El fiscal Facundo Oribones rechazó el pedido de la defensa para enviar el expediente a Buenos Aires. Sostiene que las lesiones craneales corresponden a golpes internos.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia bloqueó un intento de la defensa técnica para trasladar las pericias médicas del caso hacia los laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires. La representación del Estado se opuso de forma tajante a habilitar la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta etapa de la instrucción penal. La conducción de la pesquisa argumenta que la incorporación de ese nuevo eslabón burocrático acarrearía una paralización de los plazos legales que perjudicaría el avance normal del expediente en los tribunales locales.
Las dilaciones operativas estimadas por los investigadores fundamentan la resistencia a delegar los análisis científicos fuera de la jurisdicción de la provincia de Chubut. El envío de las muestras y las actas al máximo tribunal del país demandaría un período de espera extra de aproximadamente diez meses para obtener resultados definitivos. El fiscal del caso, Facundo Oribones, justificó la estrategia de rechazo al manifestar que "no existen tales contradicciones, lo que proponemos es que eventualmente en un juicio oral se puedan interrogar a los médicos intervinientes" en el estrado.
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La controversia procesal gira en torno a las causales científicas que provocaron las infiltraciones hemáticas detectadas en el cuero cabelludo del fallecido, Ángel López. Las abogadas defensoras, las doctoras Vera y Varas, sostienen la teoría de que esas marcas de sangre pudieron originarse de forma accidental por la colocación de los sensores metálicos de un electroencefalograma durante los días de internación clínica de la víctima. Esta postura busca sembrar dudas sobre las responsabilidades materiales de los imputados en la producción de los traumas físicos que derivaron en el deceso.
La posición de los acusadores se respalda en las conclusiones unánimes que firmó la Junta Médica del Superior Tribunal de Justicia, una comisión técnica integrada por las doctoras Bébolo, Dalí y el doctor Marimán. El reporte del cuerpo forense provincial determinó de manera taxativa que las lesiones halladas en la cabeza del paciente no guardan correspondencia con los elementos de succión utilizados en las prácticas neurológicas de los centros médicos. Los peritajes del máximo tribunal de la provincia equipararon el nivel de presión detectado en la piel con el daño mecánico que ejerce un material del tipo velcro.
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La hipótesis incriminatoria que sostiene la fiscalía contra los ciudadanos Mariela Altamirano y Michel González vincula de manera directa los hallazgos de la autopsia con una agresión física deliberada. Las pericias oficiales confirmaron la presencia de roturas y daños óseos en la zona del cráneo que resultan clínicamente incompatibles con las maniobras de asistencia médica recibidas en el hospital. Al evaluar las nomenclaturas científicas del informe médico, el funcionario del Ministerio Público aseveró que "desde la Fiscalía entendemos que no hay ningún tipo de discrepancia" en los resultados de la autopsia.
Las calificaciones médicas que constan en las fojas de la investigación describen una serie de traumatismos internos severos que se corresponden con la aplicación de impactos contundentes contra el cuerpo de la víctima. El fiscal del caso reconoció la complejidad del vocabulario empleado por los peritos al referirse a las marcas hemáticas, pero aclaró de forma directa ante los medios de comunicación que se trata de lesiones compatibles con golpes internos. Los investigadores criminales planifican el sostenimiento de esta teoría criminalística para la etapa de debate abierto ante un tribunal de juicio.
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La recolección de elementos probatorios de cargo continuará sumando aportes informativos provenientes de los entornos cotidianos donde se desenvolvía el damnificado antes de su fallecimiento. Las oficinas judiciales agendaron para las próximas semanas las declaraciones testimoniales de las dotaciones de docentes que mantenían contacto regular con el menor, además de citar a vecinos del barrio y al personal de enfermería de turno. Toda la información recopilada en estas entrevistas formará parte del legajo técnico que acompañará el pedido de elevación a juicio de la causa penal.
Las autoridades judiciales ratificaron que el encuadre legal de los hechos y la atribución de responsabilidades de los sospechosos no experimentaron modificaciones desde la apertura de la investigación preliminar. El Ministerio Público insiste en que las pruebas incorporadas en las últimas jornadas consolidan la acusación original sin que existan evidencias científicas capaces de desacreditar la autoría material de los detenidos. La fiscalía descarta de plano que las maniobras hospitalarias de los profesionales de la salud hayan interferido en el desenlace fatal bajo estudio.
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