El intendente de Córdoba admitió ser "el máximo responsable" tras el crimen de Agostina
Policiales05/06/2026
REDACCIÓNDaniel Passerini forzó la salida de Ricardo Moreno tras constatar el ingreso de Claudio Barrelier a la planta local. Envían una ordenanza para exigir antecedentes penales cada seis meses.
La vinculación del principal sospechoso del asesinato de una adolescente con las estructuras de contratación de la capital cordobesa provocó la salida inmediata de uno de los armadores políticos de la gestión local. El jefe comunal forzó el desplazamiento definitivo del concejal Ricardo Moreno apenas se confirmaron las planillas de ingreso del imputado a las dependencias públicas. La remoción del dirigente intenta contener el costo institucional de una crisis que salpica de forma directa al Palacio 6 de Julio.
El desplazamiento del puntero político se concretó durante el fin de semana mediante una tensa comunicación directa donde se le notificó la quita del respaldo político oficial. El intendente Daniel Passerini detalló las instancias de esa conversación al reconstruir la trastienda de las decisiones tomadas puertas adentro de su despacho. “El domingo, cuando me entero de esta situación, le pedí que no continúe”, precisó el mandatario municipal respecto a la situación del legislador que actuó como el nexo para el desembarco del detenido Claudio Barrelier en las oficinas de la comuna.
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La caída del concejal actuó como un detonante que liberó un aluvión de reportes vecinales sobre la presunta existencia de otros agentes municipales con frondosos antecedentes penales en funciones operativas. El propio jefe comunal reconoció que su línea de comunicación directa colapsó con advertencias explícitas sobre delegados gremiales y trabajadores que prestan servicios a pesar de registrar condenas firmes en la justicia ordinaria. “Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que está con una condena y está trabajando. A todas las denuncias lo que hago es pedir los datos”, admitió el intendente cordobés.
El escándalo administrativo derivó en el envío urgente de un severo proyecto de ordenanza a las comisiones del Concejo Deliberante para modificar de raíz los requisitos de permanencia en el Estado local. La normativa estipula la obligatoriedad de someter a la totalidad de los empleados de la planta permanente y contratados a exámenes de narcotest aleatorios y revisiones periódicas de reincidencia penal. “Mandamos un proyecto de ordenanza para que el certificado de antecedentes se presente cada 6 meses y no cada 4 años. Y todos deberán hacerse el narcotest”, aclaró Daniel Passerini en declaraciones a la prensa.
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Esta reforma de los filtros de ingreso representa un drástico endurecimiento de los plazos burocráticos que las distintas áreas del municipio aplicaban de manera laxa para los nombramientos de personal. La extensión de los análisis toxicológicos y las planillas de buena conducta alcanzará de modo generalizado tanto a las jefaturas políticas como a los operarios de las cuadrillas de servicios urbanos. La intendencia busca reinstalar mecanismos de control interno severos para detectar irregularidades antes de que los nombramientos adquieran estabilidad laboral definitiva.
La máxima autoridad del Ejecutivo cordobés ensayó una autocrítica inusual para los manuales tradicionales de la comunicación política al asumir la culpabilidad directa por las fallas operativas de sus segundas líneas de mando. El mandatario provincial evitó desviar las responsabilidades hacia los mandos medios de la Dirección de Recursos Humanos durante una entrevista televisiva con el canal El Doce. “Hay que reconocer que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sentenció el intendente ante las cámaras.
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La trágica muerte de la adolescente Agostina Vega destapó una trama de favores políticos y falta de actualización documental que daña de forma severa la credibilidad de las instituciones vecinales. La municipalidad enfrenta el desafío de purgar sus listados de personal mientras la fiscalía penal avanza con las pericias forenses para esclarecer las mecánicas del asesinato por fuera de las fronteras del palacio municipal. Daniel Passerini reconoció el impacto emocional que sufre la comunidad cordobesa al señalar que “desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad”.
La crisis de las contrataciones expone la vulnerabilidad de un sistema de filters estatales que permitía la continuidad de agentes sin una revisión sistemática de sus conductas fuera del horario laboral. Los ciudadanos demandan precisiones sobre los criterios de selección que aplican los punteros políticos de los diferentes partidos para distribuir los cargos en las delegaciones barriales. El debate público desborda la redacción de la nueva ordenanza de emergencia para instalar una profunda sospecha sobre la transparencia de la burocracia de la capital.
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La efectividad de las auditorías semestrales y los testeos químicos obligatorios ingresará en una fase de aplicación compleja debido a las lógicas inercias de las estructuras gremiales del municipio. Las autoridades deberán demostrar que los nuevos certificados de antecedentes penales se procesan de forma transparente y sin excepciones de carácter partidario en ninguna de las delegaciones. El futuro del Palacio 6 de Julio y la reconstrucción de la confianza de los contribuyentes dependerán de la profundidad real de una purga interna que nació de la peor manera posible.
Fuente: NA.
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