La referente de la multisectorial expuso en #LA17 los fallos estructurales que garantizan la impunidad de los agresores. Vinculó el asesinato de Agostina con la inacción previa de las fiscalías ordinarias.
La persistencia de los índices de violencia extrema contra las mujeres puso al descubierto las severas deficiencias operativas que arrastran las agencias encargadas de administrar justicia en la región. Durante una entrevista de #LA17, durante el programa #Modo17, la integrante de la multisectorial de Trelew, Haydee Gómez Alcorta, lanzó duras críticas contra el desempeño de los magistrados del fuero penal. La dirigente vinculó de forma directa la proliferación de las agresiones letales con el amparo institucional y la desidia que exhiben los funcionarios que manejan las causas en los tribunales ordinarios.
El posicionamiento de la organización civil interpela directamente el comportamiento corporativo de los operadores de la justicia, a quienes acusan de convalidar las conductas de sometimiento mediante resoluciones laxas. "El poder central, por ejemplo el poder político, económico, el poder judicial, lo vimos con el caso del fiscal haciendo chistes por lo del asesinato de esta niña adolescente, los que dejan libres a los varones", denunció la activista frente a los micrófonos de la radio. La conducción de la multisectorial remarcó que las estructuras estatales operan de forma deficiente frente al desamparo que padecen las víctimas.
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Las falencias del engranaje judicial quedaron expuestas al revisarse los antecedentes del imputado por el crimen de la adolescente de 14 años ocurrido en las últimas jornadas. "Este señor asesino, el femicida de Agostina, ya había secuestrado a una mujer, con causa, exactamente, bueno, toda esa complicidad también está", pormenorizó la referente en el aire de #LA17. Para las organizaciones de la comarca, la existencia de expedientes penales previos sin condenas efectivas demuestra que el sistema preventivo estatal fracasa de manera sistemática en la protección de las infancias y las adolescencias vulneradas.
La escalada de violencia de las últimas semanas registra una frecuencia alarmante que desborda las previsiones estadísticas de los observatorios independientes del país. La activista enumeró los casos de Agostina, Dulce María en Misiones y Noelia en Temperley para demostrar que el fenómeno delictivo no remite a episodios aislados sino a un patrón generalizado. "La estadística en la Argentina es que nos asesinan a una cada 31 horas y no es una cuestión que tenga que ver solo con esta semana o con un caso aislado o un caso en particular, es la cultura general", mensuró Gómez Alcorta durante la transmisión.
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El diagnóstico de la multisectorial desmitifica que la resolución de la problemática dependa con exclusividad de las movilizaciones o las herramientas punitivas tradicionales dictadas desde Buenos Aires. El colectivo plantea la necesidad de involucrar activamente a la población masculina en el desarme de los hábitos cotidianos de dominación y maltrato. "No todos los varones son femicidas, pero sí todos los femicidas son varones, los varones tienen que ver eso y desde otro lugar intervenir para que eso no suceda, también denunciar, no ser cómplices, no palmear la espalda ni mirar para el costado", diferenció la entrevistada.
La conceptualización del delito de género descarta que las agresiones respondan a patologías individuales, situando la raíz de los ataques en la persistencia de discursos que validan la cosificación de las personas. El colectivo apuntó contra la circulación de mensajes en los medios de comunicación y las industrias culturales que reproducen la noción de posesión sobre los cuerpos de las mujeres. Según la postura de la multisectorial Vivas y Libres nos queremos, estas conductas simbólicas amparan los abusos que ocurren de forma mayoritaria en los entornos familiares íntimos.
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"El Ni Una Menos surgió en la Argentina hace 11 años, en buena hora que salimos, que nos manifestamos de cualquier manera, no solamente en las calles sino en lo cotidiano, en los ámbitos en los que nos desempeñamos", defendió la referente. La viabilidad del reclamo de la multisectorial dependerá de la capacidad de las agencias públicas para asimilar las demandas de reforma integral en los protocolos de recepción de denuncias en las comisarías del interior.
Las organizaciones sostendrán el estado de asamblea permanente para monitorear el avance de las causas penales que involucran a menores de edad en el territorio provincial. El límite operativo para detener la tasa de mortalidad civil radica en la erradicación definitiva de las conductas de encubrimiento social que minimizan las primeras señales de agresión física en los barrios.
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