"El Consejo de la Magistratura no sirve para nada, parece que esto es una joda", dijo Báez sobre la jueza del caso Mai Bustos
Chubut13/06/2026
REDACCIÓNEn una entrevista con #LA17, el exministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Daniel Báez, defendió el sumario que inició contra María Suárez y advirtió sobre el daño institucional del fallo.
La anulación de la destitución de la jueza María Suárez reabrió una grieta profunda en la estructura del Poder Judicial de la provincia y generó un inmediato impacto en la opinión pública. La decisión del Superior Tribunal de Justicia de retrotraer el proceso bajo el argumento técnico de que se afectó la garantía de imparcialidad reactivó las alarmas sobre los criterios de control corporativo. La determinación judicial devuelve provisoriamente sus funciones a una magistrada que había sido apartada tras un extenso proceso de jury, dejando en suspenso la resolución de fondo de las conductas ventiladas.
El exministro de la corte provincial, Daniel Báez, quien lideró el jury que culminó en el apartamiento de Suárez, rompió el silencio en los micrófonos de #LA17 para manifestar su total disconformidad con el criterio de los revisores. El exmagistrado se mostró visiblemente conmovido por la decisión del cuerpo técnico integrado por dos ministros y tres camaristas que revisaron las actuaciones institucionales. Al evaluar el argumento de que su intervención inicial vició el proceso por falta de neutralidad, Báez sostuvo ante la radio: "Supuestamente se anula porque se violó la garantía de imparcialidad, y eso motivaría la nulidad del juicio".
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La controversia se focaliza en las competencias de superintendencia que posee la cúpula judicial para controlar las faltas administrativas y las inconductas de los jueces inferiores durante los períodos de receso. El exintegrante del Superior Tribunal recordó que las actuaciones administrativas iniciales respondieron a canales estrictamente legales y operativos tras un reporte de las fuerzas de seguridad en el año 2021. Al defender la legalidad de los pasos que firmó junto a su par de feria, Báez enfatizó en #LA17 que "hacer una resolución de superintendencia donde designamos una sumariante para que investigue posibles irregularidades eso es prejuzgar".
Las anomalías que originaron el sumario administrativo remiten a la conducta desplegada por Suárez al presentarse en una dependencia policial para entrevistarse de manera privada con un interno de alta peligrosidad. La comisión acusadora había acreditado que la funcionaria judicial abandonó su jurisdicción específica simulando un cuadro de salud mientras se encontraba en pleno turno de su juzgado. El encuentro en los calabozos se produjo con el detenido "Mai" Bustos, quien enfrentaba una condena inminente por el homicidio violento de un integrante de la familia Robert, un hecho criminal que conmovió profundamente a los habitantes de la región.
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El derrotero institucional del expediente administrativo sumó la intervención de la camarista Flavia Trincheri, designada formalmente como sumariante para recopilar las primeras pruebas y testimonios del incidente en la comisaría. El dictamen acusatorio fue girado posteriormente al pleno del Superior Tribunal de Justicia que presidía la doctora Camila Banfi, desde donde se ordenó la remisión inmediata de todo lo actuado hacia el Consejo de la Magistratura. La complejidad del proceso requirió la conformación de una comisión especial encargada de recolectar las evidencias que luego sustentaron la elevación formal hacia el Tribunal de Enjuiciamiento.
La destitución original de la magistrada se había resuelto mediante una votación ajustada que expuso las disidencias de criterios en el seno del jurado de enjuiciamiento. El veredicto condenatorio de tres a dos contó con el respaldo explícito del propio Báez, el doctor Miguel Barreto y la diputada Williams, frente a la oposición de dos legisladores. La sentencia que ahora quedó desactivada por el tribunal de alzada consideraba incompatible la permanencia de Suárez en el cargo frente a las transgresiones de decoro y prudencia inherentes a la función judicial.
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La desarticulación de un proceso que demandó años de tramitación burocrática reavivó los cuestionamientos políticos sobre la eficacia real del Consejo de la Magistratura como órgano de control independiente. La invalidación formal de las pruebas producidas por la comisión acusadora instala una fuerte contradicción sobre el rol de los consejeros que intervinieron en la sustanciación de la denuncia. En su descargo radial con #LA17, el exjuez replicó con dureza el escenario actual afirmando que "el Consejo de la Magistratura no sirve para nada" si las resoluciones posteriores borran lo investigado de manera definitiva.
La incertidumbre procesal se traslada ahora a la posibilidad efectiva de que el Estado provincial impulse un nuevo enjuiciamiento contra la magistrada por las mismas causales. La falta de definiciones sobre el fondo del asunto alimenta la desconfianza ciudadana respecto al funcionamiento de los tribunales de control de conducta. Al analizar la reacción social frente a las nulidades que benefician a miembros del propio estamento judicial, Báez fue taxativo al describir el humor generalizado: "El mensaje es hacia la ciudadanía. Parece ser que esto es una joda".
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El futuro de la causa penal y administrativa ingresa en un cono de sombras debido a los plazos y las prescripciones técnicas que podrían favorecer la impunidad definitiva de la imputada. La parálisis de los tribunales ordinarios para resolver si existió delito en la conducta de la jueza agrava la tensión institucional en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. La reincorporación formal de Suárez a su estructura original deja un precedente complejo sobre los límites de la superintendencia y las garantías de juzgamiento para los propios magistrados.
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