Una minera traerá desde China una ciudad completa y estalla la pelea por miles de empleos argentinos

La construcción de una ciudad modular para miles de trabajadores mineros en San Juan abrió una fuerte disputa entre sectores industriales argentinos y las empresas responsables de uno de los proyectos de cobre más ambiciosos del país. La controversia gira alrededor de una pregunta que empieza a repetirse entre empresarios y proveedores: cuánto empleo local generan realmente las grandes inversiones cuando buena parte de la infraestructura llega terminada desde el exterior.

El conflicto surgió tras la adjudicación del campamento Batidero, una gigantesca base operativa destinada a alojar a los trabajadores del proyecto Vicuña. El contrato quedó en manos de un consorcio encabezado por la estatal PowerChina junto a Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A., que instalarán módulos prefabricados fabricados íntegramente en China.

La infraestructura no tiene antecedentes en la minería argentina por su escala. En una primera etapa contará con 2.500 camas, aunque el sistema de rotación de personal elevará la ocupación a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del emprendimiento, el complejo podría ampliarse hasta alcanzar 6.000 plazas para atender una demanda laboral que llegaría a los 12.000 trabajadores.

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Los módulos llegarán prácticamente terminados. Se trata de estructuras metálicas prefabricadas, equipadas con mobiliario y electrodomésticos, que serán ensambladas en plena cordillera sanjuanina. La rapidez de instalación fue uno de los factores centrales que inclinó la balanza a favor de la propuesta asiática.

Sin embargo, el resultado provocó una inmediata reacción de fabricantes argentinos. La Cámara Argentina de la Construcción Modular sostiene que la diferencia económica entre ambas ofertas no justifica el impacto sobre la producción nacional. El consorcio chino presentó una propuesta de 52 millones de dólares, mientras que la empresa argentina Modular Homes ofertó 70 millones.

Para Juan Pablo Rudoni, presidente de la entidad empresaria, la discusión trasciende el precio final de la obra. El dirigente remarcó que la diferencia representa una porción mínima frente a los 18.000 millones de dólares previstos para todo el desarrollo minero. Desde su mirada, la decisión priorizó un ahorro reducido en relación con el efecto que tendría la fabricación local sobre el empleo y la actividad industrial.

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Según las estimaciones del sector, la construcción de los módulos en Argentina habría generado alrededor de 400 puestos de trabajo directos. En contraste, la importación del complejo demandará unas 50 personas vinculadas al montaje y la logística una vez que los componentes lleguen al país. También quedarán fuera decenas de proveedores de acero, cerramientos y equipamiento que podrían haber participado de la cadena productiva.

Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta a las condiciones de competencia. Los empresarios sostienen que las compañías extranjeras llegan con ventajas difíciles de igualar gracias a subsidios en sus países de origen y beneficios fiscales contemplados en la legislación minera argentina. "Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica", afirmó Rudoni.

El debate también expuso una discusión más amplia sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las exenciones previstas para proyectos estratégicos. Mientras el Gobierno impulsa estas herramientas para atraer capitales y acelerar inversiones, sectores industriales advierten que algunos emprendimientos terminan importando bienes que podrían fabricarse localmente.

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Los defensores de la industria nacional sostienen que existe capacidad instalada suficiente para responder a este tipo de demandas. Recuerdan que durante la pandemia empresas argentinas construyeron hospitales modulares en pocas semanas y que actualmente existen más de cien compañías especializadas en este segmento. También destacan experiencias recientes en minería y energía que demostraron la posibilidad de ejecutar proyectos de gran escala sin depender de infraestructura importada.

Detrás de la polémica aparece además el proyecto minero más importante de la historia argentina. Impulsado por Lundin Mining y BHP, Vicuña prevé inversiones por 18.000 millones de dólares hasta 2040 y aspira a transformar al país en uno de los principales productores mundiales de cobre. Precisamente por esa magnitud, los empresarios reclaman que una parte significativa de los beneficios económicos permanezca dentro de la cadena productiva nacional.

Mientras avanzan los preparativos para instalar la ciudad modular en la cordillera sanjuanina, las cámaras empresarias buscan abrir una mesa de diálogo con las compañías mineras. El objetivo es discutir mecanismos que permitan una participación más amplia de proveedores argentinos en futuras etapas del proyecto y evitar que inversiones récord terminen generando menos empleo local del esperado.