
Buscan prohibir la venta de golosinas en las líneas de caja de los supermercados
Actualidad02/06/2026
REDACCIÓNUna modificación de la ley de etiquetado busca frenar la compra por impulso y exige ubicar los productos con sellos negros lejos de las zonas de cobro.

El Congreso Nacional alberga una fuerte disputa política en torno a la regulación del consumo masivo y el rol del Estado en las grandes superficies comerciales. El bloque oficialista promueve la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, la cual instauró los octógonos negros en los envases. El diputado nacional Juan Carlos Molina busca el camino inverso mediante una iniciativa parlamentaria que amplía las restricciones de la norma vigente.
Los comercios minoristas dispondrán de un plazo de 90 días para reconfigurar sus salones de venta una vez que la normativa resulte reglamentada por el Poder Ejecutivo. El texto legal estipula que las golosinas, los chocolates y las bebidas con azúcares añadidos deberán ubicarse a una distancia mínima de tres metros respecto de las terminales de cobro. Las grandes cadenas que incumplan esta disposición quedarán sujetas al severo régimen de sanciones que ya prevé el marco regulatorio general.
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Los fundamentos de la propuesta legislativa se apoyan en las preocupantes estadísticas oficiales sobre el sobrepeso y la obesidad que afectan a menores y adultos en el país. La exposición sistemática a alimentos ultraprocesados consolida hábitos alimentarios perjudiciales desde la infancia y desplaza el consumo de productos frescos. La presencia de dulces en las zonas de espera añade una enorme presión sobre los adultos responsables, quienes ceden ante la insistencia infantil en pocos segundos.
Las estrategias de comercialización de las grandes superficies comerciales diseñan espacios específicos para capturar decisiones rápidas de los compradores atrapados en las filas lentas. La iniciativa legal cuestiona la neutralidad de estos puntos críticos de venta porque busca neutralizar los estímulos que fuerzan transacciones no planificadas. El autor del proyecto sostiene en sus fundamentos que "el emplazamiento de estos productos no es neutro: funciona como un estímulo directo al consumo impulsivo".
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El alcance del nuevo marco regulatorio afectará de forma directa a los supermercados, hipermercados y farmacias con autoservicio establecidos en todo el territorio nacional. Estos establecimientos perderán la posibilidad de realizar promociones, ofrecer muestras gratuitas o pautar acuerdos comerciales específicos en los mostradores principales. La reforma estructural busca alterar la arquitectura tradicional del comercio minorista para proteger la vulnerabilidad de los usuarios en el tramo de cierre de su compra.
La prohibición de exhibición afectará a una amplia gama de alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que posean uno o más sellos de advertencia en su etiqueta frontal. La restricción incluye de forma taxativa a los productos de confitería, chocolatines, preparaciones con cacao, baños de repostería y bebidas listas para consumir con cafeína o edulcorantes. La normativa toma la identificación visible de los octógonos actuales como el criterio técnico excluyente para retirar la mercadería de las áreas de pago.
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El debate legislativo descarta de plano una prohibición sobre la comercialización general de los dulces o las bebidas azucaradas dentro de los locales. Los clientes mantendrán la posibilidad de adquirir estos artículos siempre que se dirijan de forma voluntaria hacia las góndolas específicas asignadas. El diputado impulsor del cambio aclaró en sus fundamentos que no busca acotar la libertad de elección del consumidor, sino "ordenar el entorno de decisión" para reducir la adquisición de productos perjudiciales.
La escena cotidiana de familias enteras retenidas en las líneas de cajas constituye el principal objetivo de transformación que persigue el proyecto. Los carritos permanecen detenidos junto a exhibidores repletos de golosinas ubicadas a escasos centímetros de las manos de los niños. Esta disposición comercial deliberada busca la conversión rápida de un deseo inmediato en una venta efectiva antes de que el cliente finalice el pago de su mercadería básica.
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El avance definitivo de la reforma estructural dependerá exclusivamente del consenso entre las diferentes bancadas en las comisiones parlamentarias. Los bloques legislativos deberán definir si priorizan la adaptación operativa de las grandes superficies o si convalidan una nueva obligación de salud pública. La transformación de una regla sanitaria en una obligación operativa real para los comercios determinará el éxito o el fracaso de la propuesta en el corto plazo.
Fuente: NA.
















