Cien femicidios en el año desataron una feroz batalla política por los fondos del Estado en Diputados

Política11/06/2026

Los bloques opositores aislaron a La Libertad Avanza y firmaron un despacho de mayoría para forzar financiamiento, pero el oficialismo denuncia oportunismo.

El debate por la violencia de género en el Congreso mutó en una abierta disputa ideológica sobre el destino del dinero público y el tamaño de la estructura estatal. La oposición unificó criterios legislativos para arrinconar al oficialismo mediante un proyecto que exige recursos inmediatos, mientras las bancadas gubernamentales denuncian maniobras políticas. El choque de visiones bloquea la posibilidad de un consenso unánime en un parlamento fragmentado que discute cómo frenar las muertes en todo el país.

La comisión de Mujeres y Diversidad, que lidera la diputada peronista Gabriela Estévez, se convirtió en el escenario donde se expusieron las estadísticas más negras de la administración pública. Los legisladores opositores apuraron un dictamen de mayoría respaldado por 16 firmas para declarar una emergencia social nacional que se extendería por un plazo inicial de dos años. Esta arremetida parlamentaria se respaldó en indicadores que exponen un panorama brutal, con registros que marcan entre 95 y 105 víctimas fatales y unas 125 tentativas de femicidio en el transcurso de 2026.

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Las cifras del año en curso muestran que el peligro para las víctimas se concentra principalmente puertas adentro, lejos de la vía pública. El santafesino Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, apuntó de manera directa contra la inacción de las dependencias oficiales y el desmantelamiento de las áreas asistenciales. El legislador denunció un cuadro de “desfinanciamiento” y “negacionismo” por parte del Poder Ejecutivo, al tiempo que detalló que el 46% de las agresiones ocurre en la intimidad de los hogares y exigió que “el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios, por supuesto en concurso con las provincias”.

El mapa de la violencia muestra asimetrías geográficas severas que exigen, según las bancadas opositoras, una distribución inteligente de los fondos federales. La legisladora Nancy Sand recordó que en 2024 el país registró 147 femicidios antes de pasar a la cruda realidad de las provincias de Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy, que lideraron las tasas de homicidios por habitante durante 2025. En ese último ciclo anual, las estadísticas consolidadas oscilaron entre 200 y 271 muertes, con una alarmante concentración de agresores dentro del entorno íntimo de las víctimas.

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La representante correntina usó su tiempo en el micrófono para referirse a la necesidad “urgente y triste de pedir que nos dejen de matar” ante el aumento sostenido de la criminalidad. Sand calificó la citación de las comisiones como un paso obligatorio frente a la realidad cotidiana y advirtió que las normativas quedan vacías si no hay “decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos” en el presupuesto. La diputada sumó dramatismo al debate legislativo al manifestar textualmente: “Me resisto a resignarme y naturalizar todos los días, y año tras año, que se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades”.

El cuestionamiento hacia las estructuras de control social se extendió también hacia los tribunales provinciales y los ministerios de seguridad locales. Esteban Paulón argumentó que las falencias normativas se complementan con un sesgo machista que domina las oficinas de los encargados de proteger a los denunciantes. El diputado santafesino sentenció que “en las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas”, criticó el “incumplimiento total de la Ley Micaela” y completó su idea al señalar que “la sociedad por sí sola no cambia”.

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El trágico desenlace de Agostina en la provincia de Córdoba actuó como el catalizador definitivo que obligó a los presidentes de bloque a acelerar las reuniones de comisión. La gravedad de ese episodio forzó discusiones que los despachos parlamentarios postergaban debido a desacuerdos presupuestarios de fondo. La oposición sostiene que las normativas actuales carecen de impacto real si el Ministerio de Economía bloquea los giros monetarios para las campañas de prevención.

La izquierda otorgó sus firmas para garantizar el triunfo del despacho mayoritario pero sembró reparos claros respecto de la verdadera aplicación de las partidas presupuestarias. La dirigente Myriam Bregman insistió en que las declaraciones de emergencia resultan inútiles si los ministerios reorientan los fondos hacia el pago de obligaciones financieras externas. Por el contrario, la salteña María Gabriela Flores alzó la voz por La Libertad Avanza y criticó con dureza los textos presentados por considerarlos parte de un “objetivo efectista y oportunista”.

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La legisladora oficialista rechazó el aislamiento político que sufrió su espacio durante la votación y reclamó la falta de consultas previas por parte de las autoridades de la comisión. Flores defendió la postura del partido gobernante y descalificó los resultados de las políticas aplicadas por las administraciones anteriores en la materia. La diputada libertaria fijó la posición oficial de su bancada al aseverar: “Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios”.

El destino final de la ley de emergencia se resolverá en el recinto principal de la Cámara de Diputados durante las próximas sesiones ordinarias. Las comisiones técnicas cumplieron su cometido al emitir los despachos contrapuestos, pero la verdadera paridad de fuerzas se medirá cuando los bloques deban conseguir el quórum necesario. La falta de partidas de dinero garantizadas por el Ejecutivo proyecta un cono de sombra sobre la aplicabilidad real de las medidas de protección aprobadas en los papeles.

Fuente: NA.