Mientras el PAMI niega deudas, clínicas suspenden turnos y cirugías para jubilados

Actualidad18/06/2026

El Gobierno nacional salió a rechazar las denuncias de los prestadores de salud que atienden afiliados del PAMI y aseguró que no mantiene deudas acumuladas con clínicas y sanatorios. Sin embargo, la respuesta oficial llegó en medio de un escenario de creciente tensión, con instituciones que ya comenzaron a restringir prestaciones y advierten que los recursos actuales no alcanzan para sostener el sistema.

pami pagos — Más controversia con el PAMI.

Desde la Casa Rosada sostienen que el organismo que conduce Esteban Leguízamo cumple con el cronograma de pagos previsto y que los compromisos pendientes corresponden únicamente a gastos corrientes. La explicación oficial busca contrarrestar las advertencias lanzadas por las cámaras del sector, que denuncian dificultades financieras cada vez más profundas.

El conflicto pone nuevamente bajo la lupa la situación económica del PAMI, uno de los principales financiadores del sistema sanitario argentino. Aunque el organismo asegura que los pagos se realizan en tiempo y forma, las entidades prestadoras sostienen que los montos que reciben resultan insuficientes para cubrir el aumento de costos, adquirir insumos médicos y afrontar obligaciones salariales.

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La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) dio un paso más en esa disputa y anunció la suspensión de nuevos turnos para consultorios externos en distintas especialidades. La medida impacta directamente sobre los afiliados y constituye una de las señales más visibles del deterioro de la relación entre el organismo y los prestadores.

Desde el sector privado sostienen que el problema no se limita únicamente a los plazos de pago. También cuestionan el atraso de los aranceles que perciben por las prestaciones brindadas a jubilados y pensionados. Según afirman, la actualización aplicada por el PAMI quedó muy por debajo de la evolución de los costos que enfrenta el sistema sanitario.

Frente a esos reclamos, el Gobierno confirmó incrementos del 1,9% para junio y otro porcentaje similar para julio. Sin embargo, en el propio oficialismo reconocen que existe un escenario de "estrés presupuestario" y anticiparon nuevas conversaciones con los prestadores para analizar alternativas de financiamiento.

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La situación genera preocupación porque el conflicto ya comenzó a trasladarse a la atención médica. CAPRESS advirtió que las instituciones sólo podrán garantizar el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes y anunció la suspensión por tiempo indeterminado de cirugías y procedimientos programados que no sean de urgencia.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales”, señalaron desde la entidad al justificar las medidas adoptadas.

Las diferencias entre ambas versiones exponen un problema de fondo. Mientras el PAMI insiste en que no existen deudas vencidas, los prestadores sostienen que la falta de actualización de los valores termina produciendo el mismo efecto: una creciente dificultad para sostener la atención. En los hechos, la discusión ya dejó de ser administrativa y comenzó a impactar sobre los servicios que reciben millones de jubilados.

El conflicto vuelve a plantear interrogantes sobre la capacidad financiera del sistema para garantizar prestaciones de calidad en un contexto de ajuste presupuestario. Y aunque el Gobierno rechaza la existencia de atrasos significativos, las restricciones anunciadas por clínicas y sanatorios muestran que la tensión entre el PAMI y los prestadores está lejos de resolverse.