La Justicia confirmó la condena contra un policía de Esquel por extorsión

Policiales11/06/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Cámara en lo Penal ratificó seis años de prisión para Juan Emilio Llaipén por amenazar a un preso y forzar la firma de un formulario 08.

Confirmaron la condena a policía por extorsión
Confirmaron la condena a policía por extorsión

Un detenido bajo custodia policial fue amenazado dentro de una comisaría de Esquel para firmar la transferencia de una camioneta Toyota Hilux. La maniobra, probada en la causa judicial, terminó con la confirmación de una condena de seis años de prisión contra el oficial subinspector Juan Emilio Llaipén. La Cámara en lo Penal de Esquel ratificó la sentencia por el delito de extorsión y rechazó los planteos de la defensa.

El caso tuvo como escenario la Comisaría Distrito Primera de Esquel, el 30 de mayo de 2024. Allí se encontraba alojado Nicolás Maximiliano Esteban, quien cumplía prisión preventiva. Según la reconstrucción de la Fiscalía, Llaipén ingresó al sector de calabozos y utilizó su posición funcional para intimidar al detenido.


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La presión tuvo un objetivo concreto: lograr que la víctima firmara un formulario “08” para transferir una camioneta Toyota Hilux. El vehículo quedaría a favor de un tercero identificado como Luciano Miguel. La Justicia consideró que el policía actuó desde una situación de poder frente a una persona privada de su libertad.

La amenaza directa quedó incorporada al expediente como una de las pruebas centrales del caso. Según la causa, Llaipén le dijo al detenido: “Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1”. Esa frase fue valorada como parte de la intimidación usada para obtener la firma.


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El tribunal aplicó un estándar reforzado por tratarse de un delito cometido en un contexto de encierro. En ese marco, el testimonio de la víctima tuvo un peso relevante y fue contrastado con otros elementos probatorios. La Cámara entendió que no se trató de una versión aislada, sino de un relato respaldado por registros, comunicaciones y movimientos de dinero.

Las cámaras de seguridad de la comisaría captaron el momento en que Llaipén exhibió su arma reglamentaria ante el detenido. Ese registro fílmico fortaleció la hipótesis de intimidación en el interior del sector de calabozos. Para la Justicia, la escena resultó compatible con el mecanismo de presión denunciado por la víctima.


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La causa también incorporó chats entre el oficial condenado y Luciano Miguel. Según el expediente, ambos coordinaban la maniobra y celebraban la obtención de la firma. En esas comunicaciones, Llaipén incluso llegó a sugerir que se amenazara a los padres de la víctima para asegurar su cooperación.

Otro elemento considerado por el tribunal fue la transferencia de $500.000 realizada desde Miguel hacia la cuenta de Mercado Pago del policía. La Justicia interpretó ese pago como una retribución económica por su intervención en la maniobra. Ese dato reforzó la existencia de un fin de lucro detrás del accionar del funcionario policial.


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La escribana que intervino en el trámite también declaró durante el proceso. Según su testimonio, fue el propio Llaipén quien le impidió hablar con el detenido. Además, señaló que la víctima mostraba una evidente falta de comprensión sobre el acto que estaba realizando.

La Cámara en lo Penal sostuvo que el dolo del policía quedó probado por su conducta clandestina y por el beneficio económico asociado al hecho. También consideró proporcional la pena de seis años de prisión, con accesorias legales y costas. La condición de funcionario público fue tomada como un agravante de peso, porque su tarea era proteger derechos y no vulnerarlos dentro de una dependencia policial.

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