La Legislatura de Chubut aprobó la restricciones de uso de celulares en las aulas
Política04/06/2026
REDACCIÓNLa ley aprobada por la Legislatura fija prohibiciones en inicial y primaria, limita el uso en secundaria, deja la aplicación en manos de Educación.
El celular dejará de formar parte de la rutina cotidiana dentro de las aulas chubutenses. La Legislatura aprobó este jueves una ley que regula el uso de teléfonos móviles en las escuelas de la provincia, con alcance sobre alumnos y docentes. La norma establece restricciones más fuertes en los primeros niveles educativos y deja una excepción acotada para actividades pedagógicas en secundaria y educación especial.
La medida no plantea una prohibición absoluta para todo el sistema educativo, pero cambia el criterio general de uso dentro de la escuela. En el nivel inicial y en el nivel primario, los teléfonos celulares no podrán utilizarse dentro del aula, tanto por estudiantes como por docentes. En secundaria y en educación especial, los dispositivos solo quedarán habilitados cuando el docente los incorpore como herramienta dentro de una actividad educativa.
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El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Juan Pais, de Arriba Chubut, y obtuvo acompañamiento de la mayor parte de los bloques legislativos. La única oposición fue de la bancada unipersonal de la Izquierda, que votó en contra durante el tratamiento de la iniciativa. La aprobación convirtió en ley una discusión que ya había llegado a la Legislatura años atrás, pero que no había logrado cerrar su trámite parlamentario.
La aplicación de la nueva normativa quedará en manos del Ministerio de Educación de Chubut, que tendrá un plazo de 30 días para reglamentarla. Ese paso definirá cómo se trasladará la decisión legislativa a la dinámica concreta de cada establecimiento. En el caso de las escuelas secundarias y especiales, cada aula deberá contar con un espacio específico para guardar los celulares cuando no se utilicen con fines educativos.
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La ley también fija una responsabilidad directa sobre el depósito y el retiro de los dispositivos. Cada estudiante deberá hacerse cargo de dejar su teléfono en el lugar previsto y retirarlo cuando corresponda. Ese esquema busca ordenar el uso cotidiano sin convertir a docentes o directivos en custodios permanentes de los aparatos.
Pais ya había presentado una iniciativa similar dos años atrás, pero ese proyecto perdió estado parlamentario porque no consiguió tratamiento. En esta oportunidad, la propuesta logró dictamen luego de un debate en comisión y llegó al recinto para su votación. El resultado mostró un consenso amplio sobre la necesidad de regular una práctica que atravesó la vida escolar con creciente intensidad.
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El diputado fundamentó la ley en los efectos del uso excesivo de celulares sobre el aprendizaje y la salud de niños y adolescentes. Para sostener su postura, citó advertencias de la Sociedad Argentina de Pediatría y del CONICET vinculadas con alteraciones del sueño, problemas visuales, obesidad, ansiedad y depresión. En ese marco, afirmó: “El uso de estos dispositivos móviles en los niños en las aulas atenta contra el aprendizaje, contra la atención y contra el desarrollo cognitivo, en consecuencia, contra la salud de nuestros niños.”
El argumento sanitario se combinó con datos sobre rendimiento académico y distracción durante las clases. De acuerdo con el texto debatido, un estudio nacional de 2022 ubicó a la Argentina con el mayor índice de distracción por uso de móviles durante la jornada escolar. Ese mismo relevamiento indicó que el 74% de los estudiantes evaluados no alcanzaba niveles básicos en matemáticas, un dato usado para justificar la necesidad de intervenir sobre el uso de pantallas en el aula.
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La norma chubutense también se presentó en sintonía con medidas aplicadas en otros países. Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Francia aparecen como referencias de restricciones al uso de celulares en escuelas y espacios extraescolares. Australia fue mencionada por una decisión más estricta, orientada a prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años con el objetivo de proteger la salud mental y física de los jóvenes.
Pais planteó que la regulación debe entenderse como una política educativa y sanitaria, no como una respuesta aislada. En el debate sostuvo: “si garantizamos un uso limitado de los dispositivos en los establecimientos educativos, vamos a retrasar o disminuir al menos todos estos perjuicios, que ya son evidentes, que ya se estudian, que en definitiva implican un deterioro de la salud de nuestra sociedad.” La etapa decisiva llegará con la reglamentación del Ministerio de Educación, porque allí se definirá cómo convivirán la restricción general, la excepción pedagógica y la organización diaria de cada escuela.
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