En el juicio de Río Gallegos, los imputados se escudaron en la autonomía técnica que tenía la tripulación bajo el mar para desvincularse de las fallas mecánicas de la nave.
La estructura de toma de decisiones dentro de la Armada Argentina se transformó en el eje de discusión penal para determinar las responsabilidades por el hundimiento del submarino que costó la vida de sus 44 tripulantes. Los principales jefes militares procesados en la causa penal utilizaron sus ampliaciones de indagatoria para delimitar sus obligaciones jerárquicas frente a las alertas mecánicas previas que registró la unidad naval. Los imputados sostuvieron de manera uniforme que la seguridad inmediata de la embarcación dependía en forma exclusiva de los reportes emitidos por el jefe directo de la dotación en alta mar.
El ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, centró su estrategia de defensa en la imposibilidad fáctica de supervisar las maniobras de inmersión de manera remota desde las dependencias terrestres. El ex capitán de navío argumentó ante los magistrados que las determinaciones críticas sobre seguridad náutica corresponden de forma unívoca a la autoridad que se encuentra a cargo del buque durante la navegación. El oficial procesado procuró desligarse de las acusaciones de las querellas al pronunciar la frase: “Yo no puedo cuestionar desde la superficie lo que sucedía bajo el mar”.
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La argumentación técnica de la jefatura naval se amparó repetidamente en la validez jurídica del denominado principio de confianza profesional para justificar la falta de intervenciones exhaustivas ante los desperfectos reportados. Este criterio doctrinario establece que los mandos superiores deben convalidar los informes técnicos elevados por los oficiales subalternos designados en las áreas operativas. El ex jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento, Luis Enrique López Mazzeo, convalidó esta postura al afirmar ante el tribunal que “si dicen que está todo bien, tengo que creer que eso es así”.
La fiscalía y las querellas que representan a los familiares de las víctimas focalizaron sus interrogatorios en un preocupante antecedente de avería ocurrido en julio de 2017, meses antes de la última zarpada del navío. Los registros judiciales ventilaron un incidente severo de ingreso de agua durante una patrulla costera que encendió las alarmas operativas en la Base Naval de Mar del Plata. Claudio Villamide reconoció en el recinto que recibió el informe escrito a mediados de agosto, admitiendo textualmente: “Me llamó la atención lo que es la entrada de agua al sexto día de navegación”.
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El ex jefe de la Fuerza de Submarinos relató que convocó a su despacho al comandante del buque, Pedro Martín Fernández, para exigirle precisiones técnicas sobre el origen del desperfecto en los sistemas hidráulicos. Según la versión del imputado, el comandante fallecido le aseguró que el inconveniente ya se encontraba subsanado por los mecánicos de a bordo. El acusado justificó su inacción posterior apelando al conocimiento personal que mantenía con el oficial desde el año 1988, definiéndolo como un trabajador riguroso al que no correspondía condicionar en sus facultades operativas.
El debate penal ventiló además las dilaciones existentes en los cronogramas de mantenimiento profundo que requería la unidad de fabricación alemana para garantizar su navegabilidad. Luis Enrique López Mazzeo repasó las planillas técnicas y confirmó que en febrero de 2017 se completaron tareas menores de carenado sobre el casco exterior de la nave. Sin embargo, el contralmirante retirado admitió que el ingreso del ARA San Juan a dique seco recién estaba planificado para el año 2018, debido a que la embarcación ya acumulaba tres años consecutivos de operaciones sin someterse a dicha verificación estructural.
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Los representantes del Ministerio Público Fiscal, integrados por Julio Zárate, Lucas Colla, Gastón Pruzan y María Garmendía, cuestionaron la rigurosidad de las inspecciones cotidianas previas al inicio de la misión de patrullaje. Claudio Villamide defendió el desempeño del personal técnico de la base bonaerense al asegurar que su rutina de lunes a viernes incluía recorridas personales por el interior del casco. El procesado argumentó que los partes de alistamiento y las directivas internas reflejaban que los sistemas de emergencia se encontraban verificados según los protocolos reglamentarios de la fuerza.
La defensa del Alistamiento Naval incorporó al expediente judicial una serie de mensajes operativos emitidos de manera posterior a la pérdida de comunicación radial con el submarino. Luis Enrique López Mazzeo solicitó a los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto la exhibición de las órdenes de despliegue para demostrar que la institución movilizó los recursos de rescate de forma inmediata. El oficial retirado se apoyó en los documentos clasificados y ratificó ante los magistrados: “De acuerdo al SITREP, el submarino ARA San Juan estaba en condiciones para cumplir con la misión asignada”.
Las declaraciones de la audiencia número 28 del juicio oral ingresaron en un terreno de alta tensión emocional cuando los imputados abandonaron las justificaciones reglamentarias de la estructura militar. Claudio Villamide quebró su discurso técnico y, con visibles muestras de llanto, rechazó las imputaciones por negligencia criminal que sostienen las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias. El ex comandante cerró su exposición defendiendo el honor de la fuerza al asegurar: “No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales”.
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