexistente. La consecuencia pendiente consistirá en verificar si el estímulo fiscal logra "sacar trabajadores de la informalidad" o si queda reducido a una simple "salida administrativa para empleadores que ya buscaban ordenar pasivos laborales".
Fuente: NA.
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