Facturas y registros comerciales comprometen el discurso oficial en la causa contra el entorno de Adorni
Policiales01/06/2026
REDACCIÓNLos comprobantes contables presentados en los tribunales confirman los desembolsos de tres empresas contratistas del Estado a la consultora de la esposa del jefe de Gabinete.
Los despachos de los tribunales federales acumulan documentación contable que contradice de forma directa las desmentidas emitidas desde la Jefatura de Gabinete de la Nación. El juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli ya cuentan con las constancias de transferencias y las facturas emitidas por firmas privadas que manejan contratos públicos hacia la estructura comercial de Bettina Angeletti, cónyuge del ministro coordinador. La incorporación de estos papeles liquida el argumento de la inexistencia de vínculos comerciales y obliga a la defensa a redefinir su estrategia procesal ante una eventual imputación penal.
Las sospechas de los investigadores apuntan a determinar si detrás de estas contrataciones de asesoramiento corporativo se esconden los presuntos delitos de cohecho o de negociaciones incompatibles con la función pública. El foco del expediente se posó sobre la marca +Be, un sello dedicado al coaching ontológico que, pese a no estar registrado formalmente como sociedad comercial, fue el canal utilizado para percibir montos millonarios de parte de empresas bajo la órbita de control estatal. Los pagos se liquidaron a nombre de Angeletti, quien patentó la denominación como propia para operar en el mercado de asesoramiento.
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Uno de los aportes más voluminosos de documentación provino del Grupo Datco, un conglomerado tecnológico que brinda servicios informáticos y de ciberseguridad a entidades oficiales como el Banco Central, la operadora ferroviaria SOFSE y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). La firma privada reconoció los contratos ante las autoridades judiciales y entregó los informes elaborados por la mujer del funcionario. La firma de la esposa de Adorni había cobrado con dos facturas distintas, emitidas por la empresa SILICA NETWORKS ARGENTINA SA, cada una de ellas por 2.015.900 pesos, completando una primera etapa de adiestramiento corporativo a fines del año 2024.
El intercambio de servicios entre la consultora y el proveedor tecnológico incluyó un segundo proceso de selección de personal que quedó trunco por decisión de la compañía compradora. Debido a esa rescisión anticipada de las tareas de búsqueda, +BE cobró apenas 1.806.000 pesos, el 30 por ciento del total acordado en el contrato original, dejando constancia del movimiento de fondos en los registros de la AFIP. Este flujo de dinero coincidió con el período de mayor ascenso político de Manuel Adorni dentro de la estructura de gobierno de la Casa Rosada.
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La segunda empresa que aportó sus balances de manera voluntaria a la causa judicial fue la compañía naviera National Shipping, cuyos asesores legales optaron por presentarse de forma espontánea ante el juzgado para desvincular a sus directivos de eventuales maniobras delictivas. Esta firma posee una histórica relación comercial como contratista de la petrolera estatal YPF, corporación en la cual el actual jefe de Gabinete posee un rol estratégico de control institucional. Manuel Adorni forma parte de su directorio desde el 30 de enero del 2026, una condición que incrementó la sensibilidad política del expediente.
Los desembolsos ejecutados por la empresa marítima a favor de la esposa del funcionario público se extendieron a lo largo de catorce meses bajo el concepto de capacitación de personal de mandos medios. Efectivamente se le pagó a la firma de Angeletti en septiembre del 2024, por una capacitación de personal, la cifra de 1.140.000 pesos, un sistema de transferencias que continuó durante el año siguiente. Los peritos de la fiscalía corroboraron que en julio del 2025, por el mismo trabajo, National Shipping abonó 2.430.000 pesos. Y en octubre del 2025 la factura a la firma de la esposa de Adorni fue por 2.800.000 pesos, consolidando un canal comercial continuo.
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El tercer eslabón del entramado de contrataciones privadas bajo la lupa de Lijo y Stornelli conecta directamente con la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei. El Grupo Foggia, una compañía fundada por Mara Gorini, actual mano derecha de la funcionaria clave de Balcarce 50, figura en la cartilla de clientes de la consultora de coaching de la familia Adorni. Esta firma de entretenimientos musicales logró avanzar hasta las instancias de adjudicación en la polémica licitación pública orientada a concesionar el predio estatal de Tecnópolis.
El proceso licitatorio para privatizar el parque temático de Villa Martelli se encuentra con resolución pendiente en las oficinas oficiales, luego de que el propio jefe de Gabinete se encargara de publicitar la apertura de las ofertas. La Justicia intenta determinar ahora a cuánto ascienden las facturas emitidas por la mujer del ministro a este grupo empresarial mientras su esposo controlaba la botonera del Estado nacional. El avance de esta línea investigativa coincide con los cuestionamientos opositores por el uso de aeronaves privadas para traslados personales de la comitiva oficial.
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Los peritajes sobre los ingresos de la consultora +Be comenzaron a cruzarse con los datos acumulados en la causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el matrimonio. Los sabuesos judiciales detectaron que la residencia de fin de semana adquirida en el country Indio Cua figura registralmente a nombre exclusivo de Bettina Angeletti. El juzgado ordenó verificar si las ganancias obtenidas mediante estas asesorías a contratistas del Estado justifican la capacidad económica para afrontar los desembolsos en efectivo realizados durante la operación inmobiliaria.
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